A un mes del inicio de la convención reformadora de la Constitución, se intensifica la rosca política en todos los espacios. Resta definir el reglamento y las autoridades. Ya se inició el proceso de adecuación del recinto de la Cámara de Diputados.
En tan solo un mes, el 14 de julio, comenzará a trabajar en la ciudad de Santa Fe la convención encargada de la reforma constitucional.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
En tan solo un mes, el 14 de julio, comenzará a trabajar en la ciudad de Santa Fe la convención encargada de la reforma constitucional, luego de 62 años de vigencia de la Carta Magna provincial. Para las sesiones, se determinó que el escenario más apto es el recinto de la Cámara de Diputados de la provincia Santa Fe, cuya adecuación -para albergar a los 69 convencionales- se inició el jueves.
Según los detalles compartidos por el diputado Pablo Farías, se están realizando las reformas necesarias en el recinto para recibir a los convencionales constituyentes. Las bancas que se utilizarán serán más pequeñas y móviles para maximizar el espacio disponible. Se instalarán 17 bancas más, y el diseño del espacio permitirá que todos los convencionales puedan tener su lugar durante las sesiones.
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Otro aspecto que deberá resolverse tiene que ver con el reglamento que regirá los trabajos de la convención. Según informó AIRE, Unidos y Más para Santa Fe ya cuentan con sus borradores de reglamento para poner a consideración y debate con las otras fuerzas políticas. Sobre este punto, todos coinciden en que lo mejor es lograr un consenso generalizado respecto al estatuto.
En primera instancia, la convención reformadora se regirá por los reglamentos de la Cámara de Diputados de la provincia y de la convención reformadora de la Constitución Nacional de 1994. De todos modos, la convención santafesina tendrá la potestad de realizar las modificaciones necesarias para agilizar o mejorar el trabajo.
Fuentes de la UCR y del gobierno provincial precisaron a AIRE que, según entienden, las autoridades de la convención deberían ser tres: un presidente y dos vicepresidentes, con la colaboración de algunos secretarios. Puertas adentro de Unidos, deberá discutirse la posibilidad del doble voto de la Presidencia.
Respecto al temario, las mismas fuentes señalaron que podría centrarse en tres grandes núcleos: organización institucional, ampliación y/o modificación de derechos y funcionamiento del Estado. En base a ese temario, se determinará la cantidad de comisiones, a las que debe sumarse la comisión redactora.
Según precisaron, no habrá tratamiento parcial de los temas en las sesiones, sino que el pleno deberá debatir las propuestas de redacción de la Constitución girada por la comisión redactora. “El mayor trabajo se dará en las comisiones”, aclararon las fuentes.
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Por su parte, fuentes de Más para Santa Fe señalaron que “venimos laburando con el bloque un reglamento propio. Ya lo tenemos avanzado. Nosotros estamos trabajando no solo en el reglamento, sino en los distintos ejes temáticos y todos los artículos a reformar, a la espera de que haya algún tipo de diálogo con el oficialismo”.
Respecto a conversaciones con el gobierno y el oficialismo, desde el espacio peronista lanzaron fuertes críticas. “El gran problema es que el oficialismo no da señales de ningún tipo de diálogo. Tuvimos la reunión con el gobernador después de las elecciones (antes de que se defina la fecha de la convención), pero después nunca más nadie se comunicó para ver cómo se va a organizar la convención”, y agregaron: “Ellos piensan que es como si fuera una política del Ejecutivo y no que la Asamblea es soberana. No abren diálogo con nosotros que somos la principal fuerza de oposición”.
Al ser consultados por cómo se va a resolver el tema de las autoridades de la convención, desde Más para Santa Fe remarcaron que “hay una lógica legislativa respecto a las Presidencias. No es una cuestión de negociación, sino que lo ordena el pueblo a través de las elecciones. Quien sale primero va a la Presidencia, quien sale segundo va a la Vicepresidencia primera y el tercero la Vicepresidencia segunda. Eso siempre es así”.
Durante las dos últimas semanas, diferentes sectores de la vida social, política e institucional de la provincia comenzaron a realizar gestiones y movidas con los espacios políticos para incluir sus intereses, necesidades o aspiraciones en la nueva redacción de la Carta Magna. Tal es el caso del Ministerio Público de la Acusación (MPA), cuyos representantes concretaron reuniones con bloques de convencionales reformadores.
Fuentes del MPA indicaron a AIRE que el balance de las reuniones “es muy bueno” y destacaron que “es un gran avance que todos vengan, escuchen y pregunten”. En la misma dirección, remarcaron que “la recepción de la postura institucional es muy buena, incluso en sectores que no lo esperábamos”.
Respecto al rol y el rango que debiera tener el MPA en la nueva Constitución, desde el organismo sostienen que “no tiene que erigirse como un poder como el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Tiene que ser una organización independiente, autónoma y autárquica, y para eso no tiene que depender en la gestión ni en la decisión de nadie que no sea el propio Ministerio Público de la Acusación”.
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“Es el modelo que más garantiza la independencia, autonomía y autarquía del Ministerio Público de la Acusación en el necesario relacionamiento con los tres poderes del Estado. Y no solo debemos ser independientes del Poder Ejecutivo y del Legislativo, sino también del Poder Judicial, ya que la superintendencia que la Corte Suprema de Justicia ejerce sobre el MPA afecta la gestión normal de la organización”, señaló en contacto con la prensa la titular del MPA, María Cecilia Vranicich.
En tal sentido, resaltó la necesidad de seleccionar su propio personal especializado y la posibilidad de ejercer su poder disciplinario. Sin embargo, desde el MPA aclaran que “buscamos independizarnos de la justicia, pero no seremos el cuarto poder”.
Por su parte, el ruralismo de la provincia convocó a convencionales de distintos sectores políticos para plantearles los temas que generan preocupación en el sector y escuchar las ideas de cada uno al respecto. Ambiente, gestión pública y transparencia, seguridad y justicia y educación fueron los ejes sobre los cuales se dio el intercambio.
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El encuentro se produjo en los salones de la Sociedad Rural santafesina, presidido por las cuatro presidentes de las entidades que conforman la Mesa de Enlace provincial: Sara Gardiol, de Carsfe; Soledad Diez de Tejada, de Sociedad Rural Argentina; Laura Llopi, de Coninagro; y Marcela Fabrissín, de Federación Agraria Argentina. Asistieron Joaquín Blanco, Leonardo Diana, Esteban Motta, Julio Garibaldi, Rodrigo Borla y Felipe Michlig (UNIDOS); Elizabet Vidal y Javier Meyer (LLA), y Juan Argañaraz, Lucila Lehmann y Silvia Malfesi (Somos Vida y Libertad).
Desde las entidades explicaron que la reforma constitcional “requiere de un debate profundo sobre los ejes que darán forma a la provincia del futuro, por lo que la iniciativa pretendió aportar de forma proactiva algunas ideas que permitan aprovechar los beneficios de todo tipo de la producción para los santafesinos, a través de un trabajo sostenible y sustentable”.
La Directora del Distrito 6 de SRA, Soledad Diez de Tejada, planteó a AIRE Agro la incomodidad de haber sido excluidos como sector en el proceso de reforma. “No fuimos consultados antes; y creo que en una provincia estratégica en lo productivo, como es la nuestra, la producción debería haber sido convocada a aportar ideas”. En ese sentido, consideró “ambiguos” algunos puntos de la Ley que habilita a cambiar la Carta Magna.
“Queremos certezas, no ambigüedades que después signifiquen algún problema como a veces tenemos con los fitosanitarios, con las pulverizaciones, con feedlots o con medio ambiente, sobre los que se plantean problemas que otros países no tienen y que los inventamos acá; necesitamos que la Constitución garantice que nosotros podamos producir sin estas ambigüedades”, resumió.
Entre los 42 artículos que la Legislatura habilitó por Ley a que se reformen, uno de los temas que más preocupa a la producción es el ambiental. En el texto se plantea “incorporar una regulación que consagre el derecho al ambiente sano y sustentable”.
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Al respecto, la Mesa de Enlace provincial aclaró: “Se reconoce que las actividades productivas deben ser ambientalmente sostenibles, pero también económicamente y socialmente viables, lo que impide regulaciones excesivas que paralicen la producción”.
Un nuevo planteo surgió en las últimas semanas desde uno de los espacios políticos que será parte del debate en la convención. Se trata de la idea de plebiscitar el contenido de la reforma y someterlo a la voluntad popular en las elecciones de 2027.
El planteo surgió desde La Libertad Avanza. En diálogo con AIRE, el convencional reformador por dicho espacio, Nicolás Mayoraz, explicó que “como la legitimidad es muy baja (Pullaro obtuvo el 34% de los votos) queremos que la Constitución reformada sea plebiscitada en la siguiente elección”.
Según el actual legislador nacional, “para eso hay que poner una cláusula transitoria que exprese que la Constitución entrará en vigencia si en el plebiscito a realizarse en la próxima elección general obtiene más del 50% de los votos sobre el total del padrón”. Además, Mayoraz sostiene que “la vigencia empezará con las autoridades que se eligen en esa elección”.
Por su parte, fuentes del gobierno y la UCR fueron tajantes en rechazar el planteo de los libertarios y destacar el cumplimiento de la voluntad popular. “La Constitución se reforma mediante los mecanismos que la propia Constitución establece. Ese mecanismo fue cumplido y La Libertad Avanza participó de ese mecanismo”, sostuvieron en contacto con AIRE.
“El ganador que fue el gobernador ganó el 95 % del territorio, le sacó 20 puntos de ventaja al segundo que no fue La Libertad Avanza y está a punto de construir la mayoría propia dentro de la convención. Eso habla de que hay un respaldo democrático de la voluntad popular que se expresó en las urnas”, ratificaron las fuentes, quienes agregaron que “cada partido o cada lista va a la convención con la parte de representación que le asignó la gente votando”.
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Para el gobierno y la UCR “todo lo demás son chicanas, que además son ilegales. Es clara la Constitución y lo que estamos haciendo es acatar y cumplir con la Constitución que ordena, además, cómo tiene que ser reformada”.
En diálogo con AIRE, Mariano Bär, abogado constitucionalista explicó que “una vez que se vota y termina la convención, queda sancionada la Constitución nueva. Después se puede sacar posiblemente un decreto que homologa el texto y manda a imprimir ejemplares, como se suele hacer siempre”.
De todos modos, el especialista aclaró que “lo que puede haber es una disposición transitoria de la propia convención que diga que esta constitución va a ser sometida a consulta popular ad referéndum en el año 2027, condicionado su entrada en vigencia”.
Por último, respecto a la respuesta de la UCR sobre la voluntad popular, Bär remarcó que “no tiene absolutamente nada que ver, primero porque se va a legitimar a través de la voluntad popular y segundo porque, justamente, se eligieron convencionales constituyentes y si a la mayoría de los convencionales constituyentes les parece una buena cláusula someterla a plebiscito, justamente estás hablando de mayoría de constituyentes, por lo tanto, no estás desconociendo la voluntad popular, estás haciendo un sucedáneo del discurso de la voluntad popular porque esta era una mayoría”.
La ley de necesidad de una reforma constitucional fue sancionada por la Legislatura en diciembre del 2024 y habilita la discusión de 42 artículos: 2, 3, 5, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 51, 54 inciso 5, 55, 56, 58, 61, 64, 72, 73, 84, 86, 88, 91, 93, 98, 106, 107, 109, 110, 111, 112 y 113.
En cuanto al temario a debatir, la Constitución santafesina establece que en los casos de reforma parcial “la convención no puede pronunciarse sino sobre los artículos o la materia designados por la ley” y remarca que “no está obligada a modificar o suprimir las disposiciones de la Constitución si considera que no existe la necesidad de la reforma declarada por la ley”.
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Sin embargo, la Carta Magna expresa taxativamente que si alguno de los puntos habilitados no es debatido, se caerá la convención por completo. “Si vencido el plazo legal de duración la convención no se hubiera expedido sobre todos los puntos susceptibles de reforma, se entenderá que ésta no se ha producido en parte alguna”, señala el texto constitucional.
En contacto con AIRE, el abogado constitucionalista Mariano Bär explicó que esa medida es “para que no te metan una reforma solo por querer una o dos cosas puntuales”.
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