Con el crimen de Jeremías Monzón se aceleró el proyecto de baja de edad de punibilidad. Un juez le escribió al presidente Javier Milei: "La respuesta estatal debería ser previa".
Jeremías Monzón tenía 15 años cuando fue asesinado en la ciudad de Santa Fe.
El crimen de Jeremías Monzón aceleró el proyecto de ley para bajar la edad de punibilidad, que el gobierno ya tenía en carpeta. El dolor y el horror generan un campo fértil para ofrecer soluciones que —en realidad— no cambian lo que ya ocurrió ni previene lo que pueda ocurrir. En ese marco, el juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca, Rodrigo Morabito, le escribió una carta al presidente de la Nación Javier Milei.
“Todos los días veo rostros que no aparecen en las estadísticas ni en los discursos. Rostros de adolescentes cansados, rotos, sin esperanza”, dice el texto, que recuerda que estos chicos y chicas “llegan tarde a la Justicia, después de haber sido violentados en sus hogares, expulsados de la escuela, abandonados en las calles, consumidos en las drogas y, muchas veces, utilizados por adultos inescrupulosos para delinquir”.
—¿Qué lo movió a escribirle la carta al Presidente?
—Y… no solamente el dolor de las víctimas, sino también el dolor de los victimarios. Todo. En un contexto donde nosotros cotidianamente administramos dolor, nos causa mucha tristeza, mucha desazón, ver que en estos conflictos terminan dañados chicos que nunca han tenido una oportunidad y chicos o chicas que tenían todo un futuro por delante y no lo pueden desarrollar. Entonces, me pareció indispensable contarle al presidente el trabajo que hace el fuero especializado.
LEER MÁS ► Patricia Bullrich habló en exclusiva con AIRE: "Lo de Jeremías fue la gota que rebalsó el vaso"
En la carta, el juez aclara que no escribió para “justificar delitos”.
“Tampoco le escribo para negar el dolor inmenso de las víctimas ni el sufrimiento irreparable de sus familias. Ese dolor merece respeto, escucha y respuestas serias del Estado”, expresó Morabito.
—Usted en la carta plantea que la ausencia estatal es previa. Pero también posterior, porque no hay instituciones adecuadas para reintegrar a estos adolescentes…
—Hay muy poco presupuesto al respecto y la verdad es que tampoco se dice en este proyecto de ley del gobierno de qué manera se va a reintegrar a estos chicos, cuál va a ser el presupuesto con el que se les va a brindar una alternativa. Porque las leyes cortoplacistas tienen ese efecto: traen una calma rápida a la sociedad, pero posteriormente aplicar estas leyes o llevar adelante la reintegración social de los chicos se hace muy difícil.
Morabito cuestiona que la única respuesta estatal sea bajar la edad de punibilidad. En diálogo con AIRE, considera que “como todas las medidas de endurecimiento de la ley penal a las que nos tienen acostumbrados como respuesta, claramente se llega siempre tarde”.
LEER MÁS ► Patricia Bullrich recibió en el Senado a la familia de Jeremías Monzón
Para él, el argumento de “darle una respuesta a las víctimas” evita poner el acento en el después de lo irreparable. “Para dar una respuesta van a bajar la edad de punibilidad, es decir que están esperando que haya más víctimas para dar una respuesta, cuando en realidad la respuesta debería ser previa”.
Así lo dice en la carta: “Señor Presidente: el derecho penal no repara lo que el Estado no supo cuidar a tiempo. La cárcel no devuelve lo que la infancia perdió. El castigo no sustituye a la presencia estatal que faltó cuando aún había margen para prevenir”.
Porque Morabito entiende que la respuesta estatal, para ser anterior, debe “abordar todas las causas por las cuales un chico llega a la comisión de un delito, que no solamente es pobreza extrema, sino también consumo problemático de drogas, sino también violencia que muchas veces sufren en el propio hogar, o también violencia por parte de agentes del Estado. Hay un combo de muchas razones por las cuales un chico comete un delito”.
Por eso, Morabito consideró necesario escribirle a Milei “siempre con mucho respeto” para contarle cómo son “los chicos que llegan a los tribunales”.
