No habrá recuperación de empleos en el tercer trimestre del año, asegura un informe privado.
Hace decenas de notas que venimos preguntándonos –mientras lo intentamos– cómo hacer periodismo político (y la economía es política concentrada) en la era de las noticias falsas, de la manipulación obscena y la invención de datos, de lectores que no resisten más de 200 caracteres, cosa que apuntamos cuando ya esta nota superó largamente los 400.
Pues bien, la cosa se va resolviendo del siguiente modo: con datos sólidos y argumentos que no les hagan decir lo que no dicen ni representan, tratando de escribir simple, sin chicanas y sin rebusques literarios (cosa que García Márquez, Soriano, Walsh y hasta Arlt lamentarían profundamente).
Lo primero entonces. Manpower Group, la encuestadora americana y a la vez una de las bolsas de trabajo globales más grandes del planeta, afirma en el último de sus estudios trimestrales sobre expectativas de empleo que “la Argentina es el país con peores expectativas de contratación del mundo” y que “no se espera una recuperación del empleo en el país para el último trimestre de 2024”.
Todo esto, dicho contra toda evidencia imaginaria de los funcionarios del gobierno nacional (de la reglamentación de la Ley de Bases y el RIGI solo pueden hacerse conjeturas y esperarse empleo precario) pero en línea con el resultado de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) que elabora la Secretaría de Trabajo de la Nación. Pero veamos el cuadro del estudio con el ranking global de la Tendencia Neta de Empleo (NEO). Para simplificar la lectura simplificamos agrupando 7 naciones que ocupan los tramos altos, medios y bajos de la tabla:
Según datos oficiales del EIL que elabora la Secretaría de Trabajo que dirige Julio Cordero –el mismo que hace menos de una semana aseguró que el empleo había dejado de caer porque “las empresas se animan a contratar”– en los próximos meses sólo el 4,3% de las empresas planeaba aumentar su plantas de personal, frente a un 94,1% que aseguraba las mantendría en los números actuales y un 1,7% que aseguraba que tendría que despedir; o bien el dato no relevado y a tono con la reglamentación del capítulo laboral de la Ley de Bases para la Argentina de 1940: el cambio de empleo en blanco y registrado por trabajadores independientes y colaboradores, algo que ya se resolvía con el monotributo en los últimos cuatro años.
El dato que el Secretario al que se aferra el Secretario de Trabajo para decir que empleo dejó de caer, está provisto por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que en mayo y junio registró un aumento del empleo registrado del 0,1%.
Pero, como dijimos, hay que evitar la tentación del recorte tramposo, de la poda con fines de especulación política, y contarlo todo: según ese mismo informe (fechado en Julio) esa leve variación positiva se explica por la incorporación de más de 400.000 trabajadores independientes con monotributo, que compensó la caída de 12.600 asalariados formales en el sector privado.
¿Qué decir acerca del empleo público? Pues en un sector que el argentino medio –medio de derecha, medio antiperonista– identifica como una plantilla grande, cara y repleta de privilegios (tales como estabilidad, aguinaldo, obra social, seguro de riesgos laborales, paritarias y aportes jubilatorios), se perdieron 31.000 empleos, el 9,1% de los que se contaban a diciembre de 2023. Cifrado de otro modo, desde que asumió el gobierno la coalición entre La Libertad Avanza y parte Juntos por el Cambio, 1 de cada 10 estatales perdieron su trabajo.
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Luis Guastini, presidente de Manpower Group Argentina, asegura que “llevamos casi dos años con Expectativa Neta de Empleo muy baja, en los últimos lugares del ránking global” y que el factor que desanima a los empresarios para invertir y contratar nuevos trabajadores “no es necesariamente el costo laboral, sino la seguridad jurídica, porque es muy difícil atraer inversiones cuando la legislación no es clara y hay altos niveles de conflictividad laboral”.
Repasemos una afirmación que involucra una serie de variables íntimamente relacionadas. El problema no son los costos laborales, básicamente el salario sobre el cual se pagan aportes (en muchos casos por regímenes de excepción se contribuye menos o directamente nada), pues medidos en dólares son los más bajos de América Latina para hacer piso entre los USD 700, medidos al MEP o USD 900 al oficial.
Ya durante la campaña del balotaje y en torno del debate sobre la necesidad de una reforma laboral que le dé “certidumbre” a los empresarios, el economista Emmanuel Álvarez Agis decía que “con los niveles salariales actuales, perdiendo contra la inflación por casi siete años consecutivos, no hace falta ninguna reforma para abaratarlos”.
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La legislación vigente, artículos específicos de la Constitución Nacional, Ley de Contrato de Trabajo, Convenios Colectivos por rama de actividad, es clara, no hay confusión. La conflictividad laboral suele incrementarse cuando hay sindicatos que defienden salario y condiciones de trabajo, independientemente de una tasa de sindicalización del 38%, la segunda de Sudamérica detrás de Uruguay.
Pero son sindicatos realmente compresivos con gobiernos peronistas y colaboradores de antiperonistas, sobre todo en épocas de protocolos que -como el que contiene al Resolución 901 publicada en el Boletín Oficial hace una semana- condenan las prácticas sindicales a la ilegalidad, inconstitucionales pero que convierten paros, asambleas y tomas, en delitos tipificados por el Código Penal.
¿De qué seguridad jurídica hablará Luis Guastini? Simple, de la seguridad de poder despedir sin indemnizar –o costeando despidos con un fondeo privado aportado por aseguradoras de riesgo–, de contratar flexible y precario sin peligro de sanciones dinerarias ni juicios futuros, liquidar toda relación directa con los empleados a través de terciarizaciones que los eximen de toda responsabilidad.
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Esto es lo que la CGT está negociando, sin oponerse a la histórica pérdida de derechos que será Ley, que sea la Justicia y no los empleadores los que definan si un trabajador incurre en injuria grave y que los trabajadores colaboradores no sean los que realizan tareas afines a la actividad principal de la empresa. Es probable que se los concedan, porque debilitaría las posiciones más radicalizadas (no radicales, eso hace décadas que se negocia, se dobla y se rompe), como las de Hugo y Pablo Moyano o la de referentes de la Corriente Federal Sindical, como Palazzo o Yofra.
Pero volviendo a los datos recabados por Manpower, hay uno que debiera preocupar al gobierno santafesino y sus pares de la Pampa húmeda. De las seis regiones encuestadas, la única que registra perspectivas negativas es la Pampeana (donde se concentran la mayor cantidad de industrias y la producción de bienes y servicios de consumo), con una contracción del 4%. La previsión NEO más positiva es la de Cuyo con +15%.
Como ya dijimos, este estudio se realiza trimestralmente. En la comparación con los resultados del período anterior, la caída de la Región Pampeana es de 3 puntos, es decir que sigue en valores negativos, pero más profundos.
Para completar los 3 elementos (de otros tantos) que alientan o desalientan la inversión y la toma de empleos en el sector de producción de bienes y servicios, no vamos a recurrir a analistas de mercado o economistas heterodoxos, sino a Jorge Day del IERAL que pertenece a la Fundación Mediterránea. Sin dejar de considerar los factores que mencionaba Guastini, el economista que reporta en la Fundación creada durante y contratada por la última dictadura militar (más precisamente por Guillermo Klein, querellado por delitos de lesa humanidad), asegura que “las ventas están muy bajas y las empresas no encuentran sentido a contratar más personal”.
Un empresario santafesino que suele aportar buenos datos en On pero pide Off para ésta frase, razona con una lógica que nada le debe a la marea libertaria, pues fue acuñada con anterioridad: “Nada es seguro para nosotros, ni los precios de los insumos, ni los del producto final y con él las ventas y la rentabilidad para volver a alimentar la rueda. ¿Por qué lo único seguro deberían ser las condiciones de trabajo”?
Resopla y apunta con el cigarrillo y la mirada: “no lo pongas porque me van a matar”. “No es para tanto” le digo, “eso te pasaba entre 1975 y 1983, mucho más a los trabajadores que a los empresarios, hoy te puede costar un escrache en la fábrica o un piquete virtual, para todo lo demás está el Comando Unificado de Seguridad Productiva que creó Bullrich, parecidísimo a los de la dictadura, pero en democracia”.
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