A pedido del fiscal general de la provincia de Santa Fe, Jorge Baclini, el fiscal regional de Rafaela, Diego Vigo, dejó sin efecto el artículo 1° de la Resolución 15/2021 en la que ordenaba a los fiscales de su regional no solicitar colaboración de ningún tipo al Organismo de Investigación, a cargo del exministro de Seguridad de Omar Perotti, Marcelo Sain.
El fiscal regional de Rafaela, Diego Vigo, dejó sin efecto el artículo 1° de la Resolución que ordenaba a sus fiscales a cargo no solicitar ningún tipo de colaboración al Organismo de Investigación del MPA, al mando del exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain. El titular del MPA, Jorge Baclini informó lo resuelto al secretario de Justicia, Gabriel Somaglia.
El fiscal Vigo firmó el pasado 6 de abril una Resolución mediante la cual instruía a los fiscales de esa regional a dejar sin efecto las colaboraciones requeridas al personal del Organismo de Investigaciones del MPA cualquiera sea la región a la que pertenezcan. El titular del MPA de Rafaela había dispuesto, además, la inmediata devolución de los legajos de investigaciones, documentos y objetos y todo otro elemento que se encuentre bajo custodia del OI. Para tal fin, deberán coordinarse los equipos de trabajo de cada fiscal y la secretaría de gestión de cada Unidad Fiscal.
En la misma Resolución Vigo también había dispuesto que el Organismo de Investigación finalice las diligencias que se encuentren pendientes y no puedan suspenderse sin grave riesgo para el éxito de la investigación, de lo que deberá darse noticia inmediata al fiscal regional.
La decisión del fiscal regional de Rafaela generó serios cuestionamientos en el ámbito político y judicial de la provincia. Incluso, el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, remitió una nota al fiscal general, Jorge Baclini en la que le solicitaba dejar sin efecto la resolución del fiscal Vigo. En la misiva, el funcionario de la cartera de Justicia advertía que el accionar del fiscal rafaelino podría constituir un delito penal y anunciaba que se giraría una nota a la comisión de Acuerdos de la Legislatura.
La decisión del fiscal regional de Rafaela fue informada al secretario de Justicia de la provincia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, por el propio titular del MPA, Jorge Baclini. Fue en respuesta a una nota enviada por el integrante del gabinete del gobernador Perotti el jefe de los fiscales provinciales.
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En la nota, Baclini calificó de “sumamente saludable” y de “positivo” el interés que demostró Somaglia en el funcionamiento del Organismo de Investigación y rescató la intención “de mantener las relaciones institucionales entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial”.
Además, reconoció como conveniente dejar sin efecto lo que se dispuso porque “condicionaría el funcionamiento institucional”. En ese sentido, Baclini informó que el 8 de abril se remitió una nota al fiscal regional para que “reconsidere” la instrucción dada a los fiscales de la regional 5°.
En tal sentido, el fiscal regional modificó la resolución 15/2021 mediante la Resolución 17/2021.
Más allá de encabezar el pedido al fiscal Vigo para que reconsidere lo resuelto, Baclini esgrimió una leve defensa del fiscal regional. “Según se avizora, el fiscal regional evaluó la conveniencia de tal instrucción general sobre la base de una situación puntual que detalladamente describe e indica como provisoria, en tanto está sujeta a decisiones ulteriores de otros órganos”.
Asimismo, el titular del MPA recordó las facultades y atribuciones que tiene un fiscal regional. Al respecto, detalló que dentro de las facultades con las que cuenta un fiscal regional “se encuentra la de dirigir, controlar y supervisar las tareas de los órganos fiscales, órganos de apoyo a la gestión y auxiliares que de ellos dependan a efectos de un mejor desenvolvimiento”.
"Corresponde señalar que el MPA se rige por principio jerárquico y de unidad de actuación, resultando que el fiscal regional se encuentra habilitado a dictar instrucciones generales y particulares, contando los fiscales con autonomía técnica para decidir en las audiencias y en aquellas situaciones en las cuales no exista instrucción general", agregó Baclini en la nota a Somaglia.
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De todos modos, Baclini no dejó pasar por alto el hecho de que Somaglia, como titular de la cartera de Justicia del Poder Ejecutivo, intervenga en un asunto interno del Poder Judicial. “Necesariamente debe preservarse la institucionalidad y con ello la no afectación de la independencia y autonomía del MPA. Máxime cuando alguna de sus pretensiones pudieron impulsarse en forma autónoma y directa.
El fiscal regional de Rafaela, Diego Vigo explicó, en su Resolución 17/2021 que con posterioridad al dictado de la Resolución en cuestión, el día 9 de abril recibió una comunicación escrita fechada el día anterior de parte del fiscal general del MPA, Jorge Baclini en la que se solicitó que sea reconsiderada basándose en razones de oportunidad y conveniencia “por entender correspondiente adecuar dicha decisión a patrones de actuación que no limiten el éxito de las investigaciones en curso”.
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De todos modos, Vigo señaló que el Organismo de Investigación fue creado como una opción más, y no exclusiva, de apoyo a las investigaciones del MPA.
Según Vigo, Baclini invoca razones asociadas a la satisfacción de los objetivos de persecución penal del MPA para que se adecue la Resolución a patrones de actuación “que no limiten el éxito de las investigaciones en curso”.
Si bien el fiscal regional de Rafaela sostuvo que “las convicciones invocadas por el fiscal general se comparten”, en los considerandos de la Resolución 17/2021 advirtió que “las posibles consecuencias negativas que conllevaría la decisión de prescindir de la intervención del Organismo de Investigación fueron amortiguadas desde el momento que se dejó expresamente prevista la posibilidad de que los fiscales mantengan la actuación requerida al organismo en tanto y en cuanto de ello dependa el éxito de las diligencias pendientes”.
De todos modos, Vigo reconoció que “parece oportuno mantener dicha colaboración” del Organismo de Investigación, sobre todo debido a “la carencia estructural de recursos humanos y materiales suficientes para el funcionamiento íntegro de la fiscalía regional”.
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