Este miércoles, en el recinto de la Cámara de Diputados de Santa Fe, se llevó a cabo una audiencia pública sobre la empresa agroexportadora Vicentin y su concurso de acreedores. De la misma, participaron legisladores provinciales y los fiscales que llevan adelante las investigaciones penales, civiles y comerciales. La audiencia fue impulsada por los diputados integrantes de la Comisión de Información y Seguimiento de las causas judiciales en razón del concurso de la empresa Vicentin. Los legisladores Luis Rubeo (PJ) y Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) coincidieron en la importancia de la actividad institucional y en el reclamo a los gobiernos nacional y provincial de medidas concretas al respecto.
Este miércoles, en el recinto de la Cámara de Diputados de Santa Fe, se llevó a cabo una audiencia pública sobre la empresa agroexportadora Vicentin y su concurso de acreedores.
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“Estamos muy satisfechos por esta audiencia pública, sobre todo porque estuvo representado todo el arco de la problemática: la empresa, los fiscales, los acreedores granarios, los trabajadores y los actores de la banca”, sostuvo Rubeo, quien aseguró que “eso hizo que cada uno se haya podido expresar con libertad”.
“La salida es eminentemente política. El gobierno de Santa Fe debe dejar de mirar para otro lado, juntarse con el gobierno nacional y con otros actores y llevar a cabo un nuevo diseño de administración”, reclamó el diputado justicialista.
En cuanto a la propuesta de acuerdo de Vicentin con los acreedores, Rubeo advirtió que “no tiene viabilidad económica ni jurídica”.
Por su parte, el diputado Del Frade destacó que “por primera vez se expresaron en un recinto institucional los acreedores granarios, quienes hablaron de la necesidad de mantener los puestos laborales y de la estafa que sufrieron de Vicentin”.
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El legislador del Frente Social y Popular comentó que durante la audiencia, Mariano Grassi, uno de los referentes de los acreedores, sugirió que todas las propuestas de arreglos con acreedores ronda la ilegalidad. “Lo dijo dos veces”, ratificó Del Frade.
“Fue muy importante lo que dijeron los fiscales sobre la necesidad de profundizar las investigaciones penales por los distintos delitos cometidos por Vicentin”, indicó, y aseguró: “Quedó claro que, más allá de lo que resuelva la Corte de Santa Fe, hay que seguir las investigaciones para que traigan los 791 millones de dólares fugados que pondrían en marcha la empresa”.
Para el diputado “es inadmisible” que no se tenga en cuenta la cuna de Vicentin, que son las empresas que están entre Reconquista y Avellaneda, “que representa 3000 puestos de trabajo directo y el cuádruple en forma indirecta”.
“La conclusión lamentablemente es que el gobierno nacional y el provincial están borrados y es fundamental que se despierten y que tomen conciencia de que se siguen cometiendo delitos porque siguen transfiriendo acciones y recursos a Viterra (Glencor) que es un grupo de delincuentes denunciado en todo el mundo”, señaló el diputado.
Y concluyó: “Es imprescindible que se despierten los gobiernos, que se tenga en cuenta a los trabajadores y que la justicia profundice las investigaciones para que se acabe esta historia de delincuentes de guante blanco”.
Detención y pago de fianza
El presidente del directorio de Vicentin Omar Scarel fue detenido a principios del mes de junio en Avellaneda, en el norte santafesino, por orden del fiscal Sebastián Narvaja de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de Rosario. Fuentes judiciales indicaron que la fiscalía detectó que Scarel realizó maniobras intentando enajenar las acciones de Renova que están bajo caución judicial.
La detención se produjo por parte de personal de la Agencia de Investigación Criminal y fue acompañada de allanamientos en oficinas de Renova en Rosario, ubicadas en la zona de Puerto Norte, donde se secuestró documentación en formato papel y electrónica.
El presidente del directorio ya estaba imputado por estafa, defraudación y balances falsos en el marco de la investigación penal por la cesación de pagos de Vicentin, al igual que el resto del directorio. En la audiencia imputativa de octubre pasado a los 14 acusados se les concedió la libertad bajo una fianza millonaria y se le fijaron normas de conducta y prohibición de salir del país.
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