La Justicia le ordenó a Manuel Adorni que garantice el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos
Abuelas de Plaza de Mayo había advertido que se podría paralizar la búsqueda de los bebés robados durante la dictadura por falta de presupuesto. Intervinieron fiscales especializados en crímenes de lesa humanidad.
Manuel Adorni tendrá oportunidad de dedicarse a asuntos más altruistas que su situación patrimonial. El juez federal Alejo Ramos Padilla le ordenó al jefe de Gabinete que disponga todas las medidas administrativas y asignaciones presupuestarias necesarias para garantizar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).
Manuel Adorni tendrá oportunidad de dedicarse a asuntos más altruistas que su situación patrimonial. El juez federal Alejo Ramos Padilla le ordenó al jefe de Gabinete que disponga todas las medidas administrativas y asignaciones presupuestarias necesarias para garantizar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Horas antes, Abuelas de Plaza de Mayo les habían pedido a los jueces y a los integrantes del Congreso que exhortaran al Gobierno a mantener en pie el organismo que se ocupa de los análisis para identificar a los bebés robados durante el terrorismo de Estado.
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Ramos Padilla dictó una medida cautelar interina que le comunicó directamente a Adorni, ya que el BNDG está bajo su órbita, al igual que la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. En un plazo de cinco días, el jefe de Gabinete deberá producir un informe que dé cuenta del interés público comprometido en el sostenimiento del BNDG. El juez federal de La Plata también le pidió al ministro Juan Bautista Mahiques que informe, en el mismo plazo, sobre la posible afectación del adecuado servicio de justicia.
La Justicia le ordenó a Manuel Adorni que garantice el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos
La controversia se inició el viernes pasado, cuando la directora técnica del BNDG, Mariana Herrera Piñero, envió una nota a tribunales y juzgados federales advirtiendo que no podrían seguir tomando muestras biológicas por la falta de presupuesto.
Las autoridades del BNDG explicaron que el organismo atraviesa una situación crítica de operatividad que compromete la continuidad de servicios esenciales, como limpieza, vigilancia y mantenimiento del edificio.
Esto podría implicar riesgos para la cadena de custodia y la preservación de la información almacenada en el BNDG: desde documentos hasta muestras de sangre, hisopados bucales, restos cadavéricos y objetos secuestrados en distintos allanamientos para extraer ADN que permita identificar a hijos de personas desaparecidas.
El BNDG también advirtió que la crisis podría derivar en la suspensión o postergación de las pericias genéticas requeridas por el Poder Judicial. Y, más grave aún, que sin la conservación o refrigeración adecuadas o el monitoreo ambiental correspondiente podrían alterarse las condiciones técnicas indispensables para la validez de los procesos periciales.
Desde Abuelas de Plaza de Mayo explicaron que en el BNDG hay unas 32.000 muestras ingresadas. En su mayoría, están relacionadas con crímenes de lesa humanidad. Pertenecen a personas que buscan a niños robados durante los años del terrorismo de Estado o a personas que sospechan que podrían ser hijos de desaparecidos.
“El desfinanciamiento del BNDG podría generar un daño irreversible para la restitución de los nietos y nietas apropiados en dictadura, pero también para las nuevas búsquedas que se han incorporado a lo largo de estos años de ampliación del derecho a la identidad”, alertaron desde Abuelas, el organismo que preside Estela de Carlotto.
El BNDG fue creado en 1987 por decisión del entonces presidente Raúl Alfonsín e impulsado por las Abuelas de Plaza de Mayo. A lo largo de casi 40 años contribuyó a identificar a buena parte de los 140 nietos y nietas a quienes se les restituyó la identidad.
El BNDG responde a requerimientos judiciales y trabaja codo a codo con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) —que funciona dentro del Poder Ejecutivo— y la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (Uficante), dirigida por el fiscal Pablo Parenti.
Como adelantó Página/12, tanto Parenti como los integrantes de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata —integrada por el fiscal Gonzalo Miranda y los auxiliares fiscales Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira— hicieron presentaciones para que los juzgados exhorten al Gobierno a mantener en funcionamiento el BNDG.
En base a estas presentaciones, Ramos Padilla dictó una medida cautelar interina. “Es preciso destacar que, en otras causas en trámite ante el Juzgado a mi cargo, con la intervención del B.N.D.G. se ha logrado restituir su identidad a las víctimas. Ello, en tanto el Estado argentino ha accionado positivamente en la búsqueda y restitución de la identidad de cientos de personas que fueron apropiadas al nacer o en su primera infancia, en el marco de las acciones del terrorismo estatal entre los años 1976 y 1983. Ha ocurrido a través de acciones conjuntas del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en las que el B.N.D.G. fue una herramienta esencial”, resaltó el titular del Juzgado Federal 1 de La Plata.
Su colega de la misma jurisdicción, Ernesto Kreplak, le pidió al BNDG que informe el estado de las muestras que tomó y que debe procesar a pedido de ese juzgado.
“Ante el riesgo de parálisis de uno de los engranajes fundamentales para la búsqueda de los desaparecidos vivos, reiteramos nuestro pedido al Poder Judicial y al Legislativo para que exijan al Gobierno nacional que garantice los recursos necesarios y cumpla con sus obligaciones legales, constitucionales e internacionales”, habían reclamado las Abuelas horas antes de la medida cautelar interina.
A nivel nacional, la diputada Cecilia Moreau presentó un proyecto para instar al Gobierno a dotar al BNDG de los recursos necesarios para su mantenimiento.
A nivel local, el legislador Andrés La Blunda promovió una declaración para expresar preocupación por la situación del organismo. La Blunda conoce de cerca el rol que jugó el BNDG, ya que él también recuperó su identidad gracias a Abuelas de Plaza de Mayo.
El Gobierno bonaerense denunció el ahogo presupuestario al que Milei somete al BNDG y se sumó al pedido de Abuelas ante el Poder Judicial frente a un Gobierno que aplica la motosierra sobre organismos esenciales.
“Es responsabilidad indelegable del Estado argentino cumplir las obligaciones de investigar, juzgar, sancionar y reparar adecuadamente a los autores de graves violaciones a los derechos humanos. En el caso de las desapariciones forzadas, de hacer cesar el delito mediante la identificación de las víctimas”, recordaron desde la Subsecretaría de Derechos Humanos que conduce Matías Moreno.