El descontrol era tan profundo que aún hoy no se sabe cuándo se robaron 43 fusiles FAL del Batallón N° 603 de Fray Luis Beltrán, a 15 kilómetros de Rosario. La causa se inició hace 14 años, porque en Brasil y en Paraguay empezaron a aparecer en enfrentamientos con narcotraficantes fusiles que tenían el escudo argentino y la marca Fabricaciones Militares.
El juez federal Marcelo Bailaque, que estuvo al frente de la causa, un magistrado que está acusado de tres causas por corrupción y por favorecer a los narcos de Rosario y se prevé que será suspendido por el Consejo de la Magistratura el próximo 17 de junio, procesó recién la semana pasada a siete militares, acusados del robo de este armamento, luego de que el fiscal federal Javier Arzubi Calvo desempolvara este caso emblemático que había quedado perdido en los estantes del juzgado federal N°4. Se sospecha que con las 2500 partes de FAL que también se robaron se podrían haber ensamblado unos 400.
En el Batallón N°603 se repite el robo de armas y de municiones, como si fuera una situación sistemática. El 20 de febrero de 2015 se reveló la sustracción de 19.600 proyectiles calibre 9 mm y calibre 32, algo que terminó en la apertura de una causa judicial contra militares de esa dependencia y el cierre del Batallón N°603, una orden que dio el entonces ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi. En 2022, el batallón se reabrió como una planta de recuperación y modernización de vehículos.
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Bailaque procesó la semana pasada a siete militares por el robo de 43 fusiles FAL del Batallón N° 603 de Fray Luis Beltrán, en 2011.
La División de Asuntos Internacionales de Interpol avisó a la Justicia Federal de Rosario el 10 de mayo de 2011 que –según información de la Embajada de Brasil en Argentina- el 11 febrero de ese año en Aracatuba, San Pablo, la Policía Federal de ese país secuestró un fusil FAL que tenía la particularidad de que varias partes del arma poseía cuatro numeraciones diferentes. Además, el fusil tenía grabado el “escudo argentino”, y la inscripción “Ejército Argentino”.
La hipótesis es que esas armas fueron adquiridas de manera ilegal por Primer Comando Capital, según indicaron fuentes de la justicia federal. En Brasil se investigó y condenó a Getulio Morgado Sánchez, un narco que traficaba armas desde Paraguay. La Policía Federal de Brasil detuvo a este hombre y a Marcos Grubisich Junior, Gleizon Benites Gaona, William Roberto De Souza, acusados de tráfico ilegal de armamento y narcotráfico.
Cuando detuvieron a estos narcos, los efectivos brasileños secuestraron un fusil FAL, que aparentemente provenía del Ejército argentino. Ese fusil tenía varias partes con numeraciones distintas, como 15214, 07148, 15627 y 47202. Según expertos, es frecuente que, en este tipo de armamento, los grupos criminales intercambien partes para evitar que el arma sea identificada.
Se detectó luego que un fusil FAL N°15214 había desaparecido en el Batallón de Arsenales N°603, en Fray Luis Beltrán, a unos 15 kilómetros de Rosario. La cronología de esta trama demuestra que se registró el faltante a partir de que en Brasil se secuestró el fusil, que pertenecía al Batallón de Arsenales N°603.
El coronel Enrique Antonio Battezzatti, jefe del batallón, realizó la denuncia el 19 de febrero de 2011, en la que advirtió que faltaba el fusil FAL calibre 7,62 N°15214. Dijo, en su presentación, que el 18 de febrero de ese año se verificó que esa arma no estaba en el “depósito de armamento”. Ese fusil había sido secuestrado siete días antes en Aracatuba, San Pablo.
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La presencia de fusiles FAL argentinos en manos del crimen organizado brasileño empezó a repetirse ese año. En otro operativo de la Policía Federal brasileña en el que se secuestraron droga y armas el 14 de setiembre de 2011 en el municipio de Peabiru, en el estado de Paraná. Entre el armamento incautado figuraban tres FAL con la numeración 47703, 85768 y 15522. El primer fusil se detectó que era uno de los informados como faltante en el Batallón N° 603. También se determinó que el FAL N° 15522 había estaba asignado al Batallón N°601 de Boulogne. La desaparición de esa arma dio origen a la causa que se tramitó en el juzgado federal Criminal y Correccional N°1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado.
También se secuestraron fusiles FAL procedentes del Ejército argentino en Paraguay, en manos de individuos que, según el expediente, tenían vinculación con PCC. El 14 de junio de 2011 la policía paraguaya se enfrentó en Asunción con seis personas fuertemente armadas, tres de ellos paraguayos y otros tres brasileños. Dos murieron en el enfrentamiento, y se secuestraron dos fusiles FAL argentinos, con las numeraciones limadas.
Ocurrió otro hecho extraño. Battezzatti declaró en la causa que el día en que se detectó el faltante le ordenó al jefe de la sección armamento de la Compañía de Abastecimiento que se presentara para dar explicaciones. Eso no ocurrió nunca, porque el sargento Hernán Diego Solís se suicidó en Buenos Aires.
Este caso escondía una trama más profunda, porque no faltaba un solo FAL, sino 400 y unas 2500 partes de este fusil 7,62 mm. A siete militares los procesaron por la “sustracción” de 43 FAL, que son los que se pudieron atribuir a sus responsabilidades.