“Nosotros trabajamos cotidianamente con los chicos, con los adolescentes, trabajamos a diario con ellos, no solo los que cometen delitos, sino con los que son víctimas de delitos, y pensamos que el dolor no debería ser utilizado para tomar medidas no solamente cortoplacistas, sino sin ningún tipo de debate y urgentes, que no le van a traer una solución a la sociedad”.
Lo que recuerda Morabito es que “la República Argentina ha endurecido sistemáticamente, a lo largo de los años, la ley penal y todavía seguimos debatiendo cuestiones de inseguridad”.
Es que con las reformas de 2003, las llamadas leyes Blumberg, y las de 2017, impulsadas por Luis Petri, las sanciones penales y su ejecución se endurecieron.
“No logro comprender cuando se incurre erróneamente en algunas frases que son muy peligrosas, como por ejemplo, ‘a delito de adulto, pena de adulto’”, sostiene Morabito.
“Las penas que se les aplican a los chicos hoy en día son las del Código Penal, por ende, siempre les hemos aplicado las mismas penas que se les aplican a los adultos, porque el Código Penal es para todo el mundo”, aclara.
Pero también apela a otras ciencias para justificar por qué una persona que está en desarrollo y formación no puede ser tratada de la misma manera que una persona adulta. “La neurociencia, no los abogados, no los jueces, no los fiscales, no los defensores, sino la neurociencia, establece claramente que el desarrollo de la mentalidad de un adolescente no es el mismo que el de un adulto. Es más, el psiquismo de un adolescente o la psique de un adolescente se desarrolla hasta los 20 años”, argumenta el juez.
“Por ende, es distinto y la respuesta debe ser diferenciada, el abordaje debe ser diferenciado y el tratamiento diferenciado”, continúa.
Desde su experiencia de 15 años, pero sobre todo a partir de las estadísticas oficiales, subraya que los delitos gravísimos —como el homicidio de Jeremías— son excepcionalmente cometidos por menores. De hecho, la estadística señala que los delitos cometidos por menores de edad representan menos del 1 % del total.
LEER MÁS ► Caso Jeremías Monzón: un video revela qué hicieron los tres adolescentes después del crimen
“Lo que estamos tratando de decir es que, de alguna manera, los chicos que tienen un psiquismo en desarrollo necesitan un abordaje diferenciado, distinto, y que bajar la edad de punibilidad no soluciona esta problemática. Para nada. Al contrario, lo que va a hacer es fortalecer, de alguna manera, las conductas delictivas”.
¿Por qué? Eso está a la vista al observar las condiciones de detención —generalmente inconstitucionales— que padecen tanto adultos como adolescentes en la Argentina. “Hoy las cárceles no reintegran a nadie, no resocializan a nadie. Quien ingresa a una cárcel tiene más posibilidades de salir como un gánster que como alguien resocializado, o más desocializado que resocializado”, continúa Morabito.
—Que los adolescentes estén detenidos en condiciones inhumanas también incumple con obligaciones de la Argentina.
—Eso es lo que ocurre en la generalidad de los casos. Por eso es muy difícil sostener que cuando un chico comete un delito de esta magnitud inmediatamente recupera la libertad. Al contrario, que no exista una respuesta penal no significa que no deba haber una intervención estatal y en muchos de estos casos los chicos no recuperan inmediatamente la libertad y, de hecho, terminan institucionalizados incluso por debajo de la edad punible. Por eso, en esa circunstancia existe una hipocresía por parte del Estado.
De hecho, un informe elaborado en 2023 por la Defensora de los Niños, Niñas y Adolescentes, por entonces Marisa Graham, establecía que en 2022 había 65 niños menores de 13 a 15 años en todo el país cumpliendo “medidas penales según su edad”. En tanto, eran 2.104 los adolescentes de entre 16 y 17 años y 1.969 de 18 años y más. En total, 4.138 adolescentes en el sistema penal, sobre una población total de más de 3 millones.
“Lo que estamos tratando de decir es que los chicos siempre dan señales de alguna transgresión y, en esa transgresión, lo que hay que hacer es abordar tempranamente la problemática con recursos, con mucho trabajo, que de hecho se hace mucho por parte de los operadores judiciales”.
