El exministro Marcelo Sain fue formalmente imputado este martes por la causa que investiga el espionaje ilegal de políticos, policías, empresarios, periodistas y funcionarios judiciales durante su paso por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe. La atribución de los hechos fue en una audiencia que se dio por videoconferencia en la cual el exfuncionario fue asistido por su abogado Hernán Augusto Martínez, quien además representa a los otros implicados que tiene el caso: Germán Montenegro (exsecretario de Seguridad Pública) y Agustina Mounlins (la cual fue contratada durante la gestión).
Sain, cuando era titular de la cartera de Seguridad.
En la audiencia, los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg, le atribuyeron a Sain haber encabezado una asociación ilícita de carácter “permanente, estable y organizada” y que fue conformada por funcionarios públicos pertenecientes al Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe y el Organismo de Investigaciones, los cuales tuvieron como objetivo cometer diversos delitos contra la administración pública y personas humanas y jurídicas.
Según indica la imputación, la organización funcionó desde el 30 de diciembre de 2019 (unos días después de quedar al frente de la gestión) hasta el 26 de noviembre de 2021, cuando se desarrollaron los allanamientos en Rosario de la sede del Ministerio de Seguridad.
Para los fiscales Sain fue el jefe de la asociación ilícita, mientras que por debajo estuvieron la exdirectora de la Agencia de Control Policial (ACP), Nadia Schujman y la exfuncionaria del Organismo de Investigaciones, Débora Cotichini, en su carácter de organizadoras. Por su parte, en la tercera línea y como miembros, quedaron Germán Montenegro (exsecretario de Seguridad Pública), Diego Rodríguez (Exsubsecretario de Control Institucional); Milagros Bernard (Excontratada por la Subsecretaría de Control Institucional del Ministerio de Seguridad); y Pablo Álvarez (Exsubsecretario de Investigación Criminal dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública). Todos ellos fueron imputados este martes por la tarde, en una segunda audiencia realizada en la Fiscalía de Delitos Complejos.
La investigación, surgida a partir de una denuncia presentada el 31 de agosto del 2021, surge que de la asociación ilícita habría tenido dos estructuras diferentes: una ubicada en la órbita del Ministerio de Seguridad, y la otra en el Ministerio Público de la Acusación.
Las imputaciones
En cuanto a los cargos, la Fiscalía le imputó a Sain "asociación ilícita en carácter de jefe; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); peculado; abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes; instigador de destrucción de documentos y elementos de prueba; violación de secretos y encubrimiento calificado (por ser funcionario público).
En el caso de Montenegro, fue acusado de asociación ilícita en carácter de miembro; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); abuso de autoridad por ejercicio y por dictado de órdenes contrarias a las disposiciones legales; destrucción de documentos y elementos de prueba.
Mientras que Moulins quedó implicada en asociación ilícita en carácter de miembro; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; abuso de autoridad por ejercicio de órdenes contrarias a las leyes; destrucción de documentos y elementos de prueba.
Detalles
De la imputación surgen que la asociación ilícita cometió por lo menos 33 maniobras de espionaje ilegal en las que el grupo obtuvo, registró, sistematizó y analizó por sí mismo información obtenida respecto de personas por el sólo hecho de sus opiniones políticas, pertenencias partidarias, pertenencia a organizaciones lícitas u otras actividades lícitas. Dicha información fue volcada en múltiples “perfiles” que fueron creados por los exfuncionarios.
Los mismos fueron creados en base a información obtenida mediante el chequeo de las bases de datos privadas y públicas: Sudamericadata, Nosis, Veraz. Y también las estatales Migraciones, DNRPA, Registro Civil, sistema de legajos del MPA, EPE, Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), Migraciones, Ministerio de Salud, Municipalidad de Rosario, multas de Rosario y Santa Fe, bases de datos del Ministerio de Seguridad, CUITOnline, AFIP, ReNaPer, Dateas, Tribunal Electoral de la Provincia, denuncias efectuadas ante el CTD, Banco Central, Administración Provincial de Impuestos (API), Catastro de la Municipalidad de Rosario, Datacels, Sistema de Consultas Penales Unificadas, Superintendencia de Riesgos de Trabajo, Guía del Foro del Colegio de Abogados de Rosario, Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe, Boletín Oficial de Santa Fe, Servicio de Catastro e Información Territorial de Santa Fe, Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe, Superintendencia de Servicios de Salud, Tribunal Municipal de Faltas de Rosario, Agencia Provincial de Seguridad Vial, Ansés.
Según estableció la Fiscalía, en los “perfiles” se colocaban datos filiatorios de las personas espiadas como también composición de grupo familiar; antecedentes laborales; información financiera (créditos y deudas bancarias, tarjetas de crédito); información patrimonial (inmuebles, automóviles, telefonía celular); información impositiva; carácter de empleador y personas bajo relación de dependencia; movimientos migratorios; beneficiario de servicios o prestaciones sociales, educativas; de salud. También antecedentes policiales y judiciales, información catastral, infracciones de tránsito, automóviles a su nombre y quienes están autorizados a conducirlos.
No obstante, la imputación sostuvo que los acusados se valieron de redes sociales y búsquedas en medios de noticias para lograr obtener fotografías, información relativa a relaciones personales y afiliación ideológica.
Maniobras del espionaje
De las 33 maniobras que imputaron Hernández y Grimberg, surge a partir del 30 de diciembre de 2019, que la asociación ilícita se dedicó a obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre Maximiliano Pullaro y su entorno familiar y político, por el sólo hecho de su pertenencia político-partidaria. Lo mismo hicieron con el exsubsecretario de Asuntos Penitenciarios, Pablo Cococcioni, al cual el 1 de octubre del 2020 ordenaron perfilarlo. De hecho, surge un documento, fechado el 8 de octubre del 2020 con la reseña: Historia Política de Pablo Cococcioni”.
En esa línea, la imputación sostiene que el 17 de febrero del 2021, Nadia Schujman –por orden de Marcelo Sain– le pidió personalmente al Fiscal Federal, Federico Reynares Solari, que le brinde copia de los videos de las audiencias que tuvieron lugar en el marco de la causa que investigó al ex jefe de División Inteligencia de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones, Alejandro Druetta. En dichas audiencias, se ventiló que el expolicía mantuvo conversaciones con el senador Lisandro Enrico y el diputado Maximiliano Pullaro. Tal maniobra tenía por objetivo, según sostienen los fiscales, golpear a Pullaro políticamente.
En otro tramo de la imputación, los fiscales le achacaron a la asociación ilícita haberse dedicado a obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre el entonces subsecretario de Asuntos Penitenciarios Héctor Luis Acuña. Tal perfilamiento fue con el objetivo de conocer su trayectoria política partidaria e incidir en la misma. Por esa razón, el grupo habría accedido a datos personales de Acuña para luego confeccionar un informe de inteligencia titulado “Historia Política de Héctor Luis ‘Pirucho’ Acuña”, fechado 16 de septiembre de 2020.
Otro caso indica que el 20 de agosto de 2020 la asociación ilícita tuvo por objetivo perfilar al entonces Jefe del Departamento de Inteligencia Criminal Zona Norte del OI Rolando Galfrascoli y su entorno familiar, por tener disidencias en torno a cómo ejecutar el trabajo dentro del Organismo de Investigaciones. Sin embargo, como Galfrascoli había decidido irse a Reconquista (de donde es oriundo) Schujman respondió que era bueno que se haya ido de Santa Fe y que ya iba a “haber tiempo de hacerlo mierda”.
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