El MPA de Santa Fe deberá elegir un nuevo fiscal para la reapertura de la causa Moderno House
La medida se debe a que la Fiscalía General ordenó reabrir la investigación que fue archivada en 2025 por el entonces fiscal Federico Grimberg.
Damnificados en la puerta de la sede judicial en donde funciona la Fiscalía de Delitos Complejos.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe deberá designar en los próximos días un fiscal para la reapertura de la causa contra la empresa Moderno House, investigada por estafas con la construcción de viviendas pre fabricadas en la ciudad y región.
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La medida se da luego de que la fiscal general, Cecilia Vranicich, resolvió el último viernes reabrir la investigación que en 2025 había sido archivada por el entonces fiscal de delitos complejos, Federico Grimberg, quien actualmente se desempeña en el área de ejecución penal.
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En su momento, Grimberg había considerado que no existía el delito de estafas pero sí un un incumplimiento contractual al no concluir obras prometidas, por lo que recomendó seguir con el caso en el fuero civil.
El archivo fue luego confirmado por el regional Jorge Nessier, sin embargo, esa decisión fue recurrida por el abogado querellante, Ignacio Chigal, ante la fiscal general Cecilia Vranicich que le dio la razón y ordenó reabrir la investigación.
Las claves del desarchivo de la causa Moderno House
En sus fundamentos, la jefa de los fiscales del MPA dispuso que la reapertura de la causa se realice al considerar que si hubo un posible ardid para defraudar a las víctimas con la promesa de viviendas prefabricadas que nunca se entregaron.
De hecho, solicitó establecer si el entonces titular de la firma, Gabriel Segovia, pudo tener antecedentes similares en una empresa de Uruguay.
La fiscal general estimó necesario que se tomen una serie de entrevistas para tratar de establecer también cuál fue la ruta del dinero que se le cobró a los clientes y que nunca se trasladó a las obras prometidas. Inclusive, apuntó a un local gastronómico de Sauce Viejo y el cual habría estado vinculado al titular de la empresa investigada.
Dos imputados y una causa reabierta
La causa que investigó a la firma Moderno House se originó en 2024, luego de que su responsable, Néstor Segovia, y más tarde su pareja, Camila Dos Santos Rizzi, fueran denunciados por no concretar la entrega de las viviendas prefabricadas que ya habían sido abonadas por damnificados de Santa Fe y zonas aledañas.
A partir de estas presentaciones, se puso en marcha una investigación liderada por el fiscal Grimberg. El funcionario judicial imputó a los sospechosos de haber defraudado a múltiples clientes mediante la firma de convenios para la edificación de casas prefabricadas bajo el nombre de Moderno House, percibiendo adelantos económicos —e incluso pagos totales— sin la voluntad real de ejecutar los compromisos comerciales pactados.
En la etapa inicial, el fiscal sostuvo que los acusados se valieron de falsas promesas de entrega, y que la paralización de las obras -ya comenzadas- provocó un daño económico a las víctimas que, al arrancar el proceso, se estimaba en unos 27 millones de pesos.
A partir de allí, el expediente sumó marchas y contramarchas en el fuero penal. En primer término, se buscó una salida alternativa en el Área de Solución Pacífica de Conflictos (ASPAC) del Ministerio Público de la Acusación pero en dicha instancia, solo uno de los frentes querellantes arribó a un acuerdo con los directivos de la empresa. El resto de los denunciantes, en tanto, rechazó la vía pacífica y exigió que el expediente regresara a la Fiscalía para profundizar la acción penal.
Con el devenir de la investigación, sumaron sus declaraciones diversos testigos allegados a Moderno House, quienes detallaron el modus operandi de la firma y el rol de sus administradores. Sin embargo, en abril de este año —a casi doce meses de iniciadas las actuaciones—, el fiscal Grimberg resolvió clausurar y archivar el caso de forma definitiva. El argumento central de la Justicia fue que la conducta denunciada no configuró el delito de estafa, sino un incumplimiento de tipo contractual derivado de la no finalización de los proyectos edilicios prometidos.