Luego de que los arzobispados de Santa Fe y Rosario anunciaran la puesta en marcha de un sistema para recibir reportes sobre abusos sexuales cometidos por miembros del clero, lo que les valió una denuncia en la justicia penal por "usurpación de funciones", la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina emitió un comunicado en el que critica duramente la iniciativa de los arzobispos Fenoy y Martín y advierte que "una vez más, la iglesia católica intenta evadir y burlar el debido proceso. Una vez más intenta quebrar la Justicia, la única justicia para delitos graves cometidos por quienes forman la iglesia".
Desde la entidad, conformada por personas de todo el país que han sido víctimas de delitos de índole sexual por parte de sacerdotes y otros integrantes de la institución eclesiástica, entienden que el objetivo real del espacio creado por los arzobispados es conseguir de antemano información que pueda servir para proteger a los posibles abusadores. "Los cañones de la impunidad eclesiástica siguen apuntando a las víctimas. Esta vez en Santa Fe, quienes delinquen vienen por los testimonios de las víctimas, a cualquier precio, ellas no importan, se las puede revictimizar con el objetivo de siempre, encubrir delincuentes. El propósito es claro: quieren recabar toda la información posible en relación a los delitos cometidos, para de este modo desarticular a la víctima y evitar el desarrollo del debido proceso. Y así también de este modo generar un capital de información indispensable para futuras defensas de sus denunciados / delincuentes", expresa el texto que hicieron público este lunes.
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En esta línea de razonamiento, cuestionan puntualmente tres de los ítems del "protocolo" presentado por el Arzobispado de Santa Fe:
- Que "los informes contendrán los elementos de forma detallada, como indicaciones del tiempo y lugar de los hechos, de las personas involucradas o con conocimiento de los mismos".
- Que "en todos los casos, los hechos o sospechas denunciadas deben estar fundadas. Deberán estar firmados, con número de D.N.I. y un teléfono o dirección de correo electrónico".
- Y que "para esto se designó a un responsable de recibir esos informes y un asistente".
Frente a estos tres puntos, desde la Red se preguntan "¿quién en su sano juicio recurriría al victimario mismo para solicitar justicia y reparación? ¿Qué nos hace creer o considerar que quienes ya optaron por proteger, resguardar y encubrir delincuentes, optarán ahora por las víctimas?" y argumentan que "la historia, los hechos y nuestra experiencia propia certifican que no lo harán, que ya eligieron: ya han tomado partido y es por los delincuentes. Lo hicieron así con los curas Ilarraz, Moya, Escobar Gaviria, en Entre Ríos, y hasta César Grassi a varios años de su condena conserva el estado clerical. Siguen siendo curas, son delincuentes que son parte de la institución eclesiástica. Y es así porque tienen el aval del mismo Papa Francisco", explican.
Hacia el final del comunicado, afirman que "es imperioso recordar y tener presente que no es lo mismo un pecado que un delito, que no es lo mismo víctima que victimario, y que la iglesia no es el Estado. Y aquí está la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina para recordarlo, tenerlo presente y repetirlo. No nos callan nunca más", concluyen.
El planteo de la Red va en consonancia con lo expuesto por el abogado rosarino Carlos Ensinck, quien presentó la denuncia penal contra Sergio Fenoy y Eduardo Martín. Luego de que se conociera que el sistema anunciado por el arzobispado de Santa Fe había recibido el primer contacto de alguien que tenía una posible situación de abuso para reportar, Ensinck habló con Aire Digital y cuestionó: "¿Qué trato está recibiendo esta posible víctima?: ¿La Iglesia ya comunicó la situación a la Justicia penal?; ¿Quién determina si efectivamente se trata de un caso de abuso, una abogada y una profesora elegidas por el arzobispo?", insistió el letrado, desarrollando una serie de interrogantes que revelan las numerosas falacias del canal de recepción de denuncias establecido.
"La Iglesia -explicó Ensinck- no puede abrir un canal para recibir denuncias de delitos, como el abuso sexual. Lo que sí podría hacer es abrir un canal donde denunciar faltas eclesiásticas, como el abuso de conciencia o de poder. Y en todo caso puede haber alguna sanción eclesiástica. Es como si el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados convocara a la gente a denunciar casos de estafas. Lo que se sanciona en el Tribunal son faltas éticas, no delitos. Los delitos se denuncian en la Justicia porque esto brinda las garantías del sistema a las víctimas", concluyó.
El comunicado de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina
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