El cese de la investigación había sido dispuesto por el entonces fiscal de Delitos Complejos, Federico Grimberg (que actualmente se desempeña en el área de Ejecución Penal), en abril de 2025 luego de considerar que no existen elementos suficientes para considerar que el hecho no fue una estafa en perjuicio de más de diez clientes, sino un incumplimiento contractual al no concluir obras prometidas.
“No toda disputa contractual puede trasladarse al ámbito delictivo sin un fundamento claro”, había destacado en su momento Grimberg a través de la resolución judicial a la que tuvo acceso AIRE.
Cuatro meses después, el fiscal regional ratificó el archivo al calificar que los argumentos que expresó Grimberg “no lucen irrazonables, ni infundados”.
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Jorge Nessier, el fiscal regional de Santa Fe, supo recibir a los damnificados de la firma Moderno House en Fiscalía.
"Si bien es comprensible que la postura adoptada por el representante del MPA no satisfaga las expectativas de los denunciantes, tal circunstancia no torna arbitrario el temperamento adoptado, toda vez que, como se dijera, se encuentran debidamente analizados los aspectos centrales de la investigación, efectuándose una razonable interpretación y aplicación de las normas de fondo y de forma aplicables", destacó Nessier.
El caso Moderno House
La causa que investigó a Moderno House surgió en 2024 cuando sus titulares, Néstor Segovia, y con posterioridad su pareja, Camila Dos Santos Rizzi, fueron denunciados por no entregar las casas prefabricadas que habían cobrado a distintos clientes de Santa Fe y la región.
A raíz de las denuncias, se inició una investigación que estuvo en manos del fiscal Grimberg, el cual acusó a la pareja haber engañado a diversas personas mediante la celebración de contratos de construcción de viviendas prefabricadas a través de la empresa Moderno House, obteniendo pagos parciales o totales de los valores pactados sin intención de cumplir con las obligaciones asumidas.
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En aquel entonces, el fiscal consideró que los imputados hicieron falsas promesas de cumplimiento, pero el abandono de obras iniciadas generaron un perjuicio patrimonial para los denunciantes que –al momento del inicio del caso– rondaba 27 millones de pesos. Desde entonces, la causa tuvo sus idas y vueltas en el ámbito de la Justicia penal. En principio, las partes intentaron resolver el caso en el Área de Solución Pacífica de Conflictos en el seno del Ministerio Público de la Acusación (ASPAC), en donde solo una querella pudo lograr un acuerdo con los imputados mientras que el resto de los querellantes pidieron que el caso vuelva a la Fiscalía para avanzar con la causa.
Posteriormente, se incorporaron una serie de testigos vinculados a Moderno House y los cuales narraron su experiencia con la empresa y los encargados.
Sin embargo, en abril de este año, casi un año después del inicio del caso, el fiscal Grimberg decidió cerrar el caso y archivarlo al considerar que no hubo estafa pero sí un incumplimiento contractual al no concluir obras prometidas.
