El estudio, al que accedió AIRE, advierte que “el Poder Ejecutivo Provincial hace una interpretación sesgada acerca de la sostenibilidad del actual régimen de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe”.
En ese sentido, menciona en primer lugar que “el Estado nacional se encuentra incumpliendo leyes y pactos fiscales vigentes al no transferir los recursos necesarios para financiar el déficit del sistema previsional santafesino” y “peor aún, el Gobierno Provincial no ha realizado los reclamos formales ni los esfuerzos políticos necesarios para defender los recursos que por derecho nos corresponden a todos los santafesinos, estimados en 800 mil millones de pesos”.
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Al respecto, destaca que “las transferencias recibidas por parte de Nación a la provincia de Santa Fe, entre los años 2016 y 2023, cubrían - en promedio - el 31% del déficit”, porcentaje que “resulta un umbral mínimo que cambiaría sustancialmente la ecuación económica del organismo previsional”.
Luego, el informe de Amsafe asegura que “se comparte el criterio de que la administración del total de los recursos públicos con relación al total de sus gastos debe tener un equilibrio”, pero considera que “el parámetro de ‘déficit cero’ debe considerarse en el Sector Público Provincial consolidado”.
Y alerta: “de lo contrario, tomando cada repartición como una caja estanca - como se pretende imponer - se rompe con principios fundamentales sobre los cuales se asienta la organización de los Estados y la administración pública: la redistribución y solidaridad para que entes o jurisdicciones con recursos excedentes o gastos no esenciales pueden asignarse a carteras deficitarias o con gastos esenciales”.
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Este jueves, los legisladores entregaron su informe final el Ejecutivo. El próximo paso será el envío del proyecto de ley a la Legislatura.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
En este marco, el estudio del sindicato docente precisa que “el déficit previsional registrado en el año 2023, contemplando las transferencias nacionales, (…) asciende al 2,6% respecto del total de ingresos corrientes de la administración pública provincial, lo cual no resulta un déficit significativo e incontrolable para sostener las jubilaciones en la provincia de Santa Fe. Y si bien aceptamos que los desequilibrios como el mencionado deben mantenerse dentro de un margen de racionalidad, ello no implica que deba alcanzarse a costa de los derechos adquiridos por las y los trabajadores públicos santafesinos”.
Posteriormente, el gremio de los educadores públicos refuta el “camino a seguir” de la provincia de Córdoba, que “en todo el presente proceso de discusión se ha puesto como ejemplo”, lo cual demuestra “una coincidencia de parte del actual Ejecutivo santafesino con su forma y método de administración”.
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Sobre este punto, el informe asevera que “se ha soslayado que los propios datos del Consejo Federal de Previsión Social (COFEPRES) la ubican” al organismo cordobés “como una de las peores Cajas en términos de su tasa de sostenimiento”. “En efecto, a la provincia mediterránea le corresponde una tasa de sostenimiento del 1,69 mientras que Santa Fe presenta un 2,04”, indica, para después resaltar que “este indicador para nuestra provincia, aún con la pandemia de por medio, se ha mantenido estable los últimos cuatro años. Por lo que la relación entre activos y pasivos no se ha visto erosionada”.
La última comparación entra las provincias gemelas de la Región Centro: “si tomamos en cuenta el poder adquisitivo de los haberes de la caja de Santa Fe respecto a la Canasta Básica Total los mismos se encuentran un 22% por encima de dicho valor, mientras que los haberes de la provincia de Córdoba tan solo un 5%”.
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Finalmente, y en relación a la rama de trabajadores estatales que representa, Amsafe subraya que “el sector docente no es, como se ha mencionado numerosas veces durante el debate en comisiones, el causante principal del desequilibrio de la Caja. Por el contrario, si consideramos el déficit per cápita de los dieciséis sectores que componen el organismo previsional, el sector que representamos se encuentra en el noveno lugar, sólo 5 puntos porcentuales por encima del promedio general. En el mismo sentido, si consideramos la proporción del haber medio que requiere ser cubierto con aportes del Tesoro, observamos que es el cuarto sector con menos requerimientos, demandando un 33% de financiamiento”.
¿Las reforma jubilatoria es inconstitucional?
El estudio de la organización sindical abunda también en argumentos legales para expresar la postura de “total rechazo a una reforma en el régimen jubilatorio para las y los docentes de Santa Fe, que implique una disminución en sus derechos y que se fundamente en leyes de carácter regresivo en total violación al principio de progresividad”.
En ese aspecto, se deja en claro que “para el caso de sancionarse normativa de estas características, se pondrá a nuestra provincia al margen del Bloque de Constitucionalidad, haciendo a nuestro país responsable ante la Comunidad Internacional por legislar en franca violación a la Constitución Nacional y a los Tratados de DDHH que fueron incorporados con jerarquía constitucional a nuestra Constitución”.