El gobierno provincial defendió su actuación en el caso de la niña abusada y embarazada por su padre

En diálogo con AIRE, la ministra de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe, Florencia Marinaro, explicó cuál fue el accionar ante el caso y los pasos a seguir.

“Desde el lunes que se tomó estado público y que nos anoticiamos que la niña y su madre no fueron al Iturraspe, empezamos a trabajar en conjunto” con diferentes áreas del Estado y destacó que “la niña y su mamá están siendo abordadas por el Estado nuevamente, cuentan con protección”.

Respecto al abordaje del caso antes de la aparición en escena de Gravida, Marinaro señaló que “la niña y su mamá estaban siendo abordas por el equipo local de Garibaldi, la Secretaría de Niñez y los equipos de salud. Cuando se anoticiaron del embarazo se comenzó un seguimiento, en el que se le informó sobre los derechos de la niña y sobre si desea continuar o no con el embarazo. Se trabaja en el consentimiento, el derecho y el deseo”.

La funcionaria precisó que este tipo de intervención estatal es compleja y requiere de tiempo prudencial. “La cantidad de días que se tomó es un plazo razonable porque se trata del embarazo de una nena de 12 años. Trabaja un equipo interdisciplinario en el que se aborda el embarazo de una nena, producto de un abuso intrafamiliar y de violencia de género contra su madre. Se trabaja con equipos y toma su tiempo. Hubo reacción inmediata”.

La ministra de Género de la provincia se refirió al intempestivo accionar de Gravida. “La intervención de la asociación fue el fin de semana. Hasta el viernes estaba todo coordinado para que el lunes estén en el Iturraspe con el turno” para realizar el aborto. Al respecto, la funcionaria adelantó que “el Estado tiene la obligación de poner a disposición de la Justicia toda la información pertinente al caso y que la Justicia determine si hubo accionar delictivo. Nuestro objetivo fue la protección de la niña y su madre”.

grávida

"Es un modus operandi muy complejo y se aprovechan de la situación de vulnerabilidad”, dijo la ministra sobre Gravida.

En tal sentido, confirmó que “nos vamos a poner a disposición de la Justicia porque encontramos elementos que determinan que hay vulneración de derecho por parte de estas personas”. Al mismo tiempo, reconoció que este tipo de acciones “no los podemos prevenir”.

“Persuadir, convencer y amenazar”

Marinaro habló de la modalidad de acción por parte de la asociación antiderechos y resaltó las diferencias con el caso de una nena de 11 años que en 2016 fue obligada a parir, pese a tener discapacidad intelectual. “La forma de actuar es persuadir, convencer y amenazar a quienes están interviniendo con la niña y su mamá. Es un modus operandi muy complejo y se aprovechan de la situación de vulnerabilidad”, dijo la ministra.

Marinaro explicó que, ante esa situación, el Estado “inmediatamente, para proteger a la nena, tomó la decisión excepcional de quitarle el cuidado parental a la madre y ponerla bajo el Estado, no para interrumpir el embarazo sino para {ejercer los derechos de la niña”.

“No sucedió como en el 2016. Cuando una familia fue manipulada por esta asociación y obligaron a una nena de 11 años con discapacidad intelectual a parir y a gestar obligada. Eso no sucedió en este caso”, resaltó Marinaro.

Por último, indicó que se volverá a trabajar sobre el consentimiento que habían prestado la menor y su madre anteriormente.

A pocas horas de conocerse la situación de un abuso sexual infantil en la localidad de Garibaldi, comienzan a revelarse las circunstancias del hecho: una denuncia por violencia de género y el relevamiento de los abusos a raíz del embarazo de la niña de 12 años. El caso es investigado por la fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, Alejandra Del Río Ayala, quien tras realizar la imputación contra G.A., el padre de la menor violada, brindó algunas precisiones sobre el caso desde el móvil de AIRE en tribunales.