La fiscal general del MPA ordenó reabrir la causa por estafas contra la empresa Moderno House

La fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, ordenó en las últimas horas reabrir la causa que investigó a una empresa de Santa Fe, Moderno House, denunciada por estafas con la construcción de viviendas prefabricadas.

La reciente resolución se dio a partir de un planteo impulsado por el abogado Ignacio Chigal -patrocinante de un grupo de damnificados- que se opuso al archivo de la causa que en su momento dispuso el fiscal Federico Grimberg y el cual fue confirmado por el regional Jorge Nessier.

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En su resolución, la jefa de los fiscales a nivel provincial resolvió hacer lugar al planteo de disconformidad y “disponer la reapertura” de la Investigación Penal Preparatoria que se tramitó en la Fiscalía de Delitos Complejos de Santa Fe.

Una causa archivada

El cierre de la investigación se dio en abril de 2025 luego de que el fiscal Grimberg consideró que no existían elementos suficientes para determinar que el hecho no fue una estafa en perjuicio de más de diez clientes, sino un incumplimiento contractual al no concluir obras prometidas.

“No toda disputa contractual puede trasladarse al ámbito delictivo sin un fundamento claro”, había destacado en su momento el funcionario judicial que actualmente presta funciones en la Unidad de Ejecución Penal.

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Damnificados en la puerta de la sede judicial en donde funciona la Fiscalía de Delitos Complejos.

El archivo de las actuaciones fue luego analizado por el fiscal Nessier quien compartió los fundamentos y confirmó el cese en la investigación al compartir los argumentos de Grimberg. “No lucen irrazonables, ni infundados”, dijo en su dictamen.

"Si bien es comprensible que la postura adoptada por el representante del MPA no satisfaga las expectativas de los denunciantes, tal circunstancia no torna arbitrario el temperamento adoptado, toda vez que, como se dijera, se encuentran debidamente analizados los aspectos centrales de la investigación, efectuándose una razonable interpretación y aplicación de las normas de fondo y de forma aplicables", destacó en su momento el fiscal regional.

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Tras esa resolución, el querellante Chigal recurrió a la fiscal general por lo que este viernes la máxima autoridad del MPA resolvió hacerle lugar al representante de los damnificados y ordenar el desarchivo de la causa.

El caso Moderno House

• La lupa judicial sobre el funcionamiento de Moderno House surgió en 2024 cuando sus titulares, Néstor Segovia, y con posterioridad su pareja, Camila Dos Santos Rizzi, fueron denunciados por no entregar las casas prefabricadas que habían cobrado a distintos clientes de Santa Fe y la región.
• Por las denuncias, se inició una investigación que estuvo en manos del fiscal Grimberg, el cual acusó a la pareja haber engañado a diversas personas mediante la celebración de contratos de construcción de viviendas prefabricadas a través de la empresa Moderno House, obteniendo pagos parciales o totales de los valores pactados sin intención de cumplir con las obligaciones asumidas.
• En su momento, el fiscal Grimberg consideró que los imputados hicieron falsas promesas de cumplimiento, pero el abandono de obras iniciadas generaron un perjuicio patrimonial para los denunciantes que –al momento del inicio del caso– rondaba 27 millones de pesos. Desde entonces, la causa tuvo sus idas y vueltas en el ámbito de la Justicia penal. En principio, las partes intentaron resolver el caso en el Área de Solución Pacífica de Conflictos en el seno del Ministerio Público de la Acusación (ASPAC), en donde solo una querella pudo lograr un acuerdo con los imputados mientras que el resto de los querellantes pidieron que el caso vuelva a la Fiscalía para avanzar con la causa.
• Con posterioridad, fueron incorporadas una serie de testigos vinculados a Moderno House y los cuales narraron su experiencia con la empresa y los encargados. Sin embargo, en abril de del 2025, casi un año después del inicio del caso, el fiscal Grimberg decidió cerrar el caso y archivarlo al considerar que no hubo estafa pero sí un incumplimiento contractual al no concluir obras prometidas.