jueves 4 de junio de 2020
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Eugenio Zitelli, el cura distinguido por el Vaticano que logró eludir las condenas de la causa Feced

El capellán de la Policía rosarina en los años de plomo no llegó con vida a las sentencias de las causas Feced III y IV, por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Iba a ser el segundo hombre de la iglesia católica argentina en recibir una segura condena por su involucramiento en violaciones de derechos humanos.

“Lástima que el hijo de puta se murió”, me dice Nené como respuesta a mi mensaje de WhatsApp después de conocerse, el jueves pasado, la sentencia de las causas Feced III y IV por delitos de lesa humanidad. Se refería a uno de los tres procesados fallecidos durante la instrucción de la causa, nada menos que el sacerdote y capellán policial Eugenio Zitelli. Somos muchos los que estos días lamentamos que Zitelli no haya llegado con vida al juicio, pero dicho por Nené te estruja la garganta.

Nené es María Inés Luchetti de Bettanín y declaró como testigo en el juicio que terminó la semana pasada con fuertes condenas a 11 ex policías. Es parte de una familia de militantes políticos diezmada por la dictadura. El 1° de enero de 1977 la detuvieron en barrio Gráfico de Rosario con un embarazo a término (Cristina nació y vivió los primeros 6 meses en la Alcaidía de Mujeres), durante un operativo donde pierden la vida su esposo Leonardo y su cuñada Cristina, y es secuestrado y luego desaparecido su concuñado Jaime Colmenares. Junto con su suegra Juana Ferraro de Bettanín, fueron secuestradas y llevadas al Servicio de Informaciones, en el subsuelo de la Jefatura, donde fueron sometidas a torturas.

"Que usen la picana porque estamos en guerra está bien porque es un método para obtener información. Pero la violación atañe a la moral y nos prometieron que eso no iba a pasar", le dijo Zitelli a Nené.

El 4 de junio de 1999 viajé a San Pedro para reunirme con ella. Unos días antes, el arzobispo de Rosario Eduardo Mirás había distinguido al cura Zitelli con el título de monseñor por orden del Vaticano. Un huracán de críticas se levantó contra Mirás, que entonces contestó a la prensa: “Zitelli es un excelente sacerdote. El que tenga una prueba para demostrar que las acusaciones son verdad tiene la obligación moral de llevarla a la Justicia, de lo contrario estaría cometiendo pecado mortal”.

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María Inés Luchetti de Bettanín, para todos Nené, declaró como testigo en el juicio que terminó la semana pasada en Rosario.

María Inés Luchetti de Bettanín, para todos Nené, declaró como testigo en el juicio que terminó la semana pasada en Rosario.

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María Inés tenía las pruebas. María Inés era “la prueba” que Mirás reclamaba con cinismo. Nos encontramos en un bar y en esa entrevista recreó con lujo de detalle la última charla que mantuvo con Zitelli, ella ya en condición de detenida en la Alcaidía de Mujeres y él como proveedor de servicios espirituales en las mazmorras de Feced y Lofiego. La publicamos al día siguiente en el diario, el 5 de junio del 99, con el título: “El testimonio que el arzobispo de Rosario no quiso escuchar”. Ahí estaba contado ese diálogo.

—Padre, le quiero contar algo que es secreto confesional.

—Sí, la escucho.

—Mire que en esto se me va la vida.

—Adelante.

—Mire, padre, nosotros venimos del Servicio de Informaciones. Allí se tortura con la picana eléctrica. Acá vienen compañeras muy lastimadas.

El cura estaba sentado de frente a la detenida y no hablaba. Por eso ella decidió agregar un dato más contundente.

—Además, padre, acá hay algo muy terrible y es que hay compañeras de 16 a 50 años y ninguna se salvó de la violación.

—¿Cómo es eso? Espere un minuto. Que usen la picana porque estamos en guerra está bien porque es un método para obtener información. Pero la violación atañe a la moral y nos prometieron que eso no iba a pasar.

Centro clandestino de detención Rosario - jefatura.jpg
En el edificio de la Jefatura de Policía de Rosario, en el área del servicio de Información (SI), funcionó el mayor centro clandestino de la dictadura en la región.

En el edificio de la Jefatura de Policía de Rosario, en el área del servicio de Información (SI), funcionó el mayor centro clandestino de la dictadura en la región.

María Inés Luchetti de Bettanín se quedó dura. Sintió que se quería morir. Hasta que Zitelli retomó la palabra:

—¿Usted me autoriza a que yo se lo diga al arzobispo?

