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Ley de Emergencia de Discapacidad: organizaciones sociales de Santa Fe reclaman su reglamentación urgente

Tras la denuncia contra Javier Milei por la demora, desde el sector de discapacidad advirtieron en AIRE que continúan sin respuestas concretas ante la crisis.

Organizaciones sociales de Santa Fe vinculadas a la discapacidad exigen la reglamentación inmediata de la Ley de Emergencia, aprobada meses atrás pero aún sin aplicación efectiva. Representantes del sector advierten que continúan sin respuestas concretas ante la crisis y alertan sobre la posible desaparición de instituciones por falta de recursos.

En diálogo con AIRE, Gabriela Ortolachipi, integrante de Uendisfé, habló de la situación crítica que atraviesan las instituciones del centro norte de la provincia de Santa Fe debido a la falta de implementación de esta ley.

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Ley de Emergencia de Discapacidad: el reclamo de Uendisfé

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“La ley fue ratificada, pero aún no fue promulgada. Los diputados Paulón y Fein presentaron una denuncia en Comodoro Py contra Javier Milei y Guillermo Francos por incumplimiento de autoridad y de los deberes de funcionario público”, explicó Ortolachipi.

La denuncia responde a la demora del Ejecutivo en la promulgación y reglamentación de la ley de emergencia en discapacidad (27.739), lo que afecta directamente a las personas con discapacidad.

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Uno de los puntos más sensibles de la ley es el aumento de los aranceles de las prestaciones de apoyo a las personas con discapacidad, que no se actualizan desde finales de 2024. “Desde diciembre, el aumento fue solo del 0,5%, cuando en realidad los costos han aumentado significativamente desde 2018”, afirmó la dirigente social.

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Los prestadores de servicios para personas con discapacidad reclamaban por la ley.

Los prestadores de servicios para personas con discapacidad reclamaban por la ley.

El reclamo también apunta a la sostenibilidad de las instituciones y a la calidad de las prestaciones que brindan. A pesar de las dificultades, Ortolachipi señaló que, hasta el momento, las personas con discapacidad no han dejado de ser atendidas.

Sin embargo, algunas prestaciones adicionales, que no son obligatorias pero sí muy beneficiosas para los usuarios, han tenido que ser suspendidas debido a los costos. “Las instituciones han tenido que dejar de brindar algunos servicios porque implican un costo adicional que no se puede sostener”, explicó.

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Los prestadores de servicios para personas con discapacidad reclamaban por la ley.

Los prestadores de servicios para personas con discapacidad reclamaban por la ley.

La situación se complica aún más cuando se considera que muchas actividades relacionadas con la inclusión social, como las salidas o los viaes, han tenido que ser suspendidas. “Esto afecta la calidad de vida de las personas con discapacidad, que dependen de estas prestaciones para su desarrollo diario”, concluyó Ortolachipi.