La Iglesia de Santa Fe avanza en la instrumentación de un pedido del Papa Francisco. Pero la forma de comunicar y de implementar este mandato vienen generando controversias desde principios de julio.
Archivo / Aire Digital
Puede que las intenciones sean las mejores. Sin embargo, desde hace dos semanas la Iglesia de Santa Fe viene incurriendo en una serie de torpezas desconcertantes frente a un problema tan grave y delicado como los abusos sexuales cometidos por miembros del clero.
El pasado 4 de julio, el arzobispo de Santa Fe, monseñor Sergio Fenoy, informó mediante un comunicado que la Arquidiósesis local habilitó un “sistema estable y fácilmente accesible al público” que permitirá a cualquier persona “presentar informes sobre sospechas fundadas o denuncias sobre casos de abuso sexual contra menores y adultos vulnerables, por parte de clérigos y consagrados, y del encubrimiento de los mismos”. La decisión se tomó siguiendo las instrucciones que el Papa Francisco dio el 7 de mayo de 2019.
Los errores en la manera de comunicar la decisión y los desatinos en los mecanismos pensados por la Iglesia local para abordar la problemática generaron una ola de controversias que terminó desembocando en los Tribunales.
Los errores en la manera de comunicar la decisión y los desatinos en los mecanismos pensados por la Iglesia local para abordar la problemática generaron una ola de controversias que terminó desembocando en los Tribunales, con una denuncia penal contra Fenoy -una situación similar se dio en Rosario con el arzobispo Eduardo Eliseo Martín-.
- Las víctimas podrán enviar su denuncia por correo electrónico [email protected]
¿Acaso nadie tuvo en cuenta que es un verdadero desacierto crear una cuenta de mail denominada "victimasabuso"? ¿Es que nadie consideró que podría resultar violento para la víctima? Desde el minuto cero, la denominación de esta cuenta se parece demasiado a un sello en la frente de quien toma la decisión de contar lo que le sucedió.
- En todos los casos, los hechos o sospechas denunciadas deben estar fundadas. Deberán estar firmados, con número de D.N.I. y un teléfono o dirección de correo electrónico. Serán tratados de modo que se garantice su seguridad, integridad y confidencialidad... Los informes contendrán los elementos de forma detallada, como indicaciones del tiempo y lugar de los hechos, de las personas involucradas o con conocimiento de los mismos, así como cualquier otra circunstancia que pueda ser útil para asegurar una valoración precisa de los mismos.
- ¿A una víctima de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia se le puede plantear como condición sine qua non que para hablar de lo que sufrió deje asentados sus datos personales, teléfono, DNI, etc.; como si se tratara de un trámite administrativo más? ¿Qué sucede en el caso de que la víctima prefiera resguardar sus datos y opte por enviar el relato de su caso de manera anónima? ¿Acaso la Iglesia desestimaría la mera posibilidad de investigar si estos hechos aberrantes efectivamente sucedieron?
- "He instituido un oficio eclesiástico específico, el del responsable de recibir esos informes y el de asistente, que he confiado a la profesora Alicia Ramonda de Vogliotti y a la abogada María José Gaggiamo de Pane, respectivamente”, dice Fenoy.
- Más allá de la buena voluntad que puedan mover sus acciones, ¿qué formación específica tienen esta profesora y esta abogada para abordar una problemática tan delicada?, ¿están capacitadas para asistir de manera adecuada a una víctima de abusos sexuales?, ¿cuáles son los protocolos a implementar por parte de estas dos personas?, ¿están en condiciones de actuar sin revictimizar al denunciante, sin herirlo, sin cometer equivocaciones que puedan perjudicarlo de alguna manera?
Las torpezas a la hora de comunicar y de instrumentar este sistema por parte de la Iglesia de Santa Fe no terminaron con el primer comunicado.
El jueves de la semana pasada, se convocó a una conferencia de prensa en el Arzobispado local para hablar de este tema. Y para hacerlo se eligió una sala donde cuelga un cuadro con la imagen de Edgardo Storni, el exarzobispo de Santa Fe que en 2000 fue denunciado por abusos sexuales. La Justicia condenó en 2009 a Storni a ocho años de prisión, pero tiempo después la Cámara Penal de Apelaciones revocó el fallo por fallas procesales.
