Cupo o salariazo, el debate por el precio de la carne

Incluso los jugadores más importantes de un sector de actividad económica que representa 2,5 puntos del PBI, genera 430.000 puestos de trabajo y exporta más de u$s 10.000 millones anuales, admiten que en los últimos cinco años y al calor de la desregulación total impulsada por Cambiemos, se registran elevados niveles de informalidad en el mercado y que la aparición de China como comprador y nuevos operadores de ventas sin escrúpulos, registro oficial ni estructura para transporte o almacenamiento, complicó un escenario donde los principales perjudicados son el Estado (por subfacturación de exportaciones e ingreso de dólares sin declarar) y los argentinos (por el aumento incesante del precio de los cortes que consumen y en cantidad decreciente).

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A este complejo panorama hay que sumarle el hecho de que muchos de los 350 frigoríficos habilitados por el Senasa para faena, son socios de ésos traders en las operaciones ilegales y que impactan en la recaudación de divisas –en un país que no imprime dólares y con problemas de restricción histórica– y en el recalentamiento de precios por escasez de oferta para el mercado interno.

Pero el cupo que la Mesa de Enlace llama cepo (junto a "la grieta" otro hit del neoliberalismo cultural) y pone un techo promedio del 54% del volumen mensual exportado en el último semestre de 2020, fue prorrogado por la Resolución Conjunta No. 5 hasta el 31 de octubre y generó una especie de cisma entre las organizaciones que agrupan a productores y empresarios frigoríficos. Y decimos "una especie" porque en realidad a nadie la gusta la medida, pero existen diferencias basadas en la oportunidad para declarar un lock out bajo la consigna de que se perdieron más de u$s 1.000 millones desde junio y cuando las estimaciones del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (integrado por la Sociedad Rural Argentina y el consorcio ABC de exportadores, entre otros) se observa que la carne en mostrador aumentó un 83% en términos interanuales, la hacienda un 77% (30 puntos por encima de la inflación) y resulta imposible alegar las pérdidas de rentabilidad de acusa la Mesa de Enlace.

Sobre éste mismo cuadro, el economista y director de Cepa, Hernán Letcher, apunta que hasta entrada en vigencia de la Resolución 5 la carne en mostrador aumentó un 83%, la hacienda un 88% y el maíz un 92% y que luego de implementado el cupo los precios al público se mantuvieron y estabilizaron en los niveles de junio 2020, pero tanto la hacienda como un insumo esencial para el alimento en feedlots como el maíz bajaron un 6% y 7% respectivamente. “La verdadera pregunta no es por la rentabilidad, sino quién se está quedando con la diferencia entre el precio de la hacienda en pie y de los cortes en mostrador” asegura con criterio Letcher.

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El ministro Matías Kulfas salió a cruzar otro dato controversial que empuña el sector para exigir el cese del cupo, el de los 150 despidos formalizados en frigoríficos por la saturación de cámaras por stockeo, difundido por Daniel Roa, titular del Sindicato de la Carne de Santa Fe. Fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo consultadas por AIRE para ésta nota aseguran que “es una fake news, nosotros consultamos al Ministerio de Trabajo que conduce Juan Manuel Pusineri y no hay registros de esos despidos que denuncia el sindicato. Hay situaciones de tensión en algunas plantas, pero eso es otra cosa”.

Lo real es que los incrementos de precios en mostrador no ceden y ya rozan o superan los –por ejemplo– $1.000 en pulpas de ternera y $900 en picada especial en los principales supermercados santafesinos, mientras que los salarios siguen retrasados entre 6 y 8 puntos respecto de la inflación y 30 puntos en promedio respecto del aumento interanual que apuntábamos más arriba para la carne. Es una de las realidades que explica que el derrumbe del consumo per cápita de 25 kgs por persona en dos años. La conclusión –como el problema- no da para chicanas ni simplificaciones, el cupo per se no impactó en los valores para el mercado interno y las limitaciones de los acuerdos y controles de precios, tampoco aportaron demasiado. Pero es cierto que durante el período inaugurado por la primera resolución conjunta, y más allá del comportamiento de precios inelásticos a la baja, el gobierno comenzó a reconfigurar el esquema de controles desarticulado por el macrismo para transparentar un sector que requiere intervención estatal dado que las carnes representan –con vegetarianismo y veganismo en boga creciente– el 20% del gasto de los hogares y que tiene una incidencia del 8% en el IPC.

