Por qué es necesario que se apruebe la nueva ley de VIH, hepatitis e infecciones de transmisión sexual

“El problema del VIH-sida en Argentina existe. A veces parece que la medicación solucionó todo y no es así, hay muchos temas por abordar, pero es muy difícil que esto sea tomado como un problema social suficientemente grave”, expresa Mariana González, presidenta de la asociación civil VOX de Rosario.

El nuevo proyecto de ley, que obtuvo dictámenes favorables en las comisiones de Salud y Presupuesto del Congreso, perdió estado parlamentario por tercera vez a fines de 2021. Las organizaciones de la sociedad civil pidieron que se tratara en sesiones extraordinarias, el presidente Alberto Fernández la incluyó en el mensaje pero en febrero no hubo ninguna sesión. En el comienzo del año legislativo 2022, empezó un nuevo camino hacia su aprobación.

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El 3 de marzo, la diputada nacional por Entre Ríos, Carolina Gaillard, volvió a presentar el proyecto con la firma de más de 40 diputados y diputadas de todos los bloques del Congreso. “Este proyecto es el resultado de años de trabajo articulado entre las organizaciones y redes de personas con VIH, los organismos estatales involucrados y las comisiones de la Cámara”, dijo la legisladora del Frente de Todos.

González traza los puntos fundamentales. La ley “declara de interés público y nacional todo lo atinente a la investigación científica, que se promueva de parte del Estado, para realizar toda investigación necesaria para lograr la cura”.

El lenguaje parlamentario es un poco más árido y la activista lo hace más concreto: “Algunos estamos convencidos de que la cura está a la vuelta de la esquina, desde el punto de vista científico, pero hay otros intereses para que no salga. Consideramos que, si no se ha llegado a la cura, es por los grandes intereses de las industrias farmacéuticas, que siguen ganando fortunas por la venta de los antirretrovirales en todo el mundo, no sólo en América Latina”.

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Entre el 80 y el 90% del presupuesto argentino destinado a VIH y otras enfermedades de transmisión sexual está destinado a la compra de medicamentos, según un informe publicado en abril de 2021 por el Observatorio de Acceso a Medicamentos, que elabora la Fundación Grupo Efecto Positivo (Fundación GEP).

Ese mismo informe muestra que hubo un 65% de aumento en el precio de estos tratamientos en 2020, que alcanzaría el 85% de no mediar un mecanismo regional de compra conjunta llamado Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que permite abaratar costos y facilitar el acceso de drogas y otros insumos para la salud. En la Argentina hay unas 65.000 personas en tratamiento en el sistema público de salud.

Por eso mismo, desde las organizaciones reclaman que se apruebe la ley que declara “la promoción, la necesidad y el interés de que exista fabricación pública de medicamentos, porque eso reduciría muchísimo el dinero que se destina a estas compras y se podría volcar, por ejemplo, para la prevención”, expresa González.

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Otro punto de la ley es la jubilación anticipada para personas con VIH, así como la creación de una pensión no contributiva para aquellas que no tengan un ingreso de más de dos salarios mínimos, vitales y móviles. “Es importante para la gente que viene con VIH hace muchos años. Su cuerpo quedó deteriorado por el efecto de las drogas, por el paso del tiempo, por la exclusión social”, explica el director del programa provincial de VIH, TBC y ETS, Gerardo Perafán, para quien la ley es importante porque “mejora la calidad de vida” de la población.

En 2018 hubo una crisis en la provisión de tratamientos. “Todo eso está establecido en el proyecto, en cuanto a la necesidad de que existan partidas fijas y que no se tenga que someter a la gente a la inestabilidad respecto a las entregas”, plantea González.

Según expresó la activista, en la actualidad los mayores incumplimientos se dan en el subsector privado, ya que las obras sociales y prepagas demoran los tratamientos. “Son resistentes, dejan baches y hay que salir a conseguir tratamientos a través de donaciones. Hoy podemos decir que tenemos más problemas en la salud privada que en la pública”, afirma González.

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En el mismo sentido, Perafán destacó que hay unas 5.000 personas en tratamiento en el sistema público de salud en Santa Fe y, además, el programa provincial asistió a “más de 900 personas que tenían obra social o prepaga y no se los proveían”.

El funcionario provincial subraya que “hay medicamentos” y también “preservativos”, pero en este último caso, lo que falla es la demanda de la población. “Hay preservativos y la gente no los retira. ¿Vos conocés a alguien que no sepa para qué sirve un preservativo? Todo el mundo sabe, sin embargo, están en el centro de salud y la gente no los retira. A nivel mundial bajó el uso de preservativos”, advierte Perafán.

Así, queda en evidencia la necesidad de contar con la ley que pone el foco en la participación de las organizaciones y redes de las personas afectadas en las “campañas de sensibilización, difusión y concientización a la población”, con el acento puesto en la prevención.

González subraya que la pérdida de estado parlamentario del proyecto “fue una decepción muy grande”. Y espera que ahora sí se convierta en ley. “Seguimos perdiendo derechos con una ley que tiene más de 30 años, que fue sancionada en 1990 y ha quedado totalmente retrógrada”, concluye.