¿Nadie en el Arzobispado de Santa Fe consideró que, por lo menos, resultaría inconveniente organizar esa conferencia de prensa junto a la imagen de un arzobispo denunciado por abusos sexuales?
Frente a lo sucedido la semana pasada, ¿qué garantiza que cuando se presente una víctima de abusos en el Arzobispado no la reciban en al misma sala? ¿Cómo podría sentirse en denunciante frente a esta posibilidad?
Se convocó a una conferencia de prensa en el Arzobispado local para hablar de este tema. Y para hacerlo se eligió una sala donde cuelga un cuadro con la imagen de Edgardo Storni.
Seguramente se trató de un error involuntario de parte de quienes organizaron esta conferencia. Pero ¿cómo evitar que nuevos errores como éste se produzcan y terminen agravando el sufrimiento de las víctimas?
El fin de semana, la periodista Romina Elizalde publicó un informe sobre este tema en Aire Digital. Y en esa nota, Alicia Ramonda de Vogliotti expresó: “Tuvimos una comunicación de alguien que quiere contarnos algo. Habría un caso”.
¿Qué se hizo con esa información?, ¿dónde se encuentra la posible víctima?, ¿dieron cuenta de lo sucedido al Ministerio Público de la Acusación para que comience a investigar con premura la posible comisión de un delito tan aberrante como el abuso sexual?, ¿quién es la persona sospechada?, ¿en qué momento la Iglesia toma la decisión de comunicar la situación a la Justicia? ¿Quién decide cuándo hacerlo?
Otra cuestión que plantea interrogantes es qué hará la Iglesia con la información suministrada por las víctimas. El sistema judicial está pensado para brindar garantías, para generar pesos y contrapesos, posibilidades de investigación, de apelación, de control. Todo con el objetivo primordial de reducir al máximo las posibilidades de cometer errores.
¿Existen estos mecanismos en el seno de la Iglesia? Y si existen, ¿cuáles son los protocolos para saber qué se hará con la información suministrada por la víctima de abusos sexuales? Otra vez, las intenciones pueden ser las mejores, pero ¿cuál es el sistema pensado para que, por ejemplo, dicha información no termine perjudicando al denunciante?
Por ahora las preguntas se multiplican. En la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, la Justicia penal condenó por abusos sexuales a los sacerdotes Marcelino Moya (17 años de cárcel), Justo Ilarraz (25 años de cárcel) y Diego Escobar Gaviria (25 años de cárcel). La Iglesia entrerriana realizó las correspondientes investigaciones internas, pero nunca se informó sobre las conclusiones. ¿Coincide la Iglesia de Entre Ríos con las condenas de la Justicia ordinaria? Ante la falta de información, no se sabe.
La prioridad, de manera incuestionable, deben ser las víctimas. Primero y ante todo, sus derechos. Las víctimas están por encima de los intereses o de las miradas de cualquier institución.
El abogado Carlos Ensinck, quien presentó denuncias penales contra los arzobispos de Santa Fe y Rosario, considera que el planteo del Papa Francisco no representa ningún problema, ni plantea contrariedad alguna con las leyes argentinas. Sin embargo, sostiene que los inconvenientes surgen a raíz de la manera en que el pedido de Francisco se intenta aplicar a nivel local.
Las intenciones pueden ser las mejores. Pero las torpezas cometidas hasta ahora en la forma de implementar y comunicar estos mecanismos de denuncias de abusos sexuales dejan abiertos demasiados interrogantes que deberían ser despejados cuanto antes. No sólo por la Iglesia local, sino también por la Justicia que ya investiga.
La prioridad, de manera incuestionable, deben ser las víctimas. Primero y ante todo, sus derechos. Las víctimas están por encima de los intereses o de las miradas de cualquier institución.
Lo sucedido durante las últimas dos semanas con este tema tan delicado muestra con claridad que la Iglesia puede ser competente para escuchar pecados; pero cuando se trata de delitos penales, la situación es diferente.
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