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Organizaciones de Santa Fe volvieron a marchar por la Emergencia en Discapacidad

En simultáneo con otras provincias, personas con discapacidad, familias y prestadores se movilizaron en Santa Fe para exigir la sanción urgente de la Ley de Emergencia.

La ciudad de Santa Fe volvió a marchar este jueves por la Ley de Emergencia en Discapacidad, con una convocatoria en la Plaza 25 de Mayo que reunió a cientos de personas con discapacidad, familiares, instituciones y prestadores de servicios que reclaman una solución inmediata ante la crisis que atraviesa el sector.

La manifestación se dio en el marco del tratamiento del proyecto en el Senado de la Nación, que busca paliar los efectos del congelamiento de pensiones, los recortes en servicios esenciales y el riesgo de cierre de centros terapéuticos.

Desde temprano, se vio una importante presencia de manifestantes frente a la Casa de Gobierno, con carteles que reclamaban: “Basta, vulneran nuestros derechos”, “No al ajuste, los derechos no se recortan, se respetan” y “Discapacidad de emergencia, queremos ser escuchados”.

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Desde temprano, se vio una importante presencia de manifestantes frente a la Casa de Gobierno, con carteles que reclamaban: “Basta, vulneran nuestros derechos”, “No al ajuste, los derechos no se recortan, se respetan” y “Discapacidad de emergencia, queremos ser escuchados”.

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“Estamos reunidas personas con discapacidad, familias, instituciones de personas con discapacidad, prestadores, para que esto se logre sancionar de acá al 2027 porque es lo que se necesita. Es urgente”, sostuvo Gabriela Bruno, referente del sector a través de los micrófonos del móvil de AIRE.

“Es el piso de derechos que estamos rogando que no se siga retrocediendo”, agregó Bruno.

La protesta en Santa Fe se sumó a las movilizaciones simultáneas en distintos puntos del país, donde se exige a los Senadores de la Nación que den media sanción al proyecto antes de que se agrave la situación del sector.

La iniciativa, que podría tratarse en la Cámara Alta este jueves, busca paliar la crítica situación del sector, afectado por el congelamiento de pensiones, recortes en servicios esenciales y el riesgo de cierre de instituciones terapéuticas.