Luego de que la fiscal de Ministerio Público de la Acusación, Jorgelina Moser Ferro, desestimara las denuncias contra monseñor Sergio Fenoy por la instrumentación de un mecanismo destinado a recibir denuncias de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, la medida fue apelada al considerar que "la resolución dictada es desajustada a derecho ya que se funda en normativa interna de la Iglesia católica y no está motivada en la legislación argentina".
En este contexto, se solicitó que el caso pase a manos de otro fiscal, que se intime a Sergio Fenoy a que informe si recibió alguna denuncia de abuso sexual y que la Iglesia de Santa Fe se abstenga de recibir denuncias hasta tanto esta causa sea resuelta.
Según el abogado denunciante, Carlos Ensinck, "los fiscales juraron hacer cumplir a la Constitución Argentina y el Estado de Derecho, pero en este caso la fiscal -Moser Ferro- está haciendo cumplir una normativa interna del Estado Vaticano".
Tal como viene informando Aire Digital, el Arzobispado local y el de Rosario presentaron en las últimas semanas sendos mecanismos tendientes a recibir denuncias de víctimas de abusos sexuales. Para el abogado rosarino Carlos Ensink, esta situación podría configurar el delito de "Usurpación de autoridad, títulos u honores -art 246 CP y 172 CP- estafas y otras defraudaciones". En otras palabras, el denunciante considera que la Iglesia se está atribuyendo un rol que pertenece al Estado.
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No sólo ambos arzobispos fueron denunciados. Lo mismo sucedió con la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia, Patricia Chialvo, luego de que la funcionaria se reuniera con el arzobispo de Rosario, Eduardo Eliseo Martín, y emitiera una serie de comentarios en su cuenta de Twitter sobre los mecanismos habilitados por la Iglesia para recibir denuncias de casos de abusos sexuales cometidos por miembros del clero.
Los fundamentos
La Iglesia "se funda en la carta apostólica Vos Estis Lux Mundi para reemplazar al Estado en la recepción de denuncias" de casos de abusos sexuales, se sostiene en la apelación presentada.
"Lo que no advierte la fiscal es que la aplicación de la carta apostólica “Vos Estis Lux Mundi” no puede ir contra de los derechos y obligaciones de las leyes Argentinas y sus Convenciones Internacionales. En nuestra provincia de Santa Fe es de aplicación la ley 13.013, por la cual el Ministerio Público de la Acusación tiene por misión el ejercicio de la persecución penal pública procurando la resolución pacífica de los conflictos penales, el Código Penal de la República Argentina y la Constitución Nacional. Primero por Fiscalía, luego por el Arzobispado", remarca el abogado Ensinck.
La fiscal Ferraron también invoca un “Manual” llamado "Vademecum", emanado de la Santa Sede donde se explica (dice) cómo actuar en casos de denuncias de abuso y que prevé la obligación de comunicar a las autoridades civiles. Pero Ensink advierte que es "todo sin ninguna garantía constitucional".
En la apelación se remarca que "queda bien claro y sin lugar a interpretación que la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene jurisdicción en el ámbito de su competencia, para la realización de sus fines específicos.... Que no es la toma de denuncias de abuso sexual. Y lo más grave, ¿cómo comunica el arzobispo la recepción de un delito?... No hay ninguna garantía constitucional, ni convencional, de que ello ocurra".
Frente a esta situación, Ensink pide que "se revoque la decisión del inferior, imparta instrucciones, se designe un nuevo fiscal como encargado de la investigación y se resuelva conforme a derecho. Se intime al Arzobispo que informe qué denuncias recibieron y a abstenerse de tomar denuncias por sus comisiones internas hasta tanto se resuelva el caso".
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