miércoles 3 de junio de 2020
Policiales | Narcotráfico | cocaína | Corrientes

El aeródromo narco que controlaba el Comando Vermelho se transformó en un campo del INTA

Son 7.400 hectáreas de la estancia Santa Ursula, en Santo Tomé, Corrientes. Allí llegaba en avionetas cocaína desde Bolivia y Perú. El campo fue expropiado por decisión judicial y se transformó en una estación experimental para cría de ganado en terrenos bajos y húmedos.

Los hangares donde Pinto Brum, uno de los jefes del Comando Vermelho, guardaba las siete avionetas que estaban escondidos en el medio del monte de lapachos y timbó de la estancia ganadera Santa Úrsula, en Santo Tomé, Corrientes, ahora se transformaron en depósitos del INTA, que creó en ese lugar inhóspito e inaccesible, cercano a los esteros del Iberá, una estación experimental para cría de ganado en un lugar que hasta hace dos años era manejado por una de las organizaciones narcocriminales más pesadas de América latina.

Brum arrendaba el campo a María Hilda Calabrese, que fue condenada a 20 años de prisión. Como estableció la investigación judicial y las tareas de inteligencia de Gendarmería, en el aeródromo aterrizaban tres veces por semana aviones con cargamentos de cocaína provenientes de Bolivia y Perú. La droga tenía como destino Brasil y Argentina.

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Comando Vermelho es una de las dos bandas críminales más

Comando Vermelho es una de las dos bandas críminales más "pesadas" de Brasil.

La estancia Santa Úrsula fue decomisada por pedido del fiscal de Cámara Carlos Schaefer en el juicio que terminó con duras condenas contra Calabrese y su pareja Florentino Dante Niemiz, y los integrantes de la banda, el ciudadano peruano Gabriel Pirro Mori, el boliviano William Hurtado Suárez y el brasileño Edison Alvezn Dzwieleski. Brum se fugó y fue atrapado cerca de Puerto Alegre por la policía brasileña, cuando planeaba un golpe a un banco, una estrategia que usa Comando Vermelho para financiar las maniobras de narcotráfico con asaltos a gran escala.

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Ahora en la estancia de 7.400 hectáreas, donde hay una extensa zona de esteros con fauna y flora autóctona, conectados con el Iberá, el INTA Mercedes desarrolla un programa de experimentación de cría y recría de vacas.

Donde antes funcionaba uno de los engranajes del narcotráfico trasnacional ahora hay un emprendimiento con 300 cabezas de ganado que productores de la zona van a visitar para ver un sistema que luego puedan utilizar en sus campos.

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La pista de Santa Úrsula era utilizada por narcos argentinos, paraguayos, brasileños y bolivianos.

La pista de Santa Úrsula era utilizada por narcos argentinos, paraguayos, brasileños y bolivianos.

“Con este proyecto queremos devolverle a la sociedad algo positivo después del daño que provocó esta organización narco”, afirmó en diálogo Aire de Santa Fe el titular del INTA Mercedes, Jacques Kreamer, que hace más de un año comenzó a poner en marcha este emprendimiento agropecuario para desarrollar tecnologías innovadoras de cría de ganado en zonas bajas, donde hay agua.

La Sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal, a cargo de los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques, confirmó las condenas contra los imputados y dejó firme el decomiso que dispuso el tribunal oral, una decisión judicial que deja menos chances para que ese campo vuelva a sus propietarios que lo habían arrendado al jefe narco brasileño, que vivía en Santo Tomé, con un nombre falso y la fachada de ser productor agropecuario.

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Poco antes de que su vivienda fuera allanada, Brum desapareció. Pero los efectivos federales secuestraron una camioneta que les llamó la atención porque estaba blindada. Nadie en esa zona usa ese tipo de vehículos.

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Pinto Brum fue detenido en Tramandaí en el estado de Río Grande do Sul e intentó sobornar a la policía con un millón de reales.

Pinto Brum fue detenido en Tramandaí en el estado de Río Grande do Sul e intentó sobornar a la policía con un millón de reales.

El brasileño se fugó y en agosto de 2017 fue detenido en la ciudad de Tramandaí, a 120 kilómetros de Puerto Alegre, donde Pinto Brum intentó sobornar con 1.000.000 de reales a la Policía de ese país para evitar ser detenido, por una razón: tenía pedido de captura por ser considerado uno de los líderes de la organización criminal Comando Vermelho, dirigida desde la cárcel por Fernandinho Beira Mar.

