Se tendrán en cuenta tres premisas: la mirada de los vecinos sobre las aplicaciones, la seguridad de los pasajeros y un incremento en los operativos de control.
Nueve meses después de haber aprobado una ordenanza para regular el funcionamiento de las aplicaciones de viajes en la ciudad de capital y a partir de la experiencia generada durante el tiempo transcurrido, la Municipalidad de Santa Fe está dispuesta a reabrir la discusión para generar mejoras en la normativa bajo tres premisas básicas: tener en cuenta la mirada de los vecinos, velar por la seguridad de los pasajeros transportados e incrementar los mecanismos de control.
Este martes venció el plazo que la ordenanza 12.991 establecía para que las empresas responsables de las aplicaciones se inscribieran en un registro público. Si bien ocho de estas firmas lo hicieron (Remises Real, MOVITAXI, Remises Isis-Capital, Viaja Libre, CABIFY, ZUBO App, TaxCity y Maxim); las dos más conocidas y de mayor alcance, Uber y Didi, no cumplieron con este requisito y, aun así, brindan servicios en la ciudad.
Los contactos entre la Municipalidad y estas empresas son permanentes. Y partir de esas conversaciones, las autoridades municipales tienen en claro que difícilmente estas multinacionales se terminen inscribiendo a nivel local, ya que insisten en que su función no es brindar un servicio de transporte público, sino de generar un vínculo tecnológico entre la oferta y la demanda.
Esta situación no es exclusiva de la ciudad de Santa Fe, sino que se replica en cada una de las ciudades donde Uber y Didi prestan servicios. Solo en Mendoza estas empresas aceptaron ciertas reglas de juego, pero allí existe una ley provincial que brinda un marco jurídico diferente. En Santa Fe, ni el Gobierno de la Provincia, ni los partidos con representación legislativa, dieron muestras de estar interesados en inmiscuirse en este tema.
Frente a este contexto, desde la Municipalidad ya se mantuvieron contactos con integrantes del Concejo local. Lo mismo sucederá con representantes de taxistas y remiseros, muchos de los cuales ya combinan ese trabajo con la prestación de servicios de viajes a través de las aplicaciones disponibles.
El secretario de Gobierno del Municipio, Sebastián Matropaolo, afirmó que la decisión es tomar todas las medidas necesarias para garantizar que los choferes de las aplicaciones cuenten con licencia profesional de conducir, lo que asegura la realización periódica de controles psicofísicos y permite a la ciudad saber quiénes están brindando estos servicios.
La situación de las motos representa un problema aún más complejo, por dos motivos fundamentales: en primer lugar, porque se trata de un servicio prohibido por ordenanza; y además, porque los accidentes en estos casos suelen generar consecuencias graves.
El pasado domingo 13 de julio, el pasajero de un "Uber Moto" perdió la vida a raíz de un accidente producido en barrio Piquete Las Flores. El chofer de la moto no solo estaba brindando un servicio prohibido en la ciudad, sino que además los exámenes toxicológicos detectaron la presencia de alcohol y cocaína en sangre.
No fue la primera vez que en Santa Fe un "Uber Moto" protagonizaba un accidente. El 13 de septiembre del año pasado, una mujer de 50 años, sufrió fracturas de caderas, pelvis, fémur y su hombro derecho cuando se produjo un choque contra una camioneta. "Nadie se comunicó para preguntarme si al menos tenía dinero para comprar una botella de agua mineral", dijo la pasajera al ser entrevistada por AIRE.
Desde el Municipio son conscientes de que resulta prácticamente imposible controlar que no se brinde este tipo de servicios, a pesar de que la ordenanza lo prohíbe. No solo por la decisión de quienes manejan las motos, sino también de los pasajeros transportados que suelen ser cómplices de los choferes y, ante un control municipal o policial, niegan haber pagado por el servicio de transporte.
¿Qué hacer entonces frente a esta realidad?: la decisión de la Municipalidad de Santa Fe apunta a sostener la prohibición, pero a la vez incrementar los controles sobre uso de casco y documentación para quienes conducen motos, y así generar gondiciones que apunten a reducir las secuelas que pueden sufrir choferes y pasajeros transportados en caso de accidentes.
Durante todo 2024, el Municipio retuvo 8.038 motos por diversas infracciones; mientras que los primeros siete meses de 2025, ya lleva retenidas 8.664 motos. "El pedido del intendente es incrementar, aún más, la cantidad de controles", afirmó Mastropaolo.
Según datos brindados por la Municipalidad, en la ciudad de Santa Fe existen registrados alrededor de 1.000 taxistas y remiseros; mientras que se calcula que en las aplicaciones de viajes ya trabajan unos 2.000 choferes. Muchos de ellos, combinando su labor con la del taxi o del remis.
Una de las premisas fundamentales del nuevo proceso de discusión sobre la ordenanza de aplicaciones de viajes es tener en cuenta cuál es la mirada de los vecinos. En este sentido, nueve meses después de la aprobación de la norma, queda claro que la demanda por el servicio es creciente y que, incluso, el número de personas dispuestas a trabajar en este esquema crece.
"Para todos se trata de un proceso de aprendizaje. No tiene sentido generar una ordenanza que no se pueda controlar y que termine siendo violada de manera sistemática. En este momento, incluso, también es diferente la postura de muchos de los taxistas y remiseros de la ciudad con respecto a las aplicaciones", afirmó una fuente consultada en la Municipalidad de Santa Fe.
A partir de esta respuesta surgen indicios sobre cuáles serán los pasos a seguir.
Por el momento, prorrogar la implementación de la ordenanza vigente. Y, mientras tanto, reabrir la mesa de diálogo con cada una de las partes interesadas, adaptar la legislación a la lógica de las nuevas tecnologías, tener en cuenta las necesidades de los usuarios y encontrar las herramientas más eficientes para velar por la seguridad de los pasajeros transportados.
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