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Política Economía | Macri | Alberto Fernández

Tras cerrar el acuerdo con los bonistas, cómo sigue la gestión de Alberto Fernández

El presidente prepara un plan de 60 medidas para reactivar la economía y una apuesta fuerte a la obra pública. Los temas que pueden generar roces con la oposición.

El presidente Alberto Fernández y su gobierno festejan el acuerdo por la deuda con los bonistas bajo legislación extranjera, el primer éxito de su gestión. Sin embargo, éste es sólo un punto de partida: el Gobierno debe encarar medidas urgentes para recuperar la economía, sumida en una profunda crisis producto de la pandemia y la cuarentena. La hoja del ruta del presidente incluye una negociación con el FMI, un plan de “60 medidas” reactivadoras y una radicalización en la confrontación con la oposición -y, particularmente, contra Mauricio Macri, para sostener el relato épico.

El cierre del convenio estuvo en manos del presidente y el ministro de Economía, Martín Guzmán, aunque detrás de escena participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con importantes vínculos con representantes de fondos de inversión extranjeros. También la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien aconsejó un pronto cierre del acuerdo para alejar definitivamente el fantasma del default. La propuesta final del gobierno argentino exigió aumentar en 16.500 millones de dólares, producto de las sucesivas concesiones a los acreedores en estos seis meses de negociación. La propuesta original del ministro Guzmán era pagar 35 dólares sobre 100 desde 2023. Pero el acuerdo cerró en 54,8 y desde 2022.

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El convenio externo es una condición “necesaria” pero no “suficiente” para intentar salir de la tormenta perfecta que azota la economía. La Casa Rosada se apresta a tomar algunas medidas inmediatas: una es el aumento de los combustibles. Sobre el fin de esta semana, el Presidente, junto al titular de YPF, Guillermo Nielsen, el CEO de la empresa, Sergio Affronti, y el ministro Guzmán podrían validar el primer aumento del año en los precios de los combustibles líquidos (naftas y gasoil).

En lo económico, el presidente apostará fuerte a la obra pública: ya anunció planes para Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, San Juan y Santa Cruz por 22.645 millones de pesos. Y para lo inmediato se avecinan sucesivos anuncios por etapas de las 60 medidas, que incluyen créditos para viviendas y alivio fiscal para el sector turístico. Luego vendrán medidas diseñadas para la recuperación de la economía, para el mediano y largo plazo. Entre las medidas de mediano plazo figura un proyecto de reforma tributaria, que se discutirá con el presupuesto 2021. No se descarta que dentro de esa reforma impositiva se incluya el tan demorado proyecto del kirchnerismo que propone gravar con un impuesto extraordinario a las grandes fortunas.

La oposición de Juntos por el Cambio anticipó que rechazará en el Congreso la reforma política. Elisa Carrió resucitó de su letargo político y apuntó contra el Gobierno.

Respecto de la negociación con el FMI, el Gobierno anticipó no tener demasiado apuro en arribar a un acuerdo. Se entiende, los principales vencimientos con el organismo financiero internacional recaen recién en 2022. Si bien Fernández y su ministro Guzmán trabaron una buena relación con la jefa de FMI, Kristalina Georgieva, la negociación no se anticipa sencilla: entre las exigencias del fondo figura el compromiso por parte del gobierno argentino para que se reforme el sistema previsional y las leyes laborales. Concesiones que para la administración de Fernández son inadmisibles.

En lo político, el Gobierno ya desplegó una estrategia de radicalizar la confrontación con la oposición. El presidente Fernández, quien había calificado de "amigo" al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta días atrás, reprochó que los jubilados de la Capital deben atenderse en sanatorios de la provincia de Buenos Aires. Paralelamente, llueven las críticas del kirchnerismo sobre el expresidente Mauricio Macri por su viaje a París y Suiza.

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Mientras tanto, en el Senado, Cristina Kirchner redobló la embestida contra el procurador general interino, Eduardo Casal: quiere llevarlo a juicio político por una supuesta persecución a la fiscal Gabriela Boquin, por el caso del concurso y vaciamiento del Correo Argentino, que pertenecía a la familia Macri. La vicepresidenta apuesta a desembarazarse de Casal (quien insiste que no va a renunciar a su cargo) para colocar en ese cargo clave a un candidato kirchnerista. Esta embestida forma parte de la ofensiva del kirchnerismo contra la Justicia, que incluye el proyecto de ley de reforma judicial -que propone diluir el poder de la Justicia Federal de Comodoro Py con la creación de nuevos juzgados- y una eventual recomposición de la Corte Suprema.

El Gobierno agudiza las tensiones y crispa el clima político. La oposición de Juntos por el Cambio anticipó que rechazará en el Congreso la reforma política. Elisa Carrió resucitó de su letargo político y apuntó contra el Gobierno. "Hay una campaña personal de Cristina Kirchner contra Rodríguez Larreta y Juntos por el Cambio, a través de periodistas de C5N", escribió Carrió en su cuenta de Twitter. Y agregó: "Rodríguez Larreta y (su vicejefe de gobierno) Santilli están al frente de todo, mientras que (el gobernador bonaerense Axel) Kicillof y el resto solo se dedican a atacar y mentir. Mienten con la deuda y mienten con la pandemia".

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