“Todo estaba oculto en el monte, donde había un hangar donde se escondían las avionetas que aterrizaban tres veces por semana. El aspecto que le querían dar era de un lugar abandonado, para que nadie desconfiara”, afirmó Kreamer, que dirige este emprendimiento que visitan productores de la zona para trasladar a sus campos la tecnología agropecuaria que se usa allí, para que el ganado pueda engordar en una zona baja, muchas veces con agua. “Con este modelo de cría y recría, con una alimentación controlada, logramos que el productor tenga un ternero más por cada vaca”, apuntó el ingeniero agrónomo.

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La Gendarmería llamó a este operativo venado blanco y fue complejo de realizar por lo inhóspito del lugar.

La Gendarmería llamó a este operativo venado blanco y fue complejo de realizar por lo inhóspito del lugar.

La historia de esa estancia encierra una trama oscura, que provocó preocupación en el Estado argentino porque marcó la presencia en el país de engranajes de Comando Vermelho, uno de las organizaciones criminales más importantes de Brasil, junto con el Primer Comando Capital.

La situación alarmaba a los pobladores de esa zona cercana a Santo Tomé, en Corrientes. A medida que los vuelos y aterrizajes se repetían, crecía la desconfianza y el temor. No estaban equivocados. Santa Úrsula era usadas por una importante organización narco trasnacional –conformada por argentinos, paraguayos, brasileños y bolivianos– para acopiar grandes cantidades de cocaína que provenía de Bolivia.

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A la Gendarmería le fue muy complicado realizar las tareas de inteligencia en ese lugar inhóspito, donde –según el expediente al que tuvo acceso Aire de Santa Fe- tuvieron que acampanar y camuflarse para no ser detectados. Al operativo le llamaron venado blanco, porque había muchos ciervos en la zona.

Cuando lograron entrar los gendarmes encontraron un avión Cessna modelo U206G, matrícula CP-2037, donde secuestraron “documentación de todo tipo como papeles de la República de Bolivia”, un GPS, una cámara de fotos, teléfonos, chips, una cisterna con capacidad para 1.500 litros que tenía combustible para aviones, y un acoplado en el que estaban ocultos 330 kilos de cocaína. En el casco de la estancia fueron secuestrados un fusil, municiones, teléfonos celulares, equipos de comunicaciones, binocular y un visor nocturno.

La cantidad de cocaína secuestrada fue inusual para Corrientes, una ruta casi obligada de la marihuana que se produce en Paraguay. Pero esta causa abre interrogantes sobre nuevos caminos de la droga, esta vez con origen boliviana hacia el centro del país, con Corrientes como punto de acopio para la distribución.

Lo que llamó la atención de los fiscales correntinos fue que el ex funcionario nacional se presentó ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes para pedir que se desafecte de un decomiso la estancia Santa María del Aguapey, que manejaba el Comando Vermelho junto con Santa Úrsula.

Calabrese, la dueña del campo, quien fue condenada a 20 años de prisión, había tramado junto con su pareja, Niemiz, una pantalla para arrendar los establecimientos para la cría de ganado. Pero allí no había muchas vacas sino pistas clandestinas custodiadas por un grupo armado y donde desembarcaban grandes cargamentos de cocaína, que después era distribuida en el país y en el extranjero.

Esta organización trasnacional, según la investigación que llevó adelante el fiscal Schaefer, tenía como pata local a Carlos Elías Pacheco, un consignatario de hacienda oriundo de Santo Tomé. Este hombre era quien mediaba en la cadena del tráfico de estupefacientes junto con Silvio André de Lima Borges, brasileño, quien se encuentra prófugo, y Pinto Brum, jefe de Comando Vermelho.

Un amigo de Boudou que reclamó el campo

Benigno Vélez fue secretario legal y técnico del Ministerio de Economía de la Nación durante la gestión de Amado Boudou. También se desempeñó como gerente general del Banco Central, hasta su remoción en febrero de 2012. Estaba involucrado junto con su amigo Boudou –a quien conocía desde la juventud en Mar del Plata - en la supuesta compra irregular de 19 autos de lujo que hizo el entonces ministro de Economía. En agosto pasado fue sobreseído junto con el ex vicepresidente en esta causa.

