La causa por estafas pone suspenso al posible acuerdo de Vicentin con sus acreedores

Sin embargo, la historia no termina ahí, porque esos mismos bienes están cautelados por otros jueces que intervienen en la investigación penal que se lleva adelante en Rosario en la que están imputados por estafa 14 integrantes del directorio de Vicentin.

Esas medidas fueron dispuestas por los jueces Nicolás Foppiani y Hernán Postma en septiembre y diciembre de 2020 y están vigentes, como quedó en claro esta semana cuando los fiscales rosarinos Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, de la unidad fiscal de Delitos Económicos, imputaron al presidente del directorio, Omar Scarel, por el delito de desobediencia al entender que había vendido el 33% de Renova que tiene Vicentin sin permiso judicial.

Los fiscales llevaron a la audiencia el contrato por el cual Viterra SA (principal accionista de Renova) ofertó 310 millones de dólares y Scarel, en nombre de Vicentin, lo aceptó. Ese contrato de compra-venta (y otros) fue incluido en el concurso preventivo como garantía de que la oferta de pago que la agroexportadora ofrece a sus acreedores tiene respaldo material real.

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En su defensa, Scarel dijo que no era una venta sino “un acuerdo de transferencia sujeto a condiciones”, aunque eso no está escrito en los contratos, como demostraron los fiscales. Esas condiciones, según su versión, implican que el juez civil y comercial homologue el acuerdo y se levanten todas las medidas que impiden transferir las acciones”.

En ese incidente, el juez penal Nicolás Foppiani se inclinó por la interpretación de Scarel y su defensa, pero de todos modos le dejó explícitamente en claro que “en adelante cualquiera de estas operaciones requieren autorización judicial previa. No es comprensible que se haya hecho un contrato por 300 millones de dólares sin hablar con la fiscalía”. Se refería a la autorización en el marco de la investigación penal, que tramita por vía paralela e independiente del concurso preventivo que se desarrolla en el fuero civil y comercial.

En resumen, nadie más que los fiscales y jueces penales de Rosario pueden levantar las cautelares por más que Vicentin reúna la adhesión suficiente de acreedores y el juez Fabián Lorenzini de Reconquista homologue el acuerdo.

Siguiendo con el ejemplo de la venta de la planta procesadora y puerto de Renova, la transferencia e inscripción de las acciones a favor de Viterra SA, y el pago de los 310 millones de dólares a Vicentin, no podrán concretarse mientras no haya una decisión en ese sentido de la Justicia penal de Rosario.

Los tiempos entre un fuero y otro están descalzados, porque la homologación del acuerdo con acreedores, de concretarse, sería a corto plazo y de inmediato empezarían a correr los plazos de pago comprometidos en la oferta; pero, por otro lado, la investigación penal encontrará resolución en primera instancia recién a mediano o largo plazo.

Por lo pronto, en instancias superiores de la Justicia santafesina siguen de cerca los acontecimientos por si sobreviniese un conflicto entre el juez civil y comercial de Reconquista y fiscales y jueces penales de Rosario.

El directorio de Vicentin y el grupo inversor que se involucró –ACA, Viterra y Bunge– claramente apuestan a que una vez firmado y homologado el acuerdo, la fiscalía levante las cauciones con la presión de un millar de acreedores a la espera de cobrar.

“Si se resolviese de forma positiva el trámite en el fuero civil y comercial, y necesitaran disponer de los bienes de Vicentin para cumplir con la oferta, tendrán que venir acá con argumentos muy bien fundamentados y convencernos de que es factible levantar las cautelares o reemplazarlas”, explicó una fuente del Ministerio Público Fiscal.

¿Y si eso no ocurriera? Esa es la pregunta del millón, el cabo suelto que nadie puede garantizar hoy. En términos concretos, Vicentin les promete a los acreedores pagarles con bienes de los que no puede disponer.

“Para que la Justicia penal los libere, los imputados deberían ofrecer el reemplazo de los bienes cautelados por otras disponibilidades que le garanticen al Ministerio Público Fiscal que en caso de condena podrán cubrir las multas que conlleva la pena”, explicó un juez penal consultado para este artículo.

La misma fuente opinó que llegado el momento, “seguramente habrá una fuerte definición de parte del MPA a fines de conciliar la tramitación civil y comercial con el reaseguro del cumplimiento de una hipotética multa. Si la empresa tiene que desprenderse de esos bienes para pagar, entiendo que deberá buscar el aval de la fiscalía para reemplazar la cautelar con otras disponibilidades”, insistió.

Y esto, que suena a simple trámite, puede no serlo si se tiene en cuenta que la multa es proporcional al delito cometido. En este caso se trata de una presunta estafa multimillonaria. Sólo en el caso de los bancos internacionales denunciaron –y se constituyeron como querella– haber sido estafados por 500 millones de dólares. A eso se agregan las denuncias de Banco Macro, Cuatro Hojas SA, Comodities SA, Olzen SA. Cabe recordar que los imputados gozan de libertad provisional gracias a haber contratado una caución record de 10 millones de dólares, que esta semana se extendió en otros 500 mil dólares.

Hay otra salida al entuerto que plantean las cautelares superpuestas, pero es la que nadie avizora: un juicio abreviado. Ofrecería una resolución a corto plazo, pero implicaría que el directorio de Vicentin aceptara su culpabilidad, en algunos casos con condenas de cumplimiento efectivo, y el pago de multas millonarias. Una salida que los directores de Vicentin no están dispuestos a transitar.