Imputan a Marcelo Bailaque, el juez federal que investigan por armado de causas, vínculos narcos y favores a un financista
La audiencia será en la sede del Tribunal Oral de la ciudad de Rosario. La acusación estará a cargo de tres fiscales, dos ellos pertenecientes a la Procelac y Procunar.
Bailaque, el juez se encuentra en sus funciones pese a las acusaciones en su contra.
Marcelo Bailaque, el juez federal de Rosario investigado por vínculos narcos, armado de causas y favores a un financista, será formalmente imputado en las próximas horas en los tribunales federales.
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La imputación estará a cargo de los fiscales Fernando Reinares Solari, Matías Scilabra (Procunar) y Juan Agustín Argibay Molina (Procelac) que investigan al magistrado a cargo del Juzgado Federal N°4.
Los cargos serán atribuidos ante el juez de garantías, Eduardo Rodríguez Da Cruz, y ante la defensa de Bailaque, la cual se encuentra representada por el abogado penalista Claudio Puccinelli.
El cuestionado juez llegará a la audiencia en libertad y con un proceso abierto en el Consejo de la Magistratura en donde también fue denunciado su desempeño como juez federal.
Tres frentes judiciales
Bailaque se encuentra bajo la lupa de la Justicia por no haberse excusado de intervenir en una investigación de una causa contra el narco rosarino Esteban Alvarado, condenado por instigar el homicidio de un prestamista, y la cual se tramitó en el 2013. Según la investigación, el magistrado tenía como asesor contable personal a M., que a su vez prestaba asesoría al entramado de empresas vinculadas a Alvarado y a su ex mujer, Rosa Capuano, con quien el contador mantuvo contactos hasta septiembre de 2014.
Otra de las investigaciones, apunta al desempeño del juez en el marco de un proceso judicial que involucró a dos cooperativas (Trabajos Portuarios Limitada de Puerto General San Martín y San Lorenzo) y una financiera cuyo titular habría sido Fernando Whpei, señalado como amigo del juez. Esa causa judicial se inició en 2019 en el Juzgado Federal de Campana y derivó en la detención del titular de la Cooperativa, quien fue acusado de los delitos de administración fraudulenta, lavado y asociación ilícita. En el marco de ese proceso judicial, las cuentas bancarias, cajas de ahorros y depósitos a plazo fijos fueron embargados. Sin embargo, con posterioridad, el Juzgado declaró la incompetencia territorial del caso y envió las actuaciones al Juzgado de Bailaque en Rosario.
Cuando se radicó el expediente en suelo rosarino, el juez investigado liberó los fondos de la Cooperativa en diciembre del 2020 (por sumas cercanas a los 150 millones de pesos) que la entidad opere financieramente con una sociedad anónima y la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, cuyo referente sería Whpei.
Por otra parte, el magistrado afronta otra acusación en donde le imputan los delitos de buso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios público, y prevaricato, a partir de un legajo judicial en donde se investigó el sobreseimiento de un empresario y un agente de bolsa cuya investigación se tramitó en el Juzgado de Bailaque.