El conflicto originado dentro del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe a raíz de la vuelta al organismo del exministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain –sobre quien pesa el análisis de un juicio político en la Cámara de Diputados- continúa con su escalada y ahora es el Poder Ejecutivo quien intervino.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
El conflicto originado dentro del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe a raíz de la vuelta al organismo del exministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain –sobre quien pesa el análisis de un juicio político en la Cámara de Diputados- continúa con su escalada y ahora es el Poder Ejecutivo quien intervino.
Este viernes, el secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia presentó una nota ante el titular del MPA, Jorge Baclini, en la que solicitó que se deje sin efecto una resolución del fiscal regional de Rafaela, Diego Vigo. El fiscal de Rafaela había ordenado a sus empleados no colaborar con ningún requerimiento del Organismo de Investigación, al mando, justamente, de Marcelo Sain. Además, Vigo había reclamado que se devuelvan todos los expedientes y documentos que estén bajo la custodia del OI.
En ese sentido, el secretario de Justicia sostuvo en la nota enviada a Baclini que “más allá del quiebre institucional que pudiera provocar el decisorio que aquí se critica, el Ministerio Público de la Acusación debe velar por la convivencia de un Estado de derecho que privilegie la vigencia del principio de legalidad por sobre el de oportunidad”.
En la misiva, Somaglia le pidió al jefe de los fiscales que deje sin efecto la Resolución Nro. 15/2021, despachada por Diego Vigo, en su carácter de Fiscal Regional de la 5ta Circunscripción (Rafaela) del Ministerio Público de la Acusación de la provincia.
Además, y debido a “la manifiesta extralimitación legal” del funcionario para el dictado de la referida resolución, el secretario de Justