Las respuestas tienen un amplio rango y un interesante margen de pifia: en septiembre o diciembre, de un 15% a un 50% y de tres a seis meses de sobrevida respectivamente.
Pero lo que nadie discute es que la suerte del modelo y el ministro mesadinerista está atado –ya no al aporte de fondos frescos para levantar ningún cepo ni mucho menos dolarizar– sino a mantener una inflación de un dígito en torno del 4% de aquí hasta diciembre, aunque para esto tenga que inducir una depresión económica brutal (que incluye pulverizar salarios privados y públicos en niveles que son la envidia de Mauricio Macri y su ex Ministro de Flexibilización Laboral, Jorge Triaca) y hasta empeñar el otro patrio para fortalecer reservas y pagar vencimientos de deuda externa.
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El resultado esperado por el Messi de las finanzas no es salir campeón de nada sino sostenerse un año en el cargo, no mucho más. El relevo será (ya está comprometido con los dueños del país y del programa) pero no tan rápido. La estabilidad del gobierno está garantizada por el pacto no escrito entre la UIA, ADEBA, la Mesa de Enlace, la Embajada estadounidense, los principales medios de comunicación y una millonaria cantidad de argentinas y argentinos que siguen creyendo en que para ser felices mañana hay que sufrir hoy, por ahora no importa cuánto.
En las últimas horas se publicaron dos afirmaciones resonantes. La primera acerca de un nuevo índice combinado elaborado por las Bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario (presentado en la sede porteña de la Casa de Santa Fe, con el acompañamiento del gobernador Pullaro), que asegura que si bien la economía argentina acumula una recesión de 25 meses consecutivos (la tercera más extensa detrás de la serie de 2001 y los meses de pandemia y la cuarta más pronunciada desde 2009), se observa una variación mensual positiva en junio (+0,8%) que completa un segundo trimestre con un acumulado de +2,1%. Numerosos portales económicos y voceros del gobierno se apresuraron a decretar que éste es el promocionado piso a partir del cual comienza la recuperación.
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Sol González de Cap (FISFE) en la planta esperancina Gonella, justamente productora de estructuras de metal para la industria y la construcción, uno de los tres rubros que impulsó en alza el índice general de actividad.
La segunda es de Pablo Bercovich, economista del Obervatorio de PyMES Argentinas (IPA), que aseguró que la desindustrialización es un objetivo de política económica libertaria y que proyectan -de no corregirse la gestión económica y en el peor escenario- el cierre de unas 12 mil pequeñas y medianas empresas, con la desaparición de 200 mil puestos de trabajo registrados durante 2024 (47 mil correspondientes al sector PyME).
Pero, ¿cuál es la situación de Santa Fe y cuál es el impacto de la política de recesión inducida por el gobierno nacional? La economista Sol González de Cap de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), cuya representación es en más de un 90% PyME, nos aporta algunas correcciones.
“No vemos signos de una recuperación en V ni a corto ni a mediano plazo”
El último informe consolidado de FISFE sobre su indicador de actividad industrial está actualizado a mayo y muestra 12 meses consecutivos de caídas interanuales. Larga es la discusión acerca del promedio estimado para configurar una depresión (10 meses) en vez de una recesión, no entraremos aquí en eso. Veamos el cuadro general provisto por ese informe, donde también se observan indicadores claves de la actividad en Santa Fe.
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Como se puede ver, el indicador general cerró el primer trimestre con un negativo de -18,9%, muy cerca del pico de diciembre 2023. Sol González de Cap no se apresura a proyectar sobre junio y julio las tendencias que se publican para el desempeño nacional: “nosotros tendremos los números de julio el 12 o 13 de éste mes, no hacemos evaluaciones en base a encuestas (como por ejemplo la del IPA o el REM que publica el Banco Central), es en base a los datos que declaran las empresas, pero sí te puedo decir que no vemos el final de la recesión, esa recuperación en V que se pronostica o el piso de la caída en junio”.
Sobre las caídas interanuales la economista releva que la profundidad es cada vez menor, “pero los meses tradicionalmente de rebote, como marzo o mayo, están muy por debajo de las series de 2022/23 e incluso desde 2018 (…) el mes de marzo de 2024 fue incluso peor que el mismo mes de 2020”.
El siguiente cuadro desglosa el desempeño de las ramas que aportan al producto industrial santafesino en donde más impacta el modelo de ajuste salarial, con la consecuente caída de consumo y de ventas (el cuarto eslabón es la caída de la recaudación, que fue del 9% en julio y obliga a un ajuste perpetuo).
Todas las ramas en caída libre y pronunciada, salvo las vinculadas con el complejo productivo agroexportador y “Productos metálicos para uso estructural” (torres, armaduras, tanques) traccionado por las obras que la provincia asumió con fondos propios o negoció a cambio de votos para la Ley de Bases y el RIGI en el Congreso.
