Santa Fe quedó a un paso de tener una ley integral contra la violencia de género en toda la provincia

El Senado de Santa Fe otorgó media sanción por unanimidad al proyecto del Poder Ejecutivo, que busca luchar contra la violencia de género.

El Senado aprobó el proyecto contra la violencia de género, pero la discusión dejó expuestas diferencias en Unidos por la asistencia de sus integrantes.

El Senado aprobó el proyecto contra la violencia de género, pero la discusión dejó expuestas diferencias en Unidos por la asistencia de sus integrantes.

El Senado de Santa Fe otorgó este jueves media sanción a un proyecto de ley enviado por el Gobierno provincial, que establece un sistema de prevención, protección y gestión integral del riesgo frente a la violencia de género. La iniciativa fue aprobada por unanimidad, luego de un trabajo conjunto entre el oficialismo y el Bloque Justicialista, que incorporó propuestas "para enriquecer el texto". Con la votación, el proyecto quedó en condiciones de avanzar a la Cámara de Diputadas y Diputados.

La propuesta busca establecer un régimen que articule la prevención, la detección temprana, las medidas judiciales de protección y el seguimiento de cada situación. Para eso, prevé una evaluación del riesgo en cuatro niveles —bajo, medio, alto y crítico—, un Registro Digital Único de Denuncias y Medidas de Protección y mecanismos de coordinación entre la Justicia, los ministerios públicos, las fuerzas de seguridad y los organismos administrativos.

"Ante la urgencia sobre este tema realizamos reuniones con el Ejecutivo, con el objetivo de que salga por unanimidad la propuesta", manifestó el presidente provisional de la Cámara alta, Felipe Michlig, al tiempo que recordó se cumplieron hoy 6 años de la sanción definitiva de la Ley de Paridad de Género en Santa Fe para los cargos electivos.

Qué cambió entre el proyecto original y el aprobado

La versión que recibió media sanción incorporó modificaciones puntuales respecto del proyecto original. Entre los cambios de mayor alcance, el artículo 43 sumó la asistencia médica y psicológica al catálogo de medidas judiciales de protección. De esta manera, los jueces podrán disponer acciones para brindar esa atención a través de organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil con formación especializada en prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

Además, el artículo 68 incorporó expresamente la autonomía funcional del Equipo Interdisciplinario, que mantiene su dependencia del Ministerio Público de la Defensa, mientras que el artículo 69 amplió sus posibilidades de coordinación con organizaciones especializadas de la sociedad civil.

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La aprobación del proyecto quedó atravesada por las ausencias en el recinto y el reclamo de Michlig a sus compañeros de bloque por el sostenimiento del quórum.

La aprobación del proyecto quedó atravesada por las ausencias en el recinto y el reclamo de Michlig a sus compañeros de bloque por el sostenimiento del quórum.

También se precisaron aspectos vinculados con la administración del sistema y las garantías laborales. El artículo 76 estableció que el Fondo Provincial de Asistencia Urgente para Personas Protegidas funcionará en el ámbito del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano —o del organismo que lo reemplace— y asignó a esa cartera la responsabilidad de definir los mecanismos para otorgar y rendir los recursos.

En tanto, el artículo 85 agregó garantías para el personal que eventualmente sea transferido para conformar el Equipo Interdisciplinario: deberán respetarse su remuneración, función, ámbito geográfico de trabajo y derecho a la carrera.

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La versión final también amplió las finalidades de la ley para contemplar las condiciones sociales y económicas y la situación de vulnerabilidad de cada persona, y sumó entre las facultades judiciales la posibilidad de disponer medidas para conservar información.