Lo que llamó la atención de los fiscales correntinos fue que el ex funcionario nacional se presentó ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes para pedir que se desafecte de un decomiso la estancia Santa María del Aguapey, que manejaba el Comando Vermelho junto con Santa Úrsula.

En la justicia federal sobrevuelan preguntas que derivaron en una investigación, tras el reclamo del ex funcionario cercano a Boudou por ese campo donde funcionaba una especie de aeropuerto narco, donde dos días a la semana arribaban cargamentos de cocaína proveniente desde Santa Cruz de la Sierra. Aire de Santa Fe se contactó con Vélez, quien dijo que había sido engañado cuando adquirió una porción de ese campo. “Era un lugar bajo donde no se puede hacer nada, ni siquiera poner ganado. Lo compré como inversión”, afirmó el ex funcionario del Banco Central.

La vinculación política nunca se investigó. El propio Niemiz contó luego en el juicio que en ese juzgado le habían pedido 350.000 dólares para excluirlo de la investigación.

En su presentación, Vélez, según consta en el expediente judicial, sostuvo haber adquirido de buena fe de 409 hectáreas de la estancia Santa María del Aguapey, a pocos kilómetros de la frontera con Brasil. Explicó que la operación se hizo el 11 de julio de 2013 y que las firmas de las partes fueron certificadas en un acta notarial y afirmó que el mismo día que se hizo la transacción, la entonces propietaria del campo Hilda Calabrese le otorgó a él y Luis Fernández un poder especial irrevocable para “llevar adelante la escrituración del inmueble, que en diversas oportunidades trató de escriturar las propiedades pero por cuestiones ajenas a su voluntad no pudo realizarlo”.

Según Vélez, la operación de compra-venta se hizo el 11 de julio de 2013. Pero el nudo de la trama en la que aparece el narcotráfico se conoció cuatro meses después. El 14 de noviembre de ese año “un helicóptero de la Gendarmería Nacional sobrevolaba la zona, cuando sus tripulantes observaron en cercanías al casco de la estancia Santa María del Aguapey, en una pista de aterrizaje un avión rodeado por un grupo de personas y vehículos. Cuando los gendarmes decidieron descender, los sospechosos intentaron darse a la fuga, pero fueron alcanzados y reducidos por los uniformados”.

La aparición de Benigno Vélez para reclamar ese campo donde funcionaba una organización narco despertó sospechas.

Florentino Niemiz, pareja de Hilda Calabrese que figura como dueña del campo, declaró primero como testigo de identidad reservada en el juzgado de Paso de los Libres. Dijo en esa oportunidad que en este caso “había un político metido”. Nunca en el inicio de la causa le preguntaron quién era. Y su declaración se “traspapeló” durante un año y medio.

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La vinculación política nunca se investigó. El propio Niemiz contó luego en el juicio que en ese juzgado le habían pedido 350.000 dólares para excluirlo de la investigación. Dijo que el dirigente kirchnerista Rodolfo Martínez Llano -quien según el imputado “manejaba el juzgado”- “se quería quedar con el campo”. Martínez Llano, ex legislador y un hombre influyente en el peronismo y en la justicia correntina, fue jefe de campaña del candidato a gobernador Carlos Camau Espínola.

El 26 de junio pasado la Cámara federal de Apelaciones de Corrientes ordenó -a través del oficio 305/17- una investigación por pedido de la Fiscalía por supuestas irregularidades en el juzgado de Paso de los Libres en el marco de esta causa conocida como narcoaviones. Lo que se le endilga al ex fiscal Benito Pont y al secretario del juzgado José Luis Mora y Araujo es que “se habrían traspapelado algunos expedientes de identidad reservada y no se habría guardado reserva poniéndose en riesgo la vida de testigos”.

Lo que se sospecha es que desde ese juzgado donde se debía investigar este caso no sólo no se avanzó con la pesquisa sino que además desaparecieron documentos y se reveló información privilegiada de este caso de narcotráfico.

El ex fiscal Benito Pont renunció el 1° de junio de 2016 para evitar el juicio político. El funcionario fue acusado de colaborar con una red de trata y de proteger una red de prostíbulos en Paso de los Libres. La sospecha también apunta a que por el puente internacional Paso de los Libres-Uruguayana pasaban menores de edad escondidas en los baules de los autos con dirección a Brasil.

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