Más poder a la Policía: tras las consultas, Unidos hará cambios en la reforma de seguridad de Santa Fe
La reforma que amplía el poder de la Policía sumó críticas en la Legislatura. Unidos busca dictaminar el proyecto el 28 de octubre y votarlo al día siguiente.
El proyecto enviado por el Gobierno provincial contempla modificaciones en las herramientas de investigación penal, las atribuciones policiales y fiscales y el régimen penitenciario.
La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, en plenario con Asuntos Constitucionales, completó este miércoles la ronda de exposiciones sobre el proyecto denominado Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad. Después de escuchar la semana pasada a la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio Público de la Defensa (MPD), los legisladores recibieron a representantes de los colegios de abogados de Santa Fe y Rosario, asociaciones de especialistas en derecho penal y organizaciones civiles.
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Las exposiciones dejaron un denominador común: las advertencias sobre posibles vulneraciones de garantías constitucionales, la división de poderes y los controles judiciales sobre las facultades que la iniciativa busca otorgar a la Policía y a los fiscales. La principal excepción fue la postura del MPA, que defendió las nuevas herramientas propuestas.
Frente a los cuestionamientos, el oficialismo avanzará con la introducción de cambios en algunos aspectos del proyecto, con el objetivo de dictaminarlo el miércoles 28 de octubre y llevarlo al recinto de la Cámara de Diputadas y Diputados para votar la media sanción el jueves 29, fecha en la que tiene preferencia para su tratamiento.
Reforma de seguridad: las últimas críticas en la Legislatura de Santa Fe
Este miércoles se completó la ronda de exposiciones con representantes de los colegios de abogados de Santa Fe y Rosario, la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, centros de estudios especializados y el Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe.
El Colegio de Abogados de Rosario sostuvo que la iniciativa contiene disposiciones que "debilitan el sistema de justicia" y cuestionó que se trasladen al MPA o a la Policía facultades que corresponden al Poder Judicial. También objetó las declaraciones sin defensor, las medidas cautelares dispuestas por fiscales y la ampliación de los allanamientos. En la misma línea, el Colegio de la Abogacía de Santa Fe calificó la reforma como "innecesaria" en términos generales y advirtió que algunos de sus artículos podrían "representar un retroceso procesal y vulnerar garantías del debido proceso".
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Las críticas también alcanzaron el alcance territorial de las nuevas herramientas. La Asociación de Abogados Penalistas de Rosario advirtió sobre una posible "regresión de décadas en materia procesal" y señaló los riesgos de las zonas de intervención policial especial. La exdiputada provincial Matilde Bruera cuestionó lo que definió como un posible “estado policial sin control judicial”, mientras que el Foro contra la Impunidad y por la Justicia expresó su rechazo a la iniciativa y la consideró una "retroceso democrático".
De este modo, las objeciones formuladas durante las consultas tuvieron un denominador común: la preocupación por el fortalecimiento de las facultades estatales de persecusión sin suficientes controles judiciales y garantías para las personas involucradas en un proceso penal.
La Corte Suprema y la Defensa Pública cuestionaron los alcances de la reforma
Los reparos de las instituciones que expusieron este miércoles se sumaron a los planteados la semana pasada por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y el Ministerio Público de la Defensa. Los siete integrantes del máximo tribunal provincial —Rafael Gutiérrez, Margarita Zabalza, Diego Maciel, Daniel Erbetta, Rubén Weder, Jorge Baclini y Roberto Falistocco— cuestionaron distintos puntos de la iniciativa, con especial atención a la delegación de facultades a la Policía y a los fiscales, la toma de declaraciones sin intervención obligatoria de un defensor y la creación de zonas de intervención policial especial.
Sobre este último mecanismo, los ministros trazaron una comparación con un estado de sitio por las restricciones y facultades excepcionales que podría implicar. También advirtieron que permitir declaraciones sin defensa obligatoria podría significar un retroceso respecto de los principios del sistema acusatorio adversarial vigente en Santa Fe desde 2014. Las observaciones incluyeron posibles "conflictos con la Constitución provincial y con estándares internacionales de derechos humanos".
En cuanto al régimen de visitas de personas detenidas en cárceles, hubo diferencias entre los integrantes del tribunal, aunque coincidieron en señalar que la propuesta requería mayores precisiones. La Corte formuló sus objeciones con reserva, en función de su responsabilidad constitucional de revisar la validez de las leyes.
Por su parte, la defensora general, Estrella Moreno Robinson, centró sus cuestionamientos en las garantías del proceso penal. En particular, advirtió sobre la posibilidad de que la Policía tome declaración a una persona imputada sin que resulte indispensable la presencia de un defensor. Según sostuvo, esa modificación "afectaría una garantía central del sistema acusatorio adversarial, ya que la defensa debe explicar a la persona el alcance y las consecuencias del acto procesal". La funcionaria también planteó la importancia de evitar que las declaraciones se obtengan bajo presiones indebidas.
Los principales cambios que propone la reforma de seguridad en Santa Fe
El proyecto enviado por el Gobierno provincial contempla modificaciones en las herramientas de investigación penal, las atribuciones policiales y fiscales y el régimen penitenciario. Entre los puntos centrales de la iniciativa se encuentran:
- Declaración informativa: restituye esta herramienta para las primeras etapas de una investigación penal.
- Interrogatorio policial: habilita a la Policía a interrogar en instancias iniciales de la investigación.
- Declaración del imputado: elimina la presencia obligatoria del defensor como condición para declarar.
- Juicios en rebeldía: permite continuar el proceso penal cuando el imputado, debidamente notificado, no comparece.
- Exclusión de pruebas: incorpora excepciones a las reglas que determinan cuándo una prueba debe quedar fuera del proceso.
- Allanamientos sin orden judicial: amplía los supuestos en los que se puede ingresar a determinados lugares sin autorización judicial previa.
- Derribo por orden fiscal: habilita la inactivación física de inmuebles vinculados con el microtráfico y otros delitos en situaciones excepcionales.
- Medidas coercitivas por decreto fiscal: permite disponer restricciones que no impliquen privación de la libertad, sujetas a control judicial.
- Procedimiento por decreto penal: crea un mecanismo para resolver casos contravencionales y delitos de bajo impacto sin prisión efectiva.
- Zonas de intervención policial especial: habilita áreas con facultades excepcionales relacionadas con el espacio público y la circulación de personas.
- Régimen penitenciario especial: establece condiciones más restrictivas para internos que ordenen delitos graves desde las cárceles.
- Inteligencia digital y electrónica: incorpora expresamente herramientas de investigación digital y electrónica, sujetas a las autorizaciones judiciales correspondientes.
- Programa de recompensas: amplía las facultades del Ejecutivo para ofrecer recompensas con fines preventivos y de seguridad pública, incluso fuera de investigaciones penales.