Los 10 puntos más importantes de la iniciativa aprobada

  • Prevención y protección integral. Establece un régimen para prevenir, detectar tempranamente y reducir el riesgo derivado de situaciones de violencia por razones de género, con una respuesta especializada y orientada a evitar la revictimización.
  • Cuatro niveles de riesgo. Clasifica las situaciones en riesgo bajo, medio, alto y crítico. La evaluación debe actualizarse ante nuevos hechos o circunstancias relevantes y sirve para orientar la respuesta estatal.
  • Registro Digital Único. Crea una base de información para facilitar la evaluación, gestión, monitoreo y seguimiento del riesgo. Contempla datos sobre las personas involucradas, las medidas vigentes, los incumplimientos, las alertas, las intervenciones policiales y la información relevante sobre armas, con perfiles de acceso según las funciones.
  • Coordinación entre organismos. Prevé el intercambio de información entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa, dentro de sus respectivas competencias. También invita a los municipios a adherir al registro.
  • Medidas judiciales de protección. Regula herramientas para proteger a las personas afectadas, que deben adecuarse a las circunstancias del caso y al nivel de riesgo. La versión aprobada incorpora expresamente la posibilidad de ordenar asistencia médica o psicológica mediante organismos y organizaciones especializadas.
  • Seguimiento de las medidas. Establece que el Equipo Interdisciplinario evalúe el cumplimiento y la eficacia de las medidas y comunique al juez las circunstancias que justifiquen revisarlas, ampliarlas, modificarlas o sustituirlas.
  • Revisiones judiciales obligatorias. Las medidas dispuestas ante situaciones de riesgo alto deben revisarse, como máximo, cada 60 días; en los casos de riesgo crítico, cada 30 días. La ausencia de nuevos episodios de violencia no implica por sí sola que haya disminuido el riesgo.
  • Equipo Interdisciplinario provincial. Crea un organismo técnico especializado dependiente del Ministerio Público de la Defensa, con autonomía funcional en la versión aprobada. Entre sus tareas figuran las evaluaciones, la escucha, la orientación, el acompañamiento y la coordinación de estrategias de intervención.
  • Fondo Provincial de Asistencia Urgente. Prevé recursos para cubrir gastos inmediatos indispensables vinculados con la protección, como traslados, alojamiento transitorio, cambio de cerraduras, seguridad domiciliaria y comunicaciones. El texto aprobado ubica el fondo en el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano.
  • Coordinación, control y garantías. La iniciativa contempla la articulación entre organismos, el registro de las intervenciones y el análisis institucional de femicidios, transfemicidios y otros episodios de extrema gravedad para identificar fallas y oportunidades de mejora. Además, incorpora garantías sobre las condiciones laborales del personal que pueda ser transferido al Equipo Interdisciplinario.

Tensión en Unidos por un quórum ajustado

La discusión del proyecto se desarrolló en un contexto adverso para el oficialismo por la conformación del quórum. Del bloque Unidos para Cambiar Santa Fe estuvieron presentes Felipe Michlig, Rodrigo Borla, Esteban Motta, Pablo Verdecchia, Ciro Seisas, Leticia Di Gregorio, Hugo Rasetto y Oscar Dolzani, además de Joaquín Gramajo, aliado del espacio. Por el Partido Justicialista (PJ), acompañaron con sus votos Rubén Pirola y Alcides Calvo.

En cambio, se ausentaron los oficialistas Paco Garibaldi, Orfilio Marcón, Germán Baumgartner y Germán Giacomino, junto con los peronistas Armando Traferri, Osvaldo Sosa y Eduardo Rosconi. Con un número de legisladores apenas suficiente para garantizar el quórum reglamentario, la sesión llegó a su tramo final en medio de la preocupación por la cantidad de senadores presentes.

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La situación motivó una dura intervención de Michlig, quien cuestionó a los integrantes de su propio bloque por el riesgo de que una sesión acordada previamente terminara dependiendo de un conteo de presentes. “Ante un tema que fue charlado, que tuvimos los intercambios y que acordamos tratar hoy, no podemos terminar una sesión a las apuradas, contando cuántos somos para tener el quórum”, advirtió.

“La responsabilidad de sostener el quórum y de tratar los mensajes del Poder Ejecutivo es del bloque Unidos para Cambiar Santa Fe”, remarcó.

Michlig también reclamó mayor compromiso con la actividad parlamentaria y diferenció las recorridas territoriales de la tarea legislativa en la capital provincial. “Dos veces en el mes solamente sesionamos y nos debemos estar aquí, donde es el lugar de sesión, en este recinto y en la ciudad capital de la provincia”, señaló. Y concluyó: “Como nos esmeramos y recorremos y damos respuesta permanente a quienes representamos, también tenemos que venir aquí a legislar y responder desde aquí a los requerimientos de la gente”.

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