La última persona prófuga por el crimen de Hugo Oldani fue una chica menor de edad en el momento del homicidio.
Dos meses y una semana después de haber solicitado por primera vez información sobre el homicidio del empresario Hugo Oldani, la Justicia federal comenzó a recibir los primeros datos de los fiscales provinciales que hasta el momento vienen investigando este resonante caso ocurrido el 11 de febrero pasado en pleno microcentro de Santa Fe.
Fuentes consultadas por Aire Digital, confirmaron que en las últimas horas desde el Ministerio Público de la Acusación se inició el envío de información al fiscal federal Walter Rodríguez. Entre los datos suministrados, aparecen copias de distintas pericias, análisis de equipos informáticos, copia de legajos, anexos y copias de filmaciones del lugar del hecho.
Si bien la situación se maneja con suma reserva, se trata de información que podría resulta esencial para determinar si existen indicios de que en esa oficina, ubicada en Rivadavia y La Rioja, funcionaba una "cueva financiera" donde circulaban fondos provenientes de operaciones de lavado de dinero.
Pero eso no es todo. El análisis de estos elementos también pueden determinar si, como se sospecha, existieron irregularidades a la hora de preservar tanto la escena del crimen, como ciertas evidencias importantes. Desde un principio, se habló de fotografías que mostraban una importante cantidad de dólares en efectivo, de los que luego nada se supo.
El caso se encuentra desde un principio envuelto en un halo de dudas. De hecho, durante los últimos días el fiscal regional, Carlos Arietti, resolvió apartar del caso a la fiscal que inició las investigaciones sobre el homicidio, Cristina Ferraro.
La semana pasada, en el programa Creo, que se emite cada primera mañana en Aire de Santa Fe, el jefe de los fiscales provinciales, Jorge Baclini, se negó obstinadamente en explicar por qué se había tomado esta medida. Sin embargo, el pasado domingo reconoció en una nota publicada por Rosario 12 que existieron irregularidades y hasta habló de "una falta grave".
¿Por qué fue necesario que pasaran seis meses para que se detectaran -o se reconocieran- estas irregularidades en la investigación del homicidio?
¿Por qué fue necesario que pasaran seis meses para que se detectaran -o se reconocieran- estas irregularidades en la investigación del homicidio? ¿Por qué debieron transcurrir sesenta y siete días para que desde el MPA se compartiera información del caso con la Justicia federal? ¿Por qué pasaron cinco meses desde el asesinato para que los fiscales de Delitos Complejos ordenaran allanar los domicilios particulares de familiares de Oldani?
La investigación sobre el homicidio tiene a cuatro personas detenidas: el hombre y la mujer que ingresaron esa tarde a las oficinas de Oldani, el que vigilaba desde la vereda y el conductor del vehículos que usaron para llegar y para escapar del lugar del crimen.
Los mayores inconvenientes parecen surgir a la hora de investigar qué tipo de negocios se realizaban en esas oficinas. Tanto es así que, cinco meses después de que no se conocieran novedades sobre el trabajo de los fiscales de Delitos Complejos, el ministro de Seguridad de la Provincia, Marcelo Sain, presentó una denuncia en la Justicia federal.
¿Por qué debieron transcurrir sesenta y siete días para que desde el MPA se compartiera información del caso con la Justicia federal?
Desde ese preciso momento, se inició la larga espera del fiscal Walter Rodríguez quien, antes de adoptar cualquier medida, necesitaba acceder a pruebas fundamentales que fueron recabadas por la Justicia provincial en los primeros momentos después del crimen.
Rodríguez intentó por diversos caminos acceder a esos datos. Finalmente, al no obtener respuestas, decidió enviar una nota al gobernador Omar Perotti, para solicitarse su intervención: "Por su intermedio pretendo que las autoridades provinciales competentes tomen las medidas indicadas para que el señor fiscal general del MPA, Jorge Baclini, instruya a quien corresponda, con el objeto de lograr una pronta remisión de los elementos requeridos, ante la ausencia de una explicación razonable ni justificación legal que ampare la negativa a suministrarlos".
Fue a partir de esta nota y de que tomara estado público esta situación, que la actitud de la actitud del Ministerio Público de la Acusación comenzó a modificarse.
¿Por qué pasaron cinco meses desde el asesinato para que los fiscales de Delitos Complejos ordenaran allanar los domicilios particulares de familiares de Oldani?
Entre las pruebas que interesan de manera particular al fiscal Walter Rodríguez para poder avanzar en la investigación de posibles delitos federales, surgen unas fotografías donde se observan pagarés en la oficina de Oldani. Cada pagaré llevaba adjunto con un clips un papel de las viejas máquinas calculadoras, con cifras que podrían revelar movimientos de dinero.
Ahora, sólo resta esperar que el MPA envíe toda la información solicitada, que el fiscal federal la evalúe y, finalmente, que se conozca su dictamen.
Mientras tanto, el fiscal general de la Provincia, Jorge Baclini, adelantó que el MPA intentará no desprenderse de las investigaciones sobre posibles delitos federales.
"Nosotros defendemos la competencia provincial del delito de lavado en algunos casos. Hay un fallo de la Corte Suprema de la provincia que surgió a partir del caso Aymo de Rosario y hay fallos de Cámara que han aceptado la competencia provincial en el caso de lavado de dinero. En este caso, habrá que observar bien que es lo que cada parte considera y cómo se hacen los planteos y será la judicatura la que resuelva", advirtió Baclini. "La competencia federal es cuando se afecta el orden jurídico de lo que es la economía nacional y en este caso no ha afectado el desarrollo de la economía nacional", insistió.
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