Este lunes por la tarde se retomará la audiencia en el marco de un juicio disciplinario que se lleva adelante en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación (MPA) contra Débora Cotichini, exjefa de inteligencia del Organismo de Investigaciones (OI) zona sur, por la acusación del uso indebido de información y tareas de personal con fines distintos a los institucionales del MPA. Además, se la acusa de transmitir al entonces ministro de Seguridad, Marcelo Sain, información confidencial.
Juan Lewis, abogado defensor de Cotichini, dijo que la suerte de la funcionaria del MPA está echada y calificó al proceso judicial de “amañado”.
Maiquel Torcatt / Aire DigitalPara la defensa de Cotichini, la suerte de la funcionaria del MPA está echada, calificó al proceso judicial de “amañado” y adelantó que, en caso de que el fallo se desfavorable a los intereses de su defendida, se apelará. La acusación formal fue presentada por la auditora general del MPA, María Cecilia Vranicich, quien pide la destitución de la funcionaria. A Débora Cotichini se la acusa por la utilización indebida de información y tareas de personal del Organismo de Investigaciones con fines distintos a los institucionales del MPA. También de transmitir del MPA al entonces ministro de Seguridad, Marcelo Sain, y de ocultar información a sus superiores jerárquicos.
En diálogo con AIRE, Juan Lewis, abogado de Débora Cotichini sostuvo que “es un juicio completamente amañado. Hay un montón de trampas que las hemos marcado. Recusamos a tres de los integrantes del tribunal: al senador Armando Traferri, a la diputada Lionella Cattalini y al fiscal general, Jorge Baclini”. El único que excusó fue Traferri. Vale señalar que el tribunal que la juzga está compuesto por Baclini, el fiscal regional de Venado Tuerto, Matías Merlo, la diputada Cattalini (PS), el senador Alcides Calvo (PJ, en reemplazo de Armando Traferri) y la rafaelina Gabriela Caponi Fiorilllo por el estamento de los abogados.
“Son personas involucradas en la causa”, dijo el abogado y resaltó que “lo de Baclini es increíble: fue el que determinó la medida cautelar de suspenso del trabajo de Cotichini. Es decir, tiene un punto de vista tomado sobre el caso. Y Cattalini estuvo hablando por todos lados sobre la causa, dando por sentada la culpabilidad de Cotichini”.
Lewis admitió que “la situación no es favorable, es muy compleja” y lamentó que “pareciera haber una decisión de cuál será el resultado de este juicio”. Sin embargo, adelantó que en caso de una condena contra Cotichini se apelará ante la Cámara Contencioso Administrativo y luego ante la Corte.
“Se está enjuiciando a una persona que participó de las investigaciones más relevantes del delito organizado de la provincia”, aseguró el abogado.
En referencia a la audiencia del viernes, Lewis informó que se hicieron los alegatos de apertura, donde además se recepcionó la prueba. Para el lunes se espera que se hagan los alegatos de clausura y luego el tribunal resolverá. Entre quienes declararon en la audiencia, se estaban Víctor Moloeznik, actual director del Organismo de investigaciones, y otros dos empleados y además, declararon los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery. También declaró Marcelo Sain.
Los ejes de la imputación por espionaje ilegal contra Sain
El exministro Marcelo Sain fue formalmente imputado este martes por la causa que investiga el espionaje ilegal de políticos, policías, empresarios, periodistas y funcionarios judiciales durante su paso por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe. La atribución de los hechos fue en una audiencia que se dio por videoconferencia en la cual el exfuncionario fue asistido por su abogado Hernán Augusto Martínez, quien además representa a los otros implicados que tiene el caso: Germán Montenegro (exsecretario de Seguridad Pública) y Agustina Mounlins (la cual fue contratada durante la gestión).
En la audiencia, los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg, le atribuyeron a Sain haber encabezado una asociación ilícita de carácter “permanente, estable y organizada” y que fue conformada por funcionarios públicos pertenecientes al Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe y el Organismo de Investigaciones, los cuales tuvieron como objetivo cometer diversos delitos contra la administración pública y personas humanas y jurídicas. Según indica la imputación, la organización funcionó desde el 30 de diciembre de 2019 (unos días después de quedar al frente de la gestión) hasta el 26 de noviembre de 2021, cuando se desarrollaron los allanamientos en Rosario de la sede del Ministerio de Seguridad.
Para los fiscales Sain fue el jefe de la asociación ilícita, mientras que por debajo estuvieron la exdirectora de la Agencia de Control Policial (ACP), Nadia Schujman y la exfuncionaria del Organismo de Investigaciones, Débora Cotichini, en su carácter de organizadoras. Por su parte, en la tercera línea y como miembros, quedaron Germán Montenegro (exsecretario de Seguridad Pública), Diego Rodríguez (Exsubsecretario de Control Institucional); Milagros Bernard (Excontratada por la Subsecretaría de Control Institucional del Ministerio de Seguridad); y Pablo Álvarez (Exsubsecretario de Investigación Criminal dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública). Todos ellos fueron imputados este martes por la tarde, en una segunda audiencia realizada en la Fiscalía de Delitos Complejos.
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