Muchos trabajadores, ya sea de la justicia como de los organismos estatales que deben actuar con niños y adolescentes, se encuentran desbordados, sin recursos para atender las situaciones graves. “Decir que hoy existe impunidad juvenil es, en parte, desconocer o menospreciar el trabajo de los operadores del sistema, que es bastante arduo”, sigue Morabito.
—¿Y ustedes encuentran los lugares adecuados, las respuestas estatales adecuadas cuando hay que abordar casos tan graves?
—Son muy pobres las respuestas estatales desde los sistemas de protección integral, simplemente porque los sistemas de protección integral de la República Argentina están escasos de recursos, en muchas ocasiones están desmantelados. No da rédito, desde el punto de vista político, brindarles recursos humanos y materiales a los sistemas de protección integral.
¿Qué son los sistemas de protección integral? Los que establece la ley 26.150, que indica cuáles son las responsabilidades del Estado para garantizar el desarrollo de niñas, niños y adolescentes y —por ejemplo— cuándo se deben tomar medidas excepcionales para separar a un niño, niña o adolescente de un entorno familiar que lesiona sus derechos.
Para esos sistemas, el dinero siempre es escaso.
LEER MÁS ► Claves para Entender la baja de la edad de imputabilidad: miradas desde lo penal y la psicología
“Vende mucho más hacer una propaganda o un discurso político brindando herramientas a la policía con chalecos antibalas, armas, móviles. Que es necesario y está bien que así sea. Pero nunca vemos una propaganda de los recursos que se van a brindar para los sistemas de protección, cuando en realidad es lo indispensable para prevenir el delito, porque atienden a chicos que se encuentran en situación de riesgo y después pueden llegar a cometer delitos. Entonces, ahí es donde hay que fortalecer los mecanismos para la prevención”.
Es que para la sociedad siempre resulta tranquilizador poner el mal en unas pocas personas, en un sector.
“Desde la Convención de los Derechos del Niño para acá, hemos pasado de los niños en peligro a los niños peligrosos. Entonces, ahí tenemos un gran problema con ese cambio de paradigma que ha sido instalado precisamente por sectores políticos, que son quienes precisamente tienen que establecer políticas públicas para resolver y prevenir el delito de los chicos”, señala Morabito.
Para él, “el problema es, en definitiva, mucho más profundo, porque además nosotros tenemos cuestiones convencionales. Me refiero a las convenciones internacionales y tratados que la República Argentina ha ratificado y que se ha comprometido a cumplir con el Sistema Interamericano y con el Sistema Internacional”.
LEER MÁS ► Caso Jeremías Monzón: Bullrich dijo que evalúan "consecuencias" para los menores acusados
La Convención de los Derechos del Niño forma parte de la Constitución y es ley suprema. “Claramente, establece que un país que ha fijado una edad mínima no debería bajarla por ningún motivo. Y al intentar bajarla, la República Argentina está vulnerando un principio fundamental de la especialidad, que es el principio de no regresividad penal”.
Morabito advierte que, con esta medida, se “está incurriendo en responsabilidad internacional por incumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño”.
Por eso pide que una medida como esta pueda ser debatida socialmente. “Cada vez que se va a tomar una medida de política criminal y de la sanción de una ley penal, debe ser en serio y no en tiempos en donde las emociones, la tristeza, el dolor de las personas están a flor de piel”.
Morabito sabe que el asesinato de Jeremías fue “terrible, fue tremendo”. Y por eso cuestiona que la política aproveche para “hacer este tipo de debates cuando ya tenemos víctimas y victimarios. Entonces, ya llega tarde, siempre que ocurre un hecho de esta naturaleza surge la baja de la edad de punibilidad y, sin lugar a dudas, se hace terrible poder debatir y reflexionar sobre este punto”.
LEER MÁS ► La familia de Jeremías Monzón, dispuesta a reunirse con familiares de uno de los homicidas
Por eso, su participación en el debate la considera necesaria, pero siempre siendo “muy respetuoso del dolor”.
“Las víctimas merecen, primero que nada, que se las escuche, que se las respete, que se analice seriamente su dolor. Y además tienen que tener una respuesta seria por parte del Estado. Pero esa respuesta no se logra a través del castigo de ninguna manera”. Y recuerda que “en un Estado democrático de derecho, hay que prevenir antes que castigar”.
Te puede interesar
