En medio de recortes presupuestarios y auditorías del Gobierno nacional, las agrupaciones que nuclean a las personas con discapacidad le pusieron voz a los reclamos del sector y gestaron un proyecto de ley que busca conquistar nuevos derechos.
Desde los primeros meses de gestión, la administración de Javier Milei puso en discusión las partidas presupuestarias destinadas a las personas con discapacidad.
El 2024 significó para las organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad un año de lucha. El Gobierno nacional recortó presupuestos, despidió empleados de reparticiones de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) y amenazó con dar de baja a más de 200.000 beneficiarios de Pensiones No Contributivas.
A esto se sumaron los reclamos de los prestadores de servicios para actualizar sus montos de cobro y las alarmas que encendió el proyecto de decreto presidencial que pretende desregular el Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral para las Personas con Discapacidad.
Con el objetivo de analizar este contexto de emergencia, AIRE dialogó con Gabriela Bruno, activista y referente en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad.
Al respecto, aseguró: “Claramente hubo una decisión política de desprestigiar a las personas con discapacidad. El hecho de poner en tela de juicio si corresponde o no el Certificado Único de Discapacidad (CUD) o una pensión, es horroroso. Están perfectas las auditorías, me parecen necesarias y al Estado le corresponde controlar, pero debe hacerlas con reglas de juego claras”.
Desde los primeros meses de gestión, la administración de Javier Milei puso en discusión las partidas presupuestarias destinadas a las personas con discapacidad. La mirada se posó puntualmente en el número de beneficiarios de las Pensiones Nacionales No Contributivas: se denunciaron supuestas irregularidades en el otorgamiento de las mismas y se anunciaron auditorías para regularizarlas. Mientras tanto, se proyectó la baja de casi 200.000 pensiones de cara al 2025.
El origen institucional de este ajuste se dio en la reforma de los requisitos para acceder al beneficio. El DNU 843/2024 volvió incompatible el cobro de la pensión con el hecho de tener un trabajo registrado o un auto a nombre del titular. Para las organizaciones que trabajan por los derechos del colectivo, esto significa un retroceso.
“De esta manera —explica Bruno— se vuelve a la posición médica hegemónica que evalúa. Para que se otorgue la pensión, la persona tiene que pasar por una lupa gigante. Por un lado, tiene que tener una incapacidad laboral mayor al 66%, cuando lo que se había conquistado era que a la persona con discapacidad que no contaba con recursos, le correspondía el beneficio. Además, tiene que acreditar pobreza y para eso se analizan sus ingresos y los de su entorno familiar. Hay un montón de personas a las que se les niega la pensión y se quedan sin ingresos, pero tampoco pueden trabajar porque nadie los toma por su discapacidad, es un círculo vicioso. Estos recortes nos vuelven al encierro”.
Bruno agrega que de la mano del recorte en pensiones está también la reducción del Programa Incluir Salud, mediante el cual el Estado financia el derecho a acceder a centros de día, centros educativos terapéuticos, hogares, transporte, estimulación temprana y acompañantes terapéuticos de quienes cobran la pensión y no tienen obra social.
Este ajuste implica que una gran cantidad de personas se quede sin cobertura de ningún tipo y trae aparejado el desfinanciamiento de instituciones y profesionales que trabajan en discapacidad. Según su mirada, este desfinanciamiento recaerá directamente sobre los gobiernos provinciales.
Respecto a los despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad que afectaron a varias oficinas de la repartición en el interior del país, Bruno interpreta que el gobierno desconoce las desigualdades de acceso que tiene la Argentina. “Es importante que se contemple que no es lo mismo vivir en los grandes centros urbanos que vivir en Jujuy, Santiago del Estero o la Patagonia; es diferente la posibilidad de obtener un turno, hacer un trámite y la cantidad de profesionales a los que uno puede acceder”.
En el mes de noviembre las organizaciones que forman el Foro Permanente de Discapacidad se movilizaron en distintos puntos del país con el objetivo de visibilizar la crisis del sector. En redes sociales, el hashtag fue #DiscapacidadBastaDeQuitas.
Entre los ejes del reclamo, además del pedido de eliminación del citado decreto 843/24, estuvo la actualización de los aranceles prestacionales acorde a los reales costos de los servicios institucionales, profesionales y de transporte. Esto apunta a que los montos actuales no se modificaron conforme a la inflación y los aumentos de salarios establecidos por los sindicatos, lo que lleva a una crisis del sector prestacional que no alcanzan a cubrir sus costos operativos.
“En Santa Fe hay muchísimas instituciones que hoy por hoy están haciendo beneficios para poder pagar sueldos, esto también impacta en la calidad de los servicios de las prestaciones que se brindan a las personas con discapacidad”, explica la activista.
Haciendo a un lado los números, el colectivo de personas con discapacidad reconoce que el balance que pueden hacer a nivel social tampoco es alentador y presenta muchas materias pendientes como el acceso al trabajo, la situación habitacional y la falta de accesibilidad en la mayoría de las ciudades del país. “Que la sociedad realmente pueda vernos como iguales es un gran pendiente, porque nos siguen mirando como personas a asistir, realmente estamos muy lejos. Estamos peleando por una pensión pero en realidad nosotros tendríamos que estar discutiendo otros temas mucho más importantes, de alguna manera nos corren el eje de la discusión”, señala la activista.
Con el objetivo de poner en conversación estas necesidades este mes se presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de Ley Marco de Derechos de las Personas con Discapacidad que, en armonía con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, propone superar la normativa anterior asentada en viejos paradigmas.
La iniciativa mejora y simplifica los trámites para acceder a los derechos que garantiza el CUD, asegura la formación de los profesionales en el sector, promueve la inclusión laboral en el ámbito público y privado, propone una asignación universal por discapacidad con el fin de fortalecer la protección socioeconómica, y pone en relieve la figura del asistente personal para facilitar la autonomía.
En medio de un escenario adverso, las personas con discapacidad encuentran en la organización colectiva, la defensa de los derechos adquiridos y la gestación de nuevas políticas la posibilidad de alcanzar nuevas conquistas.
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