A los 500 presos federales alojados en cárceles de Santa Fe, se les suman otros 460 con prisión domiciliaria que deben ser controlados.
Brisa Leguizamón tenía 38 años y el pasado sábado 29 de enero pasado protagonizó junto a su pareja un casamiento que terminó con el triple crimen de Ibarlucea. Fue el primer triple crimen en un año atravesado por la violencia extrema y el trágico derramamiento de sangre en el sur de la provincia de Santa Fe.
Aquel triple crimen dejó al descubierto un dato desconcertante: Brisa Leguizamón jamás debió haber estado en ese lugar, ya que cumplía prisión domiciliaria por orden de la Justicia federal.
¿Quién fue el responsable de que esta mujer hubiese violado la prisión domiciliaria?, ¿cuál es el grado de impunidad con el que se manejan estos detenidos, como para decidir organizar una fiesta multitudinaria de casamiento mientras tenía prohibido salir de su casa?
En la provincia de Santa Fe existen alrededor de 460 personas que cumplen -o deberían cumplir- prisión domiciliaria por orden de la Justicia federal. Estos detenidos en domicilios se suman a los aproximadamente 500 presos federales que se encuentran alojados en cárceles provinciales y a otros 900 que gozan del régimen de libertad condicional. En total, son unos 2.000 presos federales en territorio santafesino.
La realidad indica que Policía de Santa Fe y Dirección General Servicio Penitenciario de la Provincia no cuentan con los recursos suficientes como para garantizar el control de estos detenidos por delitos federales. Y la experiencia de Ibarlucea demuestra que el problema no solo existe dentro de las cárceles, sino también fuera de ellas.
En este contexto, desde la Secretaría de Justicia de Santa Fe se iniciaron las gestiones necesarias para que se instale en la provincia una oficina de la Dirección Nacional de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que depende de la Cámara de Casación Penal de la Nación.
Se trata de un creado por ley en diciembre de 2014, como auxiliar de la Justicia federal y de la Justicia nacional, en el ámbito del Poder Judicial de la Nación. Sin embargo, en términos prácticos solo brinda servicios en la ciudad de Buenos Aires.
En las últimas semanas, el gobernador Omar Perotti y el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, hicieron un pedido formal para que este organismo comience a operar en Santa Fe, haciéndose cargo del control de los 460 presos federales con prisión domiciliaria y de los otros 900 que gozan de libertad condicional.
Fuentes del Gobierno de Santa Fe, consultadas por AIRE, reconocieron que en estos momentos "se hace lo que se puede desde el Patronato de Liberados, con la colaboración de la Policía de la Provincia y el Servicio Penitenciario. Pero no existe la estructura y el recurso humano para controlar a estos presos federales".
Los pedidos se realizaron ante las autoridades de la Cámara de Casación Penal y también en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al menos en dos oportunidades.
La presencia de alrededor de 500 presos federales en las cárceles de Santa Fe agrava la situación generada por la superpoblación de internos que genera una situación crítica. Hace apenas cuatro semanas, el secretario de Asuntos Penales, Walter Gálvez, confirmó en el programa Creo, que se emite cada mañana en Aire de Santa Fe, que existen más de 1.600 internos por encima de la capacidad instalada en las cárcelse provinciales.
El 31 de marzo pasado, el director general del Régimen Correccional de la Provincia, Darío Rossini, envió una carta a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, a los colegios de jueces, al Servicio Público Provincial de Defensa Penal y al Ministerio Público de la Acusación, advirtiendo sobre esta situación límite.
De los casi 7.600 presos alojados en cárceles de Santa Fe, 500 son federales y existen alrededor de 200 a los que se los considera "de alto perfil", por el grado de peligrosidad que representan y porque integran o comandan desde los penales bandas sofisticadas y de fuerte alcance. En poco más de dos años, la sede de la Dirección de Asuntos Penales en Rosario recibió cinco balaceras con mensajes mafiosos enviados por estos presos. En los últimos días, el Gobierno reconoció que trabaja en el traslado de los empleados que se desempeñan en esas oficinas, para preservarlos de posibles futuros ataques.
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