Atrás del delito del robo de cables en Santa Fe conviven distintas circunstancias: necesidad económica, negocios con chatarrerías clandestinas y pérdidas millonarias para las empresas que deben hacer frente a los gastos para la reposición.
Alarmante crecimiento de robo de cables y metales en Santa Fe.
De acuerdo a los datos difundidos por el Ministerio de Seguridad, en 30 días se recibieron 100 denuncias en el 911 y 14 personas fueron detenidas en la ciudad, algunas en flagrancia y otras sin poder justificar la procedencia de los elementos. En el Concejo, un proyecto de ordenanza busca prohibir la venta ambulante como ocurre en otras partes de la Provincia.
Plazas, parques, avenidas, casas, departamentos, escuelas y edificios públicos son víctimas del robo de cables. En cualquier zona de la ciudad y a cualquier hora ocurren estos hechos que, si se los compara con otro tipo de delitos resultan menores, pero que en definitiva terminan generando grandes dolores de cabeza para los vecinos que se quedan sin iluminación o telefonía y el Estado en general, que a través de sus empresas, debe encarar los trabajos de mantenimiento.
Todo metal que contenga bronce o cobre es pasible de ser sustraído: medidores de agua, luz, gas, picaportes, placas, porteros eléctricos y algunos adornos se transforman en el blanco de delincuentes.
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De acuerdo a las estimaciones, en Santa Fe el kilo de cobre se puede vender hasta en 6.000 pesos y el bronce en 2.500. Por su parte, el aluminio es bastante más barato: sale 600 pesos el kilo.
Las reiteradas devaluaciones del peso impactaron a favor a partir de la suba del valor del dólar y el robo de este tipo de elementos se terminó convirtiendo en un atractivo para la actividad.
La contracara del negocio son los excesivos riesgos que los delincuentes, a conciencia o no, deciden correr y donde ponen en juego su propia vida: a mediados de febrero, en Rosario, Ezequiel Francisco Curaba, joven de 21 años falleció producto de las quemaduras en el 90% de su cuerpo cuando intentó robar cables de media tensión.
En similares circunstancias se dieron casos en Mendoza y Córdoba. Durante el 2023 fueron seis las personas que murieron en Santa Fe, según la EPE. No todos los casos son iguales: algunos relacionados con la pobreza y otros a la delincuencia.
"Muchas veces se roba por la necesidad de conseguir dinero para poder vivir y otras por el negocio que implica", explicó el Concejal de Santa Fe, Leonel Méndez en diálogo con AIRE.
El edil asumió en diciembre y es uno de los rostros nuevos que tiene el Cuerpo local y que llegó por fuera de la política tradicional. Es el presidente de la Federación de Cooperativas y de la Cooperativa Recicladora, especializándose en economía circular y gestión ambiental.
A los 23 años la crisis económica del 2001 se lo llevó puesto a él y su familia. Cerró el gimnasio que tenía en la zona norte de la ciudad, vendió los equipos y quedó en la calle. A partir de eso comenzó como reciclador de cartones y papeles.
"Cuando camino y miro los residuos me puedo dar cuenta de cómo está la economía y te puedo decir que hoy voló todo por el aire. Mucha gente lo hace para ganarse la vida, son albañiles, pintores que no les alcanza y salen a la calle para poder sobrevivir", explicó Méndez.
Si bien no existe un registro formal en la ciudad de Santa Fe, el concejal Méndez estima que son alrededor de 2000 los recicladores, cifra que fue en aumento a partir de las dificultades económicas. "El reciclador no es un ladrón, hay que diferenciarlo con aquellos que delinquen, es un trabajador", sentenció.
Pérdidas millonarias por robos de cables
Según datos oficiales de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) de Santa Fe los robos, hurtos y hechos vandálicos cometidos durante el 2023 generaron 3 millones de dólares de pérdidas. "Se trata de inversiones que se dejan de hacer, recursos que la EPE deja de tener y que naturalmente pagamos entre todos", explicó Hugo Marcucci, presidente de la Empresa.
"Sabemos que hay una economía del delito. Los que compran este material son los que hacen la diferencia y ahí hay que atacar duramente, sin miramientos ni complacencias, porque se crea un cuadro desagradable que trae consecuencia para todos", sostuvo.
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No solo se trata del costo de reposición del insumo sino la logística y personal necesario para realizar la reposición. Según la empresa Litoral Gas, solo durante enero de este año más de 20 usuarios de la ciudad de Santa Fe realizaron denuncias por robos de medidores y reguladores de gas en domicilios particulares y edificios.
Por su parte, Aguas Santafesinas (ASSA) reportó en lo que va del 2024 el robo de 40 medidores y aparatos en la ciudad de Santa Fe. Por la dimensión del problema y los elevados costos se comenzó a reemplazar los medidores de metal por aparatos 100% plásticos.
"No solo se trata del costo del aparato a reponer sino que intervienen dentro otros factores como por ejemplo, la obra que se pueda llegar a requerir hacer, tiempo, personal y atender estos casos genera que otros se deban posponer. El daño es muy grande", enfatizó German Nessier, vocero de la empresa de Aguas Santafesinas.
Piden denunciar al 911
A partir del crecimiento del delito, Justicia, Seguridad y la Municipalidad de Santa Fe conformaron una mesa de trabajo donde fortalecieron las acciones en conjunto respecto a la unificación de las denuncias y el acceso a la información que permiten trazar políticas en materia de prevención.
"El objetivo es ajustar el control sobre las chatarrerías y desarmaderos legales, pero también para buscar donde se comercializan los metales ilícitos", indicaron.
Según datos del Ministerio de Seguridad que accedió AIRE, hasta el 14 de febrero se registraron al 911 más de 100 con denuncias por robo de cables. Durante el 2023 fueron 830 llamados, concentrados en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe.
Respecto a la cantidad de personas detenidas, el Ministerio de Seguridad contabilizó 14 entre el 6 de enero al 7 de febrero. "Algunos en flagrancia y otros sin poder justificar el origen de los elementos".
Las partes consultadas destacaron la coordinación en el trabajo para coordinar las investigaciones y tratar de detectar los grupos delictivos que se dedican al comercio del robo de cables y metales. "Lo que no podemos prevenir es difícil que después podamos llegar a una condena judicial, por eso, nuestro mayor esfuerzo es la prevención y la eficiencia del control del despliegue en las cuadrículas de la ciudad", comentaron fuentes del área de seguridad.
"Queremos que la gente se comunique al 911 y denuncie lugares de venta para priorizar las investigaciones en los lugares donde se produce violencia", completaron.
Buscan prohibir la venta ambulante
El concejal Leonel Méndez ingresó un proyecto de ordenanza que tiene dos objetivos: la creación de un registro municipal de acopiadores y la prohibición de la venta ambulante de metales. Según detalló, permitiría un mayor control sobre los elementos, quién los comercializa, dónde y cómo.
"Dentro de la creación del registro también se prevé un sistema de sanciones ejemplificadoras que debe de ir acompañada con la ley provincial de acopiadores, pero la jurisdicción de acción sería municipal".
En ciudades como Rosario, Rafaela y Esperanza, la prohibición de la compra ambulante y/o callejera de material no ferroso ya está vigente.