A lo largo de la investigación los militares acusados cargaron las culpas y responsabilidades en el sargento Solís, que se suicidó el mismo día en que se empezó revelar que faltaban fusiles FAL del Batallón N°603. También se detectó que había llamativas falencias en el sistema de seguridad de los arsenales, donde se guardan las armas. Según declararon las máximas autoridades del batallón, el armamento se guardaba en dos depósitos que están ubicados en la parte central del predio de Fray Luis Beltrán. En uno estaban las armas y en otro los cerrojos y correderas. El depósito principal estaba monitoreado por cuatro cámaras de seguridad, pero sólo durante el día. Además, los sensores de movimiento que se habían instalado no cubrían toda la superficie, ni tampoco las ventanas y puertas. Tampoco había una guardia fija, sino que –según el procolo- la seguridad se cubría con una patrulla. En el otro depósito, donde se guardaban los cerrojos y correderas, directamente no había ningún dispositivo de seguridad, como cámaras y sensores de movimiento.
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A lo largo de esta extensa causa, que estuvo paralizada de manera llamativa en el juzgado del juez Bailaque, que está acusado en el Consejo de la Magistratura de favorecer al narco Esteban Alvarado e imputado con prisión preventiva por otros tres casos, se detectaron serias irregularidades en el área de arsenales del Batallón.
Solís, el sargento que se suicidó, según declararon otros militares, entraba con su auto particular hasta los depósitos de armamento, algo que estaba prohibido. En el expediente, al que tuvo acceso AIRE, se reveló que este suboficial contaba con autorización del teniente coronel Alejandro Eduardo Holm.
“Para controlar el depósito de armamento, siempre se asignaban suboficiales y mecánicos armeros y todos estaban muy por debajo de su jerarquía. O sea, por eso, nunca se pudo controlar ese depósito, porque él (Solís) nunca se encontraba en el depósito, ya que estaba autorizado a Buenos Aires todas las semanas, de jueves a martes, más o menos él estaba en la unidad 10 días al mes. Eso ocasionaba discordia y malestar entre los demás suboficiales, ya que él nunca cumplía ningún tipo de servicio, no se presentaba en ninguna formación diaria ni iba a ninguna parada militar –formaciones en la vía pública-, todo esto era porque estaba autorizado por Holm", declaró Héctor Vicente Mastracchio, encargado del Centro de Operaciones Materiales del batallón.
Los robos de municiones y de armas en el Batallón N°603 parecen ser parte de un sistema. Esa dependencia se encuentra al lado de la fábrica de armas de Fray Luis Beltrán, donde también hubo sospechas de que había canales paralelos de venta de municiones.
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El 20 de febrero de 2015, se reveló que se había detectado un faltante en el Batallón N° 603 de 19.600 proyectiles calibre 9 mm y calibre 32. Tres años después, el juez federal Carlos Vera Barros procesó a quienes eran el primer y el segundo jefe del establecimiento militar, como el coronel de Arsenales Guillermo Bonnefous y el teniente coronel Adalberto Fernández. También Jorge Luis Giandinotto, capitán de Arsenales; Germán Alberto Vázquez, sargento de Arsenales, y Elio Germán Villarrubia, sargento ayudante. Todos fueron pasados a retiro cuando se inició la causa y permanecieron en libertad, según fuentes del Ejército.
Bonnefous, según declaró en el Juzgado Federal N° 3 de Rosario, ordenó la auditoría luego de que se enterara a través de una red social que un grupo de militares había posteado versiones sobre el robo.
En la investigación se detectó que el faltante de municiones 9 milímetros existía desde julio de 2014, pero los responsables del arsenal nunca lo informaron. En el fallo, se advierte que en la auditoría dos militares declararon que "desde julio y agosto 2014 ya faltaban" las municiones. Uno de los suboficiales que se desempeñaba en el arsenal "fue obligado" por un superior a firmar un acta declarando que la inspección se desarrolló "sin novedad".
Por estas falencias históricas en los controles y en el recurrente robo de armas y municiones, declaró en abril de 2024 como "zona militar" a las instalaciones de la fábrica de armas Fray Luis Beltrán.
Hace treinta años, la policía de Río de Janeiro secuestró, en una redada en una favela, un fusil de asalto militar. Ese FAL tenía escudo del Ejército Argentino y número de serie: 3834. Fue el primero de más de 300 fales y subametralladoras FMK3, PAM-1 y PAM-2 salidas de las matrices de las plantas de Fabricaciones Militares incautados en operativos contra el crimen organizado en los morros cariocas entre 1993 y 2001. Desde 1987, incluso, ya habían aparecido en manos del hampa brasileño más de un centenar de pistolas calibre 9mm y .45 de uso exclusivo de las fuerzas armadas y de seguridad argentinas y hasta 238 granadas FMK-2 que los narcos, atrevidos, arrojaban a los patrulleros para escapar entre detonaciones y fuego.
Al justificar la decisión, el presidente Javier Milei explicó en el texto del Decreto de Necesidad y Urgencia que "es de público conocimiento la situación de inseguridad por la que atraviesa la ciudad de Rosario y las localidades adyacentes", por lo que subrayó que "resulta imperiosa la adopción de mayores medidas de seguridad en forma urgente".
