Según fuentes del Ministerio Público Fiscal, las expresiones fueron vertidas en dos emisiones que se transmite por FM del Sur 103.7 de Verónica, en los meses de junio y julio pasados, en donde la fiscalía, integrada por Gonzalo Miranda, Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira, sostuvo que no se trata de una opinión política ni de un exabrupto aislado, sino de un “mensaje que legitima y glorifica prácticas del terrorismo de Estado”, alentando simbólicamente la repetición de esas violencias.
"Todavía huele a justicia el baúl de un Falcon verde": imputaron a un exmilitar
Jorge Pablo Cabrera
Según fuentes del Ministerio Público Fiscal, las expresiones fueron vertidas en dos emisiones que se transmite por FM del Sur 103.7 de Verónica, en los meses de junio y julio pasados.
LEER MÁS ► A 15 años del hallazgo en Campo San Pedro, renovaron el recorrido del sitio de memoria
La fiscalía remarcó que reivindicar el vehículo como instrumento de “justicia” implica desconocer los compromisos internacionales del Estado argentino en materia de memoria, verdad y justicia, además de revictimizar a quienes sufrieron aquellos crímenes.
La imputación se basa en el artículo 213 del Código Penal, que tipifica la apología del delito, y en el artículo 3° de la Ley Antidiscriminatoria N° 25.392, que sanciona con hasta tres años de prisión a quienes promuevan el odio por motivos políticos, religiosos o raciales.
La fiscalía recordó además la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que admite limitaciones a la libertad de expresión cuando se utiliza de forma abusiva para incitar a la violencia o legitimar violaciones masivas a los derechos humanos.
LEER MÁS ► Trata de personas en el norte de Santa Fe: "Hay muchos casos que no se denuncian", advirtió Emilio Jatón
El pedido de indagatoria fue presentado ante el Juzgado Federal N°1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla y la causa se inició a partir de dos denuncias presentadas en julio, una de ellas por la Comisión Provincial por la Memoria, que fueron unificadas en un mismo expediente.
Finalmente, la Unidad Fiscal concluyó que las manifestaciones de Cabrera “no solo afectan los derechos de las víctimas, sino también la memoria colectiva y los estándares democráticos que garantizan la no repetición de los crímenes de lesa humanidad”.