Desde hace varias semanas, prestadores y profesionales de la salud que trabajan con personas con discapacidad mantienen firme su reclamo ante la falta de pago de servicios que datan desde hace varios meses. Este conflicto con las obras sociales afecta de manera directa a las personas con discapacidad, quienes ven alteradas sus rutinas diarias y llegan a angustiarse ante la incertidumbre.
Profesionales de la salud y transportistas reclamaron el pago de haberes de las obras sociales por tratamientos brindados a pacientes con discapacidades.
En el programa Creo, José Curiotto charló con Susana De Castro, mamá de una joven con discapacidad. El testimonio de Susana refleja la situación que atraviesan muchas familias santafesinas en este momento.
La mujer contó que, en general, los chicos asisten a instituciones que están preparadas para atender todo tipo de discapacidad en diferentes áreas. “Hablamos de todas las cuestiones relacionadas con lo terapéutico, la sociabilización y lo educativo. La situación se complejiza aún más cuando se necesita el transporte y el traslado”, expresó.
En su caso particular, De Castro contó que su hija Camila asiste diariamente a un centro de día a través de un trasporte y que esta situación afectó la rutina a la que está acostumbrada. “Estos son los espacios de sociabilización de ellos. La estamos pasando muy mal. Es muy triste ver llorar a mi hija. Ella quiere ir con sus compañeras, con sus profesores. Quiere trabajar porque para ella la institución es todo. Se genera un vínculo muy fuerte”, agregó.
“La peleamos todos los días. La realidad que se vive es muy compleja y uno la rema, pero esto llegó a un límite”, planteó.
Conflicto con IAPOS
Además, la mujer contó que cayeron muy mal las declaraciones del director de IAPOS, Oscar Broggi, luego de la movilización de la semana pasada frente a Casa Gris. “Las instituciones no están cobrando desde abril del 2022 por lo que los pagos no son a 60 días, sino que son a 120 días. Es muchísimo”, advirtió.
El extenso periodo de cobro de la prestación se suma a que el monto que abona IAPOS es un 40% inferior a lo que establece el nomenclador nacional. Este contexto provoca que sea muy difícil poder acceder a los especialistas que las personas con discapacidad necesitan.
“Es terrible conseguir turnos. Los profesionales tienen en cuesta esta realidad. Pagan a cuatro meses ¿Quién puede vivir de esa manera? 120 días es un montón con un arancel que es muy inferior a lo que se establece nivel nacional”, aseveró.
“La verdad es que la situación es terrible y de una vulneración de derechos increíble. Si esto no es violencia, ¿qué es violencia? Queremos que nuestros hijos accedan a sus derechos como cualquier otra persona porque lo necesitan, lo merecen, y son lo más importante que tenemos en la vida. Apostamos a que se pueda solucionar”, concluyó.
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