La baja de 10 puntos del impuesto País será compensada en la recaudación por un tarifazo generalizado de cinco puntos en promedio. El impacto en los precios de bienes de consumo será prácticamente nulo.
El ministro Luis Caputo acaba de decidir una rebaja para empresarios en dólares y aumento de costos para el resto en pesos para compensar la ecuación fiscal.
Las escuelas de periodismo tienen varias soluciones para la organización contenidos informativos. Retomemos el esquema clásico, muy apropiado para dos trastornos de la época: ansiedad irrefrenable y cierta pereza lectora. Primero los datos y las predicciones.
La baja del impuesto País (IP), que este mismo gobierno llevó de 7,5% al 17,5%, generará un costo fiscal de hasta el 0,18% del PBI, lo que equivale a la mitad de los recursos necesarios para afrontar el incremento jubilatorio que vetará en su totalidad el presidente Javier Milei, y al 20% del superávit fiscal que presume el gobierno nacional, según estimaciones del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal).
El empeño militante en beneficiar a los que más tienen y trasladarles el costo del ajuste a los que menos, llevó al gobierno a tocar su “impuesto estrella” (junto a las retenciones al complejo agroexportador) y encarecer la vida cotidiana de los millones de argentinos y argentinas que soportarán aumentos en las tarifas de luz, gas, precios de combustibles y transportes y medicina prepaga de entre el 3% y el 6%.
Aumento que podría llevar el peso de los servicios públicos en la canasta de consumos familiares del 11% actual hasta el 15% en promedio; canasta que desde diciembre 2023 se incrementó un 356% a junio (según el último informe de Tarifas de la UBA y el CONICET) y cuyo mayor cargo para el bolsillo de los y las argentinas es el transporte público. Servicio esencial que tampoco está garantizado, ni siquiera con un “boleto ideal” de $1.465,63, como el que reclamaron las empresas de autobuses santafesinas. Hoy no están garantizados ni el sueldo de los choferes –que tal como anunciamos en otra nota de AIRE además reciben aportes por el 12% de sus salarios de pobreza– ni la reparación correcta de las unidades que transportan centenas de miles de pasajeros, cuya mayor seguridad es la experiencia del chofer y los mecánicos, para evitar accidentes mayores y menores.
Hablando de prioridades y compensaciones posibles, el informe del IARAF también proyecta la ganancia producida si el gobierno no bajase la alícuota de aquí en adelante ni eliminara el IP en diciembre. El textual afirma que “la rebaja de la alícuota del impuesto del 17,5% al 7,5%, implicará una pérdida de ingresos por o,13% a 0,18% del PBI en los últimos cuatro meses del año, lo que equivale a una pérdida de entre el 14% y el 20% del superávit fiscal anualizado”.
Pero “incluso con ésta nueva alícuota y si el gobierno no eliminara el impuesto en diciembre, tal como planteó la ley al momento de su creación, brindaría una recaudación a lo largo del año del 0,76% del PBI”.
Esto quiere decir que –más allá del costo político relativo del veto total que ya tiene escrito Milei– con esa recaudación disminuida se paga una vez y media el módico aumento de jubilaciones dispuesta por el Congreso. El problema no es de recursos faltantes ni la “maldita herencia populista”, sino de las prioridades de un gobierno de coalición, con dificultades por dos restricciones, una interna y coyuntural y otra externa y estructural: los desequilibrios emocionales e ideológicos del presidente y la escasez de dólares.
Dicho lo primero, acerca del tarifazo que encarecerá la Canasta Básica Total de los 47 millones de argentinos y argentinas (aunque muchos aún puedan solventarla), lo otro la promesa vana de que “el gobierno hace éste sacrificio porque así los precios van a bajar en setiembre y con ellos también la inflación”.
En primer lugar, no hay sacrificio del gobierno. Si el impacto es sobre la recaudación, al ajuste y las privaciones son para la sociedad, el único costo que pagará el gobierno será electoral (o no será), en uno o tres años. Y, en segundo lugar, tampoco es cierto que los precios bajarán traccionados por la baja en los costos para importar insumos o bienes durables de los empresarios beneficiados.
El IARAF reconoce que habrá un margen para trasladar a precios la reducción impositiva, pero que esto no suele suceder, que los precios son inelásticos a la baja en un contexto de incertidumbre y devaluación inminente y que el impacto puede ser mínimo, pero sólo en bienes que tengan insumos importados o bienes finales del exterior. La cuantificación es la siguiente: “si la carga del IP es del 6% en el producto final que cuesta $1.000 en el mercado, la rebaja sería de apenas $60 o incluso menos si la transferencia a costos fuese menor al 100%”.
Por lo tanto, el cuento es más bien una fábula y corta, con un final diferente al que cuentan desde el Ministerio de Economía, casi dibujado, tanto con el 4% de inflación que esperan para setiembre, mes en el que tendrán un impacto diferencial los precios regulados, que representan un 8,5% en la ponderación del índice inflacionario, pero que aumentarán casi todos.
Esos costos aumentaron desde diciembre en niveles altos y variables, un 75% la luz, 82% el transporte de pasajeros, 120% en las prepagas de salud y un 500% el gas. En setiembre vuelven a incrementarse todos, además del costo de la educación privada (+4,5%) y los alquileres con alivio irrisorio: por primera vez en 50 meses, el Índice de Costos de Locación (ICL) se desaceleró del 247,5% al 243,16%.
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Con la diferencia bien podrán encarar alguna reforma moderada o volver a consumos burgueses reprimidos, tales como el cambio de la cortina del baño, la infaltable renovación de víboras y felpudos que yacen al pie de las puertas o esa demorada renovación del stock de repasadores de cocina.
Pero seamos serios y sentemos cabeza en otro dato. El aumento global del costo en la canasta total de servicios medidos al mes de julio –que según muchos tributaristas ya superan el gasto familiar en bienes– fue del 374%, muy por encima de la inflación acumulada que ascendió al 263,4%.
Eso sí, nada de cierres deprimentes: si bien la política tributaria en particular y la económica en general del gobierno nacional no podrán detener los precios en setiembre, tampoco podrán detener la primavera, apenas demorarla por unos días.
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