Estafas virtuales: un banco deberá suspender el cobro de las cuotas de un préstamo hackeado
Una mujer de Rosario fue víctima de una estafa virtual, perpetrada por ciberdelincuentes que vulneraron el home banking de la entidad financiera en la que habitualmente opera, y ahora la Justicia determinó que el banco debe suspender al menos durante 90 días el cobro de las cuotas de un préstamo que los estafadores tomaron a nombre de la víctima durante el hackeo. La abogada de la damnificada, Fabiola Piemonte, habló con AIRE y brindó detalles del caso y de los argumentos con los que la Cámara Penal hizo lugar a la medida cautelar solicitada.
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Todo comenzó en mayo de 2021. "Mi clienta estaba en medio de una operatoria por mudanza, que le implicaba varias transferencias de dinero. En ese contexto recibe la llamada de una persona de apellido Bustos, que se identifica como personal de una entidad financiera, le brinda todos sus datos personales para corroborar y le dice que va a recibir un SMS con un número de cuatro dígitos porque es la nueva modalidad del banco que suprimía la tarjeta de coordenadas y la reemplazaba para futuras transferencias on-line por ese número de cuatro dígitos que iba a recibir por SMS", relató la abogada.
En ese momento, la víctima -cuyo nombre es Jorgelina y es médica de profesión- no desconfió de la llamada porque "le brindaron todos sus datos personales y automáticamente recibió el código en cuestión por SMS, desde un número que era habitual de la entidad financiera", explicó Piemonte. "Le piden que brinde el código, ella lo brinda, le dicen que se van a volver a comunicar por futuras cuestiones relacionadas al banco y cortan. Lo que ocurre acto seguido es que recibe una notificación de red Link diciendo que le bloqueaban el home banking por movimientos sospechosos. Cuando ella se apersona a un cajero automático, ya que no podía ingresar desde su computadora, se encuentra conque efectivamente tenía la cuenta bloqueada por actividad sospechosa y el cajero le retuvo la tarjeta", continuó.
Inmediatamente, la damnificada intentó comunicarse con el 0800 del banco pero no tuvo respuesta porque no era horario de atención. "Al día siguiente, a primera hora, realizó la denuncia en un Centro Territorial de Denuncias y se dirigió al banco. Ahí le informan que en su cuenta se había sacado un préstamo por casi 900.000 pesos, que red Link le había bloqueado la cuenta y que no había nada más para hacer. Ella deja asentado el reclamo y después, por mail, le dijeron que la operatoria había sido consentida por ella, desconociendo que, obviamente, había ocurrido un hackeo previo a la llamada y que se habían vulnerado todos los filtros de ciberseguridad del banco", advirtió la entrevistada.
"A Jorgelina la llaman con su home banking ya hackeado, de donde habían obtenido todos sus datos personales. Con ese código de cuatro números que le había llegado por SMS lo que hicieron fue adherir un usuario para transferencias inmediatas, y mediante ocho transferencias consecutivas a una cuenta en una entidad bancaria online, en apenas un minuto retiraron todo el dinero del préstamo personal que previamente habían sacado. Hasta el momento no sabemos si la persona que recibió las transferencias es real o ficticia", indicó Piemonte en diálogo con Alejandra Pautasso, Facundo González y Geraldine Brezán por Ahora Vengo.
Así comenzó el calvario de la víctima. "El banco empezó con los débitos automáticos de las cuotas del crédito, con montos de más de 50.000 pesos, que eran el 50% de su sueldo. En un mensaje que está incorporado al legajo de la causa, la entidad financiera hace un pseudoreconocimiento de que probablemente hubo un hackeo una vulneración a su ciberseguridad, pero descarga la responsabilidad en la víctima afirmando que ésta fue negligente por brindar sus datos por teléfono. Estamos hablando de un préstamo preaprobado en línea, del cual no hubo ni siquiera un mail de confirmación para autorizar una operación de casi 900.000 pesos con 48 cuotas que le iban a insumir el 50% del haber salarial", cuestionó la letrada.
El proceso judicial
Como parte de la estrategia legal, la víctima y su abogada decidieron argumentar que el hecho consumado constituye un delito, que debe ser investigado por la Justicia penal, y no una mera vulneración a los derechos del consumidor, algo que se tramita en el fuero civil. "A diferencia del fuero civil, en la órbita penal las audiencias son orales y hay mayor celeridad en el proceso, por eso nosotros instamos en sede penal esta figura que es una medida cautelar innovativa que tiene como efecto hacer cesar rápidamente las acciones de la requerida (en este caso, el banco) cuando se acredita que hay un delito cometido que está siendo investigado, y que dichas acciones pueden agravar el daño producido por el hecho ilícito penal", explicó la entrevistada.
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Piemonte destacó la actuación de la fiscal Ana Julia Milicic, que acompañó la posición de la víctima "en todo momento". "En primera instancia, lo que pasó fue que el juez hizo lugar al planteo del banco y entendió que había una cuestión de competencia del derecho del consumidor, con lo cual nosotros disentimos", contó la abogada.
El siguiente paso fue apelar a la Cámara penal, donde la letrada que representa a Jorgelina insistió con el planteo previo: que "claramente" a través del hackeo del home banking había ocurrido un delito de phising, que es una forma de estafa, y que había una urgencia en la cuestión porque el derecho alimentario de la víctima estaba siendo afectado afectado: "En su artículo 23, el Código Penal dice que hay que hacer cesar los efectos dañosos de un delito, y nosotros entendíamos que el banco estaba reproduciendo el efecto del delito, al descontar todos los meses del sueldo de Jorgelina casi la mitad de su haber alimentario", argumentó Piemonte.
La mirada de la Cámara sobre el asunto fue diferente a la del juez anterior: "La jueza Carolina Hernández entendió que el magistrado de la Primera Instancia no había evaluado los presupuestos de la medida cautelar, que el fuero penal sí es competente y que hay un doble parangón: que si bien estamos hablando de una afectación a los derechos del consumidor también estamos hablando de la víctima de un delito, y que el sistema penal tiene que hacer efectiva tutela de derechos en relación a eso mientras se avance en la Investigación Penal Preparatoria", detalló la entrevistada.
Tras considerar todos esos aspectos de la cuestión, la jueza de Cámara resolvió que aunque aún no haya imputados por el hecho delictivo, lo primordial es garantizar los derechos de la víctima. "Además, la jueza entiende que el banco también es una víctima subsidiaria y que si en algún momento se recupera el dinero tiene derecho a percibirlo, pero no podemos comparar el poder de las víctimas en esta balanza. Por un lado estamos hablando de una médica asalariada que venía perdiendo el 50% de su sueldo y una entidad financiera que 'perdió', entre comillas, 900.000 pesos pero que tiene seguro de caución y por lo tanto en algún momento los va a recuperar", explicó Piemonte.
En esta línea, la jueza de Cámara revocó el fallo de Primera Instancia y le ordenó a la entidad financiera suspender por 90 días el cobro de las cuotas del préstamo obtenido por los ciberdelincuentes mediante el hackeo del home banking. "Noventa días es el plazo de revisión de las cautelares en el sistema penal hasta tanto se avance con la investigación, lo que no implica que vencido ese plazo nosotros no podamos pedir una nueva audiencia para que se mantengan los términos de la cautelar", concluyó la abogada.