El gobierno nacional negocia con los bloques dialoguistas el presupuesto 2025. No hay criterios unificados y podrían surgir más de un dictamen.
El presupuesto 2025, la próxima batalla que librará Javier Milei en el Congreso de la Nación.
El gobierno de Javier Milei y delegados de la oposición en el Congreso de la Nación comenzaron las negociaciones por el presupuesto 2025. No será una negociación sencilla: buena parte de los opositores insistirán con la actualización de las partidas destinadas a jubilaciones y universidades públicas, al tiempo que ejercerán una fuerte presión para que se mejoren las transferencias a las provincias, congeladas durante este año.
Pese al veto que impuso el presidente a las leyes sobre jubilaciones y universidades, los opositores buscarán la revancha en la discusión sobre el presupuesto para el año próximo.
No hay una estrategia unificada entre los bloques de la oposición: mientras el PRO y el sector acuerdista de la UCR buscan un texto consensuado con el Gobierno –emulando la estrategia plasmada en la Ley Bases–, el bloque que lidera Miguel Pichetto ya anticipó que presentará un dictamen propio, aunque respetando la regla de oro que impuso el gobierno para la discusión: el déficit cero.
El presidente Milei insiste hasta el cansancio que no admitirá suba de gastos en el presupuesto, a menos que esta cuente con su correspondiente fuente de financiamiento para no alterar el equilibrio fiscal. Los opositores aceptan esta premisa.
El desafío, entonces, será resolver cómo aumentar las partidas para aquellos sectores que prioriza la oposición –jubilados, universidades y provincias– sin aumentar el déficit: el radicalismo y el PRO esperan que el gobierno muestre cierta flexibilidad en la negociación, mientras que las huestes de Pichetto, descreídas, presentarán un dictamen con fuentes alternativas de financiamiento que, sugestivamente, el gobierno prefirió no tocar.
En efecto, en Encuentro Federal proponen modificar el esquema de exenciones fiscales vigentes, esto es, beneficios impositivos que reciben determinados sectores de la economía, entre ellos los regímenes de promoción de la economía del conocimiento –del que se benefician más de 500 empresas–, la de Tierra del Fuego y otros alivios impositivos que perciben empresas y actividades. En el presupuesto 2025 se detalla que todos estos beneficios acumulan 2,3 puntos del PIB.
Además, la tropa que encabeza Pichetto quiere retocar los presupuestos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Secretaría General y la Jefatura de Gabinete, que prácticamente se duplicaron para el año próximo. Son las cajas de Santiago Caputo, Karina Milei y Guillermo Francos, el tridente clave de Milei.
La discusión por las jubilaciones amenaza en convertirse en uno de los obstáculos más difíciles en las negociaciones. Milei pretende que los legisladores se limiten a ratificar el decreto por el cual estableció que los ingresos jubilatorios se actualicen por inflación.
Los opositores, en cambio, reclaman que el Gobierno reconozca una suba del 8,1% por la inflación de enero pasado –vetada por Milei– e irán a la carga contra el congelamiento de la partida destinada a pagar los bonos de 70 mil pesos, lo que presagia que los haberes continuarán licuándose por inflación como ha sido este año.
La UCR, por su parte, volverá con su propuesta de prestación proporcional –jubilaciones acordes a los años de aporte–, incorporada en la ley Bases en la Cámara de Diputados y eliminada luego por el Senado.
Otro foco de conflicto son los fondos para las universidades porque el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama el doble del presupuesto asignado, que es de 3,8 billones de pesos.
En la UCR preparan una propuesta con un monto intermedio, confiados en que el gobierno cederá, aunque los delegados del Ministerio de Economía plantearon que los docentes universitarios tuvieron un aumento mayor al del resto de los estatales y no habrá más plata.
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El otro gran debate son los fondos que reciben las provincias y el epicentro está puesto en la asistencia a las 13 cajas previsionales (entre ellas, la de Santa Fe), que en el artículo 59 se establecen en 254.421 millones de pesos.
Sin embargo, el gobierno supeditó el pago a que se realicen las auditorías correspondientes, un argumento del que se valió a lo largo de este año para no enviar un solo centavo a las provincias para saldar las deudas con las provincias.
Este tema se anticipa como el más difícil de saldar para Milei porque a la pelea se sumarían los diputados del PRO –aliados del gobierno– por presión de los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut).
De todas maneras, no está claro hasta qué punto Mauricio Macri y sus huestes parlamentarias pondrán el cuerpo por ambos mandatarios en la pelea: la semana pasada Milei autorizó el ingreso de dirigentes del PRO en áreas claves de la administración –entre ellas, la de Energía–, mientras que Jorge Macri, en virtud de un acuerdo sellado con el ministro Luis Caputo, tiene asegurados los fondos por 2,95% del PBI a transferir en concepto de coparticipación a partir de lo negociado en la Corte Suprema de Justicia.