“Las actividades vinculadas al agro sostienen, amortiguan, pero no están en su mejor momento, de no ser por eso el indicador negativo de mayo hubiese sido no del 9 y medio sino del 15%”, estima Sol González. Cuando la consultamos desde AIRE sobre la percepción de los empresarios agremiados en FISFE, nos encontramos con expectativas heterogéneas: “hay un deseo de supervivencia y algo más en que la cosa mejore, pero no es para todos igual, la actividad está planchada porque el consumo lo está y nosotros agrupamos a una gran mayoría que vuelca sus productos en el mercado interno (…) en el sector de energía o minería hay una mirada más benévola sobre el segundo semestre, o los que están diversificados y perfilados hacia el mercado externo”.
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Lo que está claro es que no va a haber rebotes en V, en U, en W (todas letras que están en el final del abecedario, como la luz del fondo del túnel de Gabriela Michetti, reciclado por el refranero libertario).
Suspensiones, no cierres ni despidos: Santa Fe resiste, según FISFE
Datos provistos por la Secretaría de Trabajo de la provincia, que homologa los acuerdos reducción de jornada o suspensión de turnos entre empresas y trabajadores, revelan que al 31 de mayo había 110 empresas con procesos preventivos de crisis y 1.594 puestos de trabajo registrados menos, cifra que emparda los peores meses del macrismo e incluso de la pandemia (cuando el estado se hacía cargo de parte de los sueldos a través de las Asignaciones Compensatorias de Salario o de los REPRO).
Hoy FISFE no cree que la destrucción de empresas y puestos laborales en miles se replique en Santa Fe. “No veo un proceso de destrucción de empresas, sí empresas que bajan sus niveles de actividad, reducen turnos o directamente suspenden planteles de trabajo; la caída de actividad no se discute, pero en el sector industrial no vemos eso, tal vez sí en el mundo micropyme que incluye establecimientos comerciales o de servicios”.
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¿Y el RIGI? ¿O Santa Fe necesita un régimen de promoción industrial particular como el que diseña la provincia de Buenos Aires? Sol González asegura que “la mirada de FISFE es pública, vemos con buenos ojos un régimen que brinde estabilidad macro económica para invertir en el país, hicimos nuestros aportes sobre las deficiencias del proyecto original y fueron incorporados, algunas quedaron pendientes y esperamos que puedan incluirse en la reglamentación”. Que la provincia adhiera a éste régimen -que desde un sector del peronismo se calificó como un “nuevos Estatuto de Coloniaje” con una cesión inaceptable de recursos y derechos que perjudican económica y jurídicamente a las provincias- es inevitable para FISFE, para evitar las desventajas potenciales con las que sí adhieran y para un grupo de inversiones en particular (energía, minería, producción de maquinaria agrícola).
Los regímenes de promoción provinciales requieren mejores ideas y decisiones de gestión según la mirada de FISFE, “hay que darles fuerza de ley, eso es parte de nuestra hoja de ruta y que compartimos con el gobierno provincial, Santa Fe es una provincia muy industrial y nosotros generamos empleo en todo el territorio, tenemos que cuidar esto”, sugiere la economista.
El debate en torno del salario y el lawfare contra sindicalistas: datos antes que opiniones
Esta semana y producto del debate suscitado sobre el freno recesivo y cuál es la variable macro que mejor explica la baja inflacionaria y el superávit fiscal (además de un dólar oficial baratísimo y paralelos contenidos al costo de quemar reservas), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas publicó, en base a datos oficiales, la serie real de los salarios. Cuánto perdieron desde la brutal devaluación inicial de diciembre de 2023. El resultado son las siguientes curvas:
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Tomando como punto cero la previa a la devaluación (en la que el salario registrado ya acumulaba 5 años consecutivos de caída), el deterioro se profundizó producto del salto inflacionario inducido y la política de paritarias bajas, de un dígito pobre o directamente cero en el sector público, el más perjudicado. En promedio y lejos de los anuncios gubernamentales, el salario perdió un 13% contra el índice de precios, en los primeros cinco meses del año.
Mención final para los co-responsables de la contraparte, que condicionados por dirigentes como Pablo Moyano se retiran del Consejo de Mayo (por ahora), pero justifican su declaracionismo estático con un mix notable: mostrando encuestas de imagen del presidente, la cantidad de afiliados que votaron motosierra y licuadora o contando anécdotas de la vida cotidiana, como la del verdulero de la esquina al que le va peor, pero cree que hay que darle tiempo al topo que es el Javo: los sindicatos.
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El Secretario de Trabajo, Julio Cordero, abraza afectuosamente al constructor de consensos Gerardo Martínez, junto a Furlán (UOM), Daer (Sanidad) y Acuña (Estaciones de Servicios). Mientras se negocia una vuelta a la Mesa de Diálogo para validad la reforma laboral, otro sector del gobierno impulsa causas contra algunos dirigentes sindicales.
No hay pérdida sin complicidad o impotencia, actitud que quizás empiece a reconsiderarse cuando ingresen a los juzgados federales las causas que el dispositivo de espionaje y operación continua –que coordinan Santiago Caputo, Patricia Bulllrich y al que se apresta a sumarse el próximamente repatriado Pepín Rodríguez– tiene prácticamente listas contra los principales dirigentes de la CGT. ¿Podrán?