Ante esa hipótesis, el gobierno nacional decidió declarar “zona militar” al predio de Fabricaciones Militares, con el objetivo de reforzar la custodia del lugar. La medida fue dispuesta a través del DNU 350/2024, que fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
Al justificar la decisión, el jefe de Estado explicó en el texto del decreto que “es de público conocimiento la situación de inseguridad por la que atraviesa la ciudad de Rosario y las localidades adyacentes”, por lo que señaló que “resulta imperiosa la adopción de mayores medidas de seguridad en forma urgente”.
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Hay dos causas en torno al robo de municiones en Fabricaciones Militares. En una fueron condenados cinco militares por la sustracción de 19.600 balas calibre 9 milímetros del Batallón 603, que está al lado de FM.
“La declaración de zona militar a la fábrica de armas Fray Luis Beltrán contribuirá al logro de la eficacia y eficiencia del sistema de seguridad, al habilitar a las Fuerzas Armadas para diseñar y operar el citado sistema”, advierte el DNU, que en otro tramo señala que el predio fabril “constituye un objeto de valor estratégico, dado que su destrucción o posible daño afecta a la seguridad del Estado, en atención a las capacidades industriales para el sector de producción para la defensa”.
De esta manera, se avanzará en “el despliegue de una capacidad eminentemente militar para prevenir y conjurar un eventual ataque” contra la fábrica.
Las causas en torno al robo de municiones
Hay dos causas en torno al robo de municiones en Fabricaciones Militares. En una fueron condenados cinco militares por la sustracción de 19.600 balas calibre 9 milímetros del Batallón 603, que está al lado de FM.
En el otro expediente, que está en manos del juez federal Marcelo Bailaque, se investiga una maniobra mucho mayor, que fue advertida en mayo de 2016, cuando el Ministerio de Defensa denunció un faltante de proyectiles del predio de la fábrica de armas, que tiene unas 100 hectáreas.
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Maximiliano Pullaro siguió de cerca este tema porque en la gestión de Miguel Lifschitz creían que parte del circuito ilegal de armas se nutre de lo que se cuela por la fábrica de armas.
En ese momento, el ministro de Seguridad de Santa Fe era el actual gobernador Maximiliano Pullaro, que siguió de cerca este tema, porque en la gestión de Miguel Lifschitz creían que parte del circuito ilegal de armas se nutre de lo que se cuela por la fábrica de armas, donde se producen municiones de distinto calibre y chalecos antibala.
Pullaro mantuvo varias reuniones con quien era el titular de la cartera de Defensa, Julio Martínez, para expresarle la preocupación. En la actual gestión siguen con la misma hipótesis.
Esa causa nunca avanzó en el juzgado de Bailaque, que está siendo investigado actualmente en el Consejo de la Magistratura. La causa está caratulada como NN, porque no hay imputados.
Los hechos que, en teoría debían investigarse, son malversación, peculado culposo y abuso de autoridad calificado. En ese momento, en el Ministerio de Defensa sospechaban que existía un “circuito paralelo” de venta de municiones e insumos de la fábrica militar de Fray Luis Beltrán.
Efectivos de Gendarmería realizaron un allanamiento en mayo de 2016 que duró más de 12 horas. Y los investigadores se toparon con algunas sorpresas y nuevas irregularidades que recargan las presunciones de que allí había un comercio paralelo de armamento y municiones.
Según señaló el diario La Nación, en los allanamientos se detectó un faltante de casi 3 millones de balas de distinto calibre, entre ellas 9 milímetros y 7.62 (calibre que usa el FAL), de 9 millones de fulminantes y se observó un excedente de municiones no declaradas. Pero lo que más llamó la atención fue que cuando empezaba a caer la tarde se encontró un arsenal completo que no estaba declarado en los registros, en el que había municiones 12.70, 7.62, gases lacrimógenos y espoletas activas de mortero, entre otros.
Este lugar de acopio era una antigua cochera abandonada, que es la última construcción del predio que tiene unas 100 hectáreas. Después de ese galpón improvisado está el alambrado perimetral. Más allá de que esas municiones e insumos que no estaban registrados lo alarmante, según confiaron las fuentes, era la precariedad y la falta de seguridad de ese lugar para guardar municiones de guerra.
A la par de que se corroboraron varias hipótesis que había arrojado la auditoría ordenada por el ministro de Defensa Julio Martínez, funcionarios de esa cartera aportaron nueva documentación probatoria. Se descubrió que parte de los fulminantes que figuraban como faltante en la planta de Fray Luis Beltrán aparecieron en la fábrica militar de Pólvoras y Explosivos Villa María.
