Emergencia por violencia de género: la Cámara de Diputados de Santa Fe posterga el dictamen
Pese al récord de femicidios y el reclamo de organizaciones, la Comisión de Género no firmará el proyecto de emergencia, ya que el Ejecutivo impulsará endurecer penas.
El proyecto de declaración de emergencia en violencia de género busca dotar al Estado de partidas presupuestarias extraordinarias, acelerar los mecanismos administrativos de respuesta y articular una red integral de protección para las víctimas.
La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe se encamina a atravesar una jornada de intensos debates políticos y legislativos. Aunque para este miércoles estaba previsto que la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad avanzara con la firma del dictamen sobre el proyecto que declara la Emergencia Provincial en Violencia de Género, el panorama político cambió de rumbo en las últimas horas y la iniciativa no lograría el despacho necesario para su tratamiento en el recinto.
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El proyecto de declaración de emergencia en violencia de género, presentado por la diputada provincial del Frente Amplio por la Soberanía (FAS) Claudia Balagué y acompañado activamente por organizaciones sociales y colectivos feministas, busca dotar al Estado de partidas presupuestarias extraordinarias, acelerar los mecanismos administrativos de respuesta y articular una red integral de protección para las víctimas. Sin embargo, según pudo saber AIRE, el bloque oficialista en Diputados decidió no prestar la conformidad de sus legisladores para suscribir el dictamen, ya que avanzaría con otro proyecto.
Emergencia por violencia de género: la Cámara de Diputados posterga el dictamen
En lugar de respaldar la emergencia legislativa propuesta por la oposición, la estrategia del oficialismo pasa por priorizar el debate de un proyecto de ley impulsado directamente por el Poder Ejecutivo Provincial. Esta iniciativa de la gestión santafesina concentra su eje vertebrador en el endurecimiento de las penas y las sanciones punitivas para los agresores y personas imputadas por delitos cometidos en contextos de violencia machista, así como en reformas procesales dentro del sistema de justicia penal.
Un escenario marcado por cifras alarmantes y récord de femicidios
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El freno a la firma del dictamen legislativo genera una profunda preocupación en las organizaciones sociales que vienen advirtiendo sobre la gravedad del cuadro de situación en todo el territorio provincial. La paralización del proyecto ocurre en un contexto de extrema urgencia social: la provincia registra índices altamente preocupantes que la posicionan con una de las tasas más elevadas de muertes violentas de mujeres a nivel nacional.
De acuerdo con el último informe elaborado por el Observatorio de la organización MuMaLá, cuando restan casi tres meses para finalizar el año, Santa Fe ya registra 40 femicidios y 68 intentos de femicidio. La gravedad de la estadística cobra mayor dimensión al contrastarse con los datos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que durante todo el año anterior contabilizó 30 muertes intencionales de mujeres, una cifra que en el presente período ya fue superada de manera holgada y dramática.
El mapa de la violencia muestra además una preocupante dispersión geográfica en todo el mapa santafesino. La distribución territorial de las víctimas fatales da cuenta de que la problemática golpea tanto a los grandes aglomerados urbanos como a pequeñas comunidades del interior: Rosario encabeza la nómina con 15 casos, seguida por la ciudad de Santa Fe con 8, Villa Gobernador Gálvez con 3, y Reconquista, Coronda, Villa Amelia y General Lagos con 2 casos cada una. En tanto, localidades como Recreo, Rufino, Frontera, Piamonte, Fray Luis Beltrán y Capitán Bermúdez registraron un femicidio cada una.
El caso más reciente sumó indignación al reclamo social: en la primera semana de octubre se registró el asesinato de una mujer de 58 años en la ciudad de Capitán Bermúdez, hecho que es investigado bajo el protocolo estricto de femicidio. En simultáneo, en la ciudad de Rosario, una mujer sufrió un brutal ataque por parte de su pareja que le provocó la interrupción traumática de su embarazo, evidencia de la escalada de violencia en las relaciones interpersonales.
El reclamo de las organizaciones y la exigencia de respuestas presupuestarias
Ante la inminente falta de despacho de la ley de emergencia, referentes de organizaciones como MuMaLá expresaron su descontento y ratificaron que continuarán presentes en cada ámbito institucional donde se debatan estas herramientas. Las activistas reiteraron la necesidad de reunirse con las autoridades de la Cámara de Diputados para transmitir la urgencia de otorgarle tratamiento parlamentario al texto original de la emergencia.
Desde los colectivos que acompañan a las víctimas argumentan que el enfoque punitivo propuesto en el proyecto del Ejecutivo —centrado únicamente en el aumento de penas— resulta insuficiente para resolver la problemática de fondo si no va acompañado de un presupuesto específico, fortalecido y ágil. Sostienen que la declaración de emergencia es la única herramienta legal que permite redirigir partidas financieras para consolidar refugios, brindar asistencia económica directa a personas en situación de vulnerabilidad, fortalecer los equipos territoriales interdisciplinarios y garantizar un patrocinio jurídico gratuito y eficaz.
Mientras se confirma la postura del oficialismo de postergar el dictamen de emergencia y avanzar con la iniciativa sobre el régimen de penas, el debate parlamentario promete mantenerse en el centro de la escena política santafesina, en medio del reclamo colectivo que exige respuestas estatales inmediatas para frenar la violencia de género.