—Mire padre, yo como cristiana no es que lo autorizo, le exijo que le cuente lo que está pasando, porque yo me salvé porque estaba embarazada, pero desde mi suegra hasta compañeras de la secundaria que tienen 16 años, la violación es el recibimiento del Servicio de Informaciones.

Ese diálogo, grabado a fuego en mi memoria, me rebotó en la cabeza en los días previos y posteriores al jueves pasado. Zitelli murió en marzo de 2018 (había sido detenido con prisión domiciliaria en 2011) impune, beneficiado por sucesivas suspensiones del inicio del juicio. Estaba procesado por privación ilegítima de la libertad, aplicación de condiciones tormentosas y asociación ilícita en perjuicio de 14 víctimas.

Después de Christian Von Wernich iba a ser el segundo hombre de la iglesia católica argentina en recibir una segura condena por su involucramiento en violaciones de derechos humanos. Zitelli iba a los centros clandestinos, confesaba, daba misa. La iglesia como institución lo protegió hasta el último día. Incluso le pagaba los abogados. Y al final zafó.

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No sabemos cuánto pudo apenarlo su procesamiento y la prisión domiciliaria. Pero sí sabemos lo penoso que resulta para las víctimas que el victimario haya escapado a la justicia. Y más aún que haya escapado por una trama de impunidad que lo favoreció. Repasemos: el robo en tribunales del expediente que instruía los delitos de lesa humanidad cometidos en el área de Rosario, hecho que ocurrió la madrugada del 2 de octubre de 1984 (en ¡2019! procesaron a dos ex militares por ese hecho). Los testimonios de María Inés y su suegra estaban en ese expediente. Luego la triada obediencia debida, punto final e indulto. Después las demoras judiciales y el intento macrista de desactivar y diluir todo.

Intuimos lo que significa tener que batallar, como María Inés y el resto de las víctimas de estas causas, durante cuatro décadas. “Justicia 40 años después no es justicia”, repetía en los últimos años otra testigo de las causas Feced cuando nos transmitía sus sentimientos. Después de conocida la sentencia complementó ese sentir personal con la dimensión política del asunto: “…sí tengo en cuenta que a nivel sociedad es tremendamente importante el fallo”.

Es un desastre que a la Justicia le haya llevado 40 años. Pero al mismo tiempo hay que celebrar que esta sociedad tuvo la capacidad de no rendirse, que tiene a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos, organismos de derechos humanos, el Cels, sectores de la prensa y el Poder Judicial. Que los juicios por la verdad y por el robo de bebés mantuvieron la llama viva y que nuevas generaciones de abogados y fiscales continuaron los juicios.
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En el área del Servicio de Informaciones de la policía de la dictadura hoy funciona el Centro Popular de la Memoria.

En el área del Servicio de Informaciones de la policía de la dictadura hoy funciona el Centro Popular de la Memoria.

Cuando todo estaba jodido, esa plataforma de resistencia a la impunidad se fortaleció con el arribo a la presidencia de Néstor Kirchner, quien le devolvió potencia política y viabilidad legal al reclamo de Memoria, Verdad y Justicia. La orden de hacer descolgar el cuadro de Videla del Colegio Militar lo resume todo.

No olvidarse de la Corte Suprema, que pasó a la historia al establecer en primer lugar que por tratarse de delitos de lesa humanidad correspondía la aplicación retroactiva de la imprescriptibilidad de la acción penal; y en segundo lugar declarar la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida.

Volvamos a María Inés y aquel reportaje de 1999, en el que ella explicita la cuestión de las violaciones sexuales a las detenidas. Justamente algo de justicia llegó en ese sentido, porque el juicio cerrado la semana pasada es el primero en la jurisdicción judicial de Rosario en el que el abuso sexual en ese contexto se consideró crimen de lesa humanidad, y por tanto imprescriptible. Dos de los casos a los que hacía referencia Nené en su charla con Zitelli fueron considerados por los jueces para definir las penas.

“Es un alivio que haya terminado el juicio –dice Nené en el audio de WhatsApp–. Son 40 años casi de buscar justicia. Creo que conseguimos bastante dadas las circunstancias, la Justicia que tenemos y los años transcurridos. El trabajo de nuestras abogadas Gabriela Durruty y Jésica Pellegrini fue excelente, fuimos siempre muy acompañadas por ellas. Ahora a dar la vuelta de página, con la satisfacción de haber cumplido con la familia en mi caso, y con todos los compañeros después”.

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