En ese predio también aparecieron, según revelaron las fuentes, 24.000 kilos de pólvora que no estaban en Fray Luis Beltrán. Lo que se comprobó es que esos insumos figuraban en Villa María en “remitos de orden interno que violan la normativa de la AFIP. Lo que se sospecha es que esas triangulaciones entre las dependencias de Fabricaciones Militares escondía un circuito paralelo de comercialización. Es posible que parte de la pólvora y fulminantes hayan ido a parar al mercado ilegal y al que nutre los cotos de caza, que en esa provincia son muy importantes. En los tribunales federales de Rosario esta causa aún sigue sin imputados.
Dos años antes, en diciembre de 2014 se detectó otro faltante de 19.600 balas 9 milímetros, que provocó un escándalo, en el Batallón de Arsenales 603, ubicado al lado de la fábrica de armas. El entonces ministro de Defensa Agustín Rossi ordenó el cierre de ese predio y decretó el pase a retiro del director de Arsenales del Ejército Argentino, coronel Hugo Víctor Meola.
Aunque la investigación del Ministerio Público nunca avanzó sobre el destino de las municiones, luego surgieron sospechas de que las balas podrían haber sido vendidas en el mercado negro, donde se proveen en Rosario las bandas narcocriminales. “El robo de balas era permanente, bajo dos metodologías el robo hormiga, de a pequeñas cantidades, y manera alevosa”, sostuvo al diario La Nación un militar retirado de esa dependencia.
Entre los que fueron juzgados –según el fallo que lleva la firma de los jueces Lorenzo Barbará y Jorge Gallino– están quienes eran primer y segundo jefe del establecimiento militar, coronel de arsenales Guillermo Bonnefus y teniente coronel Adalberto Fernández. También Jorge Luis Giandinotto, capitán de arsenales; Germán Alberto Vázquez, sargento de arsenales, y Elio Germán Villarrubia, sargento ayudante. Todos fueron pasados a retiro cuando se inició la causa y permanecieron en libertad.
La denuncia del faltante la realizó el coronel de Arsenales Raúl Edgardo Sánchez el 30 de diciembre de 2014, once días después de asumir como Jefe de Unidad del Batallón de Arsenales 603 “San Lorenzo”.
Rossi ordenó en ese momento que el nuevo jefe hiciera la denuncia en los tribunales federales. El entonces jefe del Ejército César Milani, fue quien le advirtió al ministro que había “problemas” en el Batallón de Arsenales.
En el predio ubicado en Fray Luis Beltrán se enteraron del robo, luego de que el jefe del Batallón 603, Guillermo Bonnefous, a quien reemplazó Sánchez, encargó una inspección al Grupo Operaciones Técnicas de la Unidad Logística en los Depósitos de la Compañía de Munición entre el 1 y 10 de diciembre de ese año.
Bonnefous, según declaró en el juzgado federal N°3 de Rosario, ordenó la auditoría luego de que se enterara a través de la red social Facebook que un grupo de militares del Batallón de Arsenales 603 había posteado versiones que hablaban del robo de municiones.
En la investigación se detectó que el faltante de municiones 9 milímetros existía desde julio de ese año, pero los responsables del arsenal nunca lo informaron. En el fallo, al que tuvo acceso AIRE, se advierte que en la auditoría que se realizó dos militares declararon que “desde julio y agosto 2014 ya faltaban” las municiones. Uno de los suboficiales que se desempeñaba en el arsenal “fue obligado por un superior a firmar un acta declarando que la inspección se desarrolló “sin novedad”.
Incluso, uno de los sargentos testificó que se “reemplazaban cajones de balas en el acta de inspección y que se procedió a ocultar dicha situación, colocando en reemplazo cajones con vainas por indicación de un superior”.
En 2012, según otra denuncia, fueron robados 154 FAL y piezas completas para armar otros 250 fusiles al menos, del Batallón de Arsenales 603. Pero ocurrió algo similar que con la causa en manos del juez Bailaque: nunca se supo qué pasó con las armas, porque no arrojó resultados la pesquisa interna dispuesta por la gestión de Arturo Puricelli, que en ese momento estaba al frente del Ministerio de Defensa. Además de esos fusiles, fueron sustraídas en esa oportunidad cinco ametralladores antiaéreas 12.7 y una ametralladora pesada MAG.
