La Justicia provincial debe decidir próximamente si un hombre condenado a ocho años de prisión por el abuso sexual de la pequeña hija de su pareja cumple la pena en la cárcel. El pedido fue reiterado por el fiscal Roberto Apullán, este miércoles, ante los jueces de la Cámara de Apelaciones Fabrio Mudry, Bruno Netri y Enrique Alvarez.
La audiencia se desarrolló en la sala 5 de los tribunales santafesinos y las partes participaron por videoconferencia
Maiquel Torcatt/ Aire DigitalEl abusador es Ariel Gramajo quien fue condenado en noviembre de 2012 por el juzgado de Primera Instancia en lo Penal de Sentencia de la Primera Nominación como autor penalmente responsable del delito de "abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la situación de convivencia preexistente". Sin embargo, su abogado defensor, Néstor Oroño, apeló la resolución, y recién en junio de este año la Cámara confirmó la sentencia.
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Tras obtener este “doble conforme” de la sentencia condenatoria, la Fiscalía entendió que Gramajo ya está en condiciones de comenzar a cumplir la pena en prisión, y así lo solicitó. En tanto, el defensor recurrió a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para que revise el caso.
En medio de ese camino judicial, el juez Jorge Pegassano (recientemente fallecido) rechazó el pedido de la Fiscalía el pasado mes de octubre, por lo que Apullán apeló la resolución y sostuvo que ya están dadas las condiciones para que Gramajo empiece a cumplir la pena en prisión.
Nuevo pedido
En la audiencia desarrollada este miércoles en la sala 5 de los tribunales santafesinos, Apullán argumentó que, tras el doble conforme, sólo se suspende la ejecución de la pena si la Corte admite darle tratamiento al recurso presentado por el defensor.
Por el contrario, Oroño sostuvo que, al haber un planteo ante el máximo tribunal provincial, la condena de Gramajo no está firme. El defensor advirtió que el hombre posee problemas en su salud (diabetes, hipertiroidismo, episodios cardíacos), por lo que, si los camaristas le dan la razón a la Fiscalía, solicitó que sea una detención domiciliaria.
Abuso infantil
La causa comenzó hace 12 años, cuando una mujer denunció que su pareja -Gramajo- había abusado sexualmente de su hija de cinco años, cuando ella salía de su casa para ir a trabajar. La propia niña se lo manifestó a su mamá y a otra mujer de su círculo cercano, y cuando la denunciante increpó a Gramajo, la menor lo sindicó como su agresor.
La víctima fue atendida en el hospital Alassia y los psicólogos determinaron que no estaba en condiciones de declarar en Cámara Gesell porque presentaba múltiples síntomas traumáticos. Sin embargo, el resto de las declaraciones obtenidas permitieron reconstruir lo ocurrido y dar por creíble lo sostenido por la niña. De hecho, una de las profesionales que la atendió, refirió que "la menor llora y no quiere que la revise, por lo que sugiere se tenga en cuenta el examen ya realizado para no volver a victimizarla". Por su parte, un psicólogo afirmó que la menor presentaba signos de ultraje; en tanto que la mamá dio cuenta de cambios en la conducta de su hija: "no deja que la bañen, que la toquen, está irritable, modificó su vocabulario, padece trastornos de sueño y pesadillas, se orina, adopta conductas de contenido sexual".
Además, la versión de la menor fue incorporada a la causa a través de los testimonios de su madre, de otra mujer allegada a ellas, y finalmente “cuando su madre solicitó explicaciones a su pareja, oportunidad en la cual la menor enfrenta al encausado sindicándolo claramente como autor de los abusos denunciados".
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Todo esto fue valorado tanto por el juzgado de primera instancia que condenó a Gramajo, como por los camaristas Fernando Gentile Bersano, Roberto Prieu Mántaras y Marta Feijoo, quienes confirmaron la sentencia.
En dicha resolución destacaron que “resulta inverosímil afirmar que una menor miente sobre la existencia de un hecho que la tiene como víctima, máxime si ponderamos que estamos ante un hecho de índole sexual cuya divulgación la ofende y denigra social y familiarmente”.
En este sentido, los camaristas citaron el fallo Scali: “la suposición de que es probable que las mujeres y las niñas hagan acusaciones falsas de violación y violencia sexual es un estereotipo especialmente irracional, pues las mujeres y niñas denunciantes suelen tener muy poco que ganar y todo que perder al denunciar una violación, por lo que rara vez tienen un incentivo para mentir; muchas denunciantes buscan la verdad y la justicia a costa de un enorme precio personal en cuanto al estigma y el rechazo de sus familias y comunidades".
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