En modo Hood Robin, el presidente Javier Milei le quita recursos a las clases medias y bajas para “agrandarle el bolsillo a los ricos”.
Havier Milei, en modo Hood Robin: hacia abajo “no hay plata”, hacia arriba “la tuya está asegurada”.
Con los subsidios a los más ricos en Argentina, que se expresan en las exenciones vigentes del impuesto a los Bienes Personales, se podría pagar 24 veces el incremento del presupuesto para las universidades públicas que sancionó el Congreso de la Nación y luego vetó el presidente Javier Milei.
La mayoría de los datos que utilizaremos en esta nota pertenecen a la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación (OPC) y del mismísimo proyecto de presupuesto 2025 del gobierno nacional. Las opiniones no, pero nunca le harán decir a los datos lo que no dicen o representan.
Con esa tranquilidad arrancamos mencionando el número global que luego desglosaremos, para hacer lo que el Presidente, todos sus ministros –incluido Manuel Adorni, que trabaja de vocero, pero cobra como un ministro– y los 85 diputados que sostuvieron un veto que paraliza la universidad pública en todo el país reclaman: “dígannos de dónde sacamos la plata para las universidades”.
Si tomamos el pleno de los subsidios y beneficios que todos y todas (del gobierno es la decisión política, la plata es nuestra) le hacemos a las 50 empresas más grandes de la Argentina, tenemos que suman 27 billones de pesos, el equivalente al 3,4% del PBI anual.
Es así que unidades productivas tales como Mercado Libre, Toyota, Cervecería y Maltería Quilmes, Arcor, Techint, Pampa Energía, Farmacity, Bagó y otras, con utilidades en dólares que no conseguirían en ningún país serio del planeta –utilidades que reparten entre sus accionistas sin pagar impuestos por ello– necesitan ser subsidiadas por 47 millones de argentinos, la gran mayoría de los cuales gana menos de 600 mil pesos.
Hagamos la primera división, de esas que tanto le cuestan al presidente. El incremento del presupuesto universitario, por todo concepto y según cifras de la OPC, sumaba 738.595 millones de pesos, con un peso sobre el PBI el 0,14%.
Vale decir que, haciendo cuentas simples, el total de los beneficios a las empresas y empresarios más ricos de la Argentina paga mensualmente más de 24 veces el monto requerido para que el complejo universitario estatal y sus docentes y no docentes, puedan seguir subsistiendo a un recorte presupuestario y salarial que es una decisión política primero y de economía tributaria después.
Siempre los relatos del sufrimiento en tiempo presente con luz al fondo del túnel (incluido el religioso salvífico de penar en la tierra para gozar en otro plano o temporalidad) hablan de las decisiones humanas como fuerzas de la naturaleza, como energías sin control político posible, monstruos grandes que pisan fuerte. Pero la realidad es que nunca “el mercado” es una fuerza invisible e ingobernable, tampoco “que no haya plata” sino que vos o algunos no la tienen o les falta, y sencillamente porque se la dieron y les sobra a otros.
Las comparaciones y pasajes de recursos se harán bajo la premisa de que ni las exportaciones ni la recaudación tributaria global (cayó un 3,9% en términos reales) inyectarán recursos, congelando la película en las cifras de la foto actual. Las comparaciones pueden hacerse 1 a 1 o agrupando beneficios que sumados superan largamente la cantidad de pesos necesaria para evitar que las universidades cierren sus aulas, sean aranceladas para argentinos o extranjeros no residentes (violando el artículo 2 de la Ley de Educación Superior) o se habilite el traspaso y los costos correspondientes a las provincias.
Nota al cierre: La cantidad de extranjeros que estudian en el sistema universitario estatal de grado es del 4,5% (7% en la Universidad Nacional de Rosario y 5,7% en la Universidad Nacional del Litoral). Arancelando como se propone Mendoza (donde representan el 0,15%) es más una medida ideológica que costo-efectiva.
Tanto la exención de Bienes Personales para quienes poseen inmuebles rurales como la desgravación para las utilidades empresarias, son ampliamente superiores a los recursos negados por la coalición parlamentaria que sostiene al presidente.
Bajar las alícuotas de estos beneficios, sumando por ejemplo reducciones en el Régimen de Promoción minero o los subsidios a las empresas del conocimiento (¿alguien puede explicar razonablemente porqué Mercado Libre debe seguir siendo subsidiada con 100.000 millones de pesos al año?) es perfectamente posible y hasta socialmente justo.
Pero hace poco más de un mes, Milei sentó posición en la UIA y contesta la propuesta de esta nota. “Quitarles a unos para darles a otros no es una política económica, es un robo”, les dijo a los que recibieron una transferencia de capitales de 18,6 billones de pesos en los primeros siete meses de éste año, según cálculos de la consultora santafesina MATE. Pero dijo algo más y que explica el objetivo macro de la política económica de La Libertad Avanza: “Vinimos a achicar el Estado para agrandarles el bolsillo de ustedes”.
Por eso no hay plata para las universidades públicas y se les ofrece a sus docentes universitarios un aumento compulsivo del 6,8%, cuando la pérdida acumulada hasta el mes de agosto es del 23,7% descontada la inflación. Hoy esos salarios están entre los más bajos de la región en dólares (1.124 dólares contra 4.231 dólares de Brasil al tope de ése ranking).
Dicho sintéticamente, para que los CEOS y accionistas de Techint, Roemmers o Clarín repartan utilidades sin pagar impuestos, hay que desfinanciar a uno de los principales factores de la movilidad social ascendente, a una de las pocas herramientas de igualación social y que produce profesionales para todos los sectores económicos: la universidad pública.
En 1992, poco después de que el Muro de Berlín se desplomara sobre la Unión Soviética y las utopías de izquierda, Joan Manuel Serrat escribió nueve canciones y entre ellas fue “Disculpe el señor”; de allí sacamos el fragmento que subtitula y resume los límites de la responsabilidad social empresaria, de la ética de la concentración permanente y la distribución sólo si alguien (el Estado populista casi exclusivamente) lo disponen.
El capitalismo ha demostrado una gran eficacia para generar bienes y servicios, pero no para distribuirlos. Para esto se inventó el Estado moderno hace más de cuatro siglos, para compensar desigualdades de origen y desequilibrios de conciencia y poder. Eso fue durante varias décadas en el siglo pasado el Estado de Bienestar (el peronismo fue y pretende ser otra modalidad empeñada en armonizar capitalismo y democracia). Esto es lo que hoy goza de mala prensa y viene perdiendo la batalla por el sentido común dominante.
Por eso a casi nadie se le ocurre que se podría sostener la oportunidad de que un hijo de trabajadores pobres o de clase media accedan a un nivel de formación superior, por ejemplo quitándoles el privilegio a los jueces de no tributar ganancias (767.000 millones de pesos), bajar o quitar las exenciones para la producción de biocombustibles (634.000 millones de pesos) a los cuales podría sumársele por ejemplo los 3.600 millones de pesos anuales que cuestan los salarios de asesores y trolls contratados para operar en redes. ¿Para qué? Pues para costear de sobra el módico incremento del presupuesto universitario.
Finalmente, presentamos no menos de seis alternativas para financiar lo que ya está vetado, pero puede ser modificado a la hora de pelear los números del presupuesto 2025. Porque no es cierto que no haya plata, tampoco que sobre, lo que hay es un proyecto y lo que sí sobra es ideología; una ideología que sostiene que cobrar impuestos a los ricos es un robo, que poner por abajo lo que sobra por arriba es inaceptable y que la educación superior es un derecho para los ricos y un lujo innecesario para pobres.
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