Defensa de policías en Santa Fe: la Legislatura discute un cambio clave en medio de la reforma de seguridad
El oficialismo busca aprobar las iniciativas antes de noviembre, en medio de una discusión que involucra a organismos clave del sistema judicial en Santa Fe.
La Defensora General expuso ante los legisladores y planteó la posición del organismo sobre dos iniciativas centrales para el sistema penal santafesino.
La Defensora General, Estrella Moreno Robinson, expuso ante un plenario de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre la reforma del sistema de defensa pública y el proyecto de herramientas para la seguridad pública impulsado por el Gobierno provincial. La posibilidad de crear unidades especiales para asistir a policías investigados por violencia institucional forma parte de la discusión.
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La Defensora General pidió reforzar la defensa pública y cuestionó un punto clave de la reforma en seguridad
La reforma de seguridad impulsada por el Gobierno de Santa Fe sumó nuevos cuestionamientos institucionales durante la ronda de consultas en la Legislatura. Después de las objeciones planteadas por la Corte Suprema de Justicia, la titular del Ministerio Público de la Defensa expuso la posición del organismo sobre las iniciativas en debate y puso el foco en las garantías del sistema penal y la necesidad de fortalecer la defensa pública.
Uno de los principales reparos de Moreno Robinson estuvo dirigido a la posibilidad de que la Policía tome declaración a una persona imputada sin que sea indispensable la presencia de un defensor. Para la funcionaria, esa modificación afectaría una garantía central del sistema acusatorio adversarial que rige en Santa Fe desde 2014.
“Debe haber un defensor que explique el alcance del acto, qué significa, qué es lo que está haciendo”, sostuvo durante la entrevista con AIRE. Y agregó que la protección de esa instancia busca evitar situaciones en las que una declaración pueda obtenerse mediante presiones indebidas.
La defensa de policías y los ocho nuevos cargos
Otro de los puntos que forman parte de la discusión legislativa es la reforma de la Ley 13.014, que regula el funcionamiento del Ministerio Público de la Defensa. La iniciativa contempla la creación de programas o unidades especiales y la incorporación de ocho defensores públicos para atender procesos que requieran una intervención especializada.
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Entre los casos previstos aparece la defensa de integrantes de las fuerzas de seguridad investigados por hechos en los que se alegue violencia institucional. Sin embargo, Moreno Robinson aclaró que esa sería una de las posibles áreas de trabajo de las nuevas unidades, que también podrían intervenir en causas de justicia penal juvenil, salud mental y otras situaciones en las que el organismo necesita reforzar su capacidad de respuesta.
“Consideramos que la creación de unidades especiales por parte de la Defensoría General es una cuestión importante que nos permitiría contar con ocho defensores públicos que puedan estar haciendo defensas especializadas”, explicó.
La funcionaria señaló que la asignación de esos recursos dependería de las decisiones de la Defensoría General, de acuerdo con las necesidades del servicio. Por eso, pidió respaldo legislativo para ampliar la estructura del organismo y sostener una respuesta especializada en distintas áreas.
Allí, la postura de la funcionaria sumó reparos dentro del Recinto de la Cámara baja. El diputado Fabián Palo Oliver planteó que el Frente Amplio por la Soberanía no está de acuerdo con "crear una agencia especial para defender a policías acusados de violencia institucional".
La discusión se concentra en cómo organizar esa asistencia cuando un policía es investigado por hechos que podrían constituir violencia institucional. El proyecto propone que esos casos puedan quedar en manos de unidades especiales dependientes directamente de la Defensoría General, en lugar de recurrir exclusivamente a estructuras jurídicas vinculadas con la propia fuerza policial.
Una reforma bajo revisión institucional
La exposición de Moreno Robinson se produjo en el marco del análisis legislativo del paquete de iniciativas de seguridad enviado por el Poder Ejecutivo. La Comisión de Seguridad Pública y otras instancias de la Cámara de Diputadas y Diputados convocaron a representantes de organismos judiciales para conocer sus observaciones antes de avanzar con el tratamiento.
La Corte Suprema ya había planteado reparos sobre las facultades que el proyecto busca otorgar a la Policía y al Ministerio Público de la Acusación, las zonas de intervención policial especial y las declaraciones sin presencia obligatoria de un defensor. Los ministros también advirtieron sobre posibles tensiones con la Constitución provincial y los estándares internacionales de derechos humanos.
El oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe busca avanzar con la reforma y analiza posibles modificaciones al texto antes de su tratamiento. En ese escenario, las posiciones de la Corte y de los ministerios públicos incorporan una dimensión central al debate: cómo ampliar las herramientas de seguridad sin alterar las competencias judiciales ni debilitar las garantías del proceso penal.