La carne o el sueldo, o las dos cosas

Sin ánimo de entrar en anécdotas de coyuntura del estilo “Máximo es el autor intelectual del cepo prorrogado” o “la llave para destrabarlo”, cabe recordar que en notas anteriores nos ocupamos de la restricción temporaria dispuesta por el gobierno nacional, del problema macro que implica la falta de un mecanismo para la toma y la comunicación de decisiones al interior del Frente de Todos –que puso al gobernador Perotti en una posición incómoda y al periodismo porteño y del palo en su contra- y de que la mayor restricción para que los argentinos pudiesen acceder a alimentos esenciales como las carnes no era tanto el precio (que debería ser controlado con mayor grado de eficacia) sino el salario real, el más bajo desde 2015 y en la historia de las Paso.

El principal problema del acceso al consumo de carnes rojas por parte de les argentines responde mucho más a la pérdida del poder adquisitivo del salario que al hecho incuestionable del aumento de las exportaciones, particularmente la de cortes populares destinados a China y que impactó en los precios locales. La producción de animales se estancó, el marcado interno creció, la demanda externa también y el precio de la carne a valores constantes mostró alzas moderadas respecto a la brutal caída del consumo, que se explica más bien por algo que decimos todo el tiempo, es central en la agenda de la pospandemia del gobierno pero que aún no sucede, y es que los salarios pierden y van a cerrar 2021 perdiendo contra la inflación por cuarto año consecutivo y según el IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) reduciendo su poder adquisitivo entre 3 y 7 veces.

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Pero el gobierno nacional aún dispone de una herramienta polémica pero necesaria y tiene margen para negociarla superada la coyuntura electoral y con el cupo a las exportaciones como telón de fondo y hasta prenda de cambio: el aumento de las retenciones por encima de los 9 puntos actuales, con un techo de hasta 15 puntos, que bien podrían utilizarse para subsidiar el acceso a cortes difundidos para los sectores populares, con menores ingresos y sin afectar sensiblemente los niveles exportables. Esto mientras se siguen robusteciendo e integrando los controles cruzados de la Afip y la Dirección General de Aduanas, que acaban de detectar a cuatro exportadoras (Login Food SA, Frigorífico Alberdi, Black Bamboo Entreprises SA y Exportmeat SRL) trantando de enviar asado a China facturándolo como “cuarto delantero” y “hueso lumbar”. En el primer semestre del año se constataron maniobras de subfacturación u ocultamiento liso y llano de operaciones en 9 de cada 10 establecimientos, sobre un total de 150 frigoríficos relevados.

En un país en el que la canasta de consumo de alimentos coincide casi perfectamente con los principales productos de exportación, las retenciones deberían dejar de ser una herramienta de última instancia o atada a la derrota conceptual a manos de la derecha y constituirse en la herramienta clave para abastecer a precios razonables y en cantidades suficientes el mercado interno. Conflictividades con quienes deben pagar esos aranceles van a existir siempre y debería ser el precio a pagar, la puja a sobrellevar escogida por un gobierno que brega por la inclusión y defender la mesa de los argentinos y particularmente de su base electoral.

Al hilo de lo expresado por el gobernador santafesino, hay que ampliar las superficies para la cría extensiva e intensiva de ganado (recuperando parte de lo perdido con el boom sojero y de los cereales) y financiar a los productores para incrementar la oferta, morigera la extensión de las restricciones para asegurar el abastecimiento del mercado interno, intervenir para equilibrar la rentabilidad hacia adentro de la cadena de producción agroindustrial y detectar abusos en la apropiación de la rentabilidad, mejorar los controles del comercio exterior de carnes y sobre todo, impulsar y sostener un crecimiento sostenido de los salarios –no para alinearlos con precios y tarifas- sino para que los superen holgadamente y permitan una recuperación aún no se percibe en la calidad de vida y consumos cotidianos de buena parte de la sociedad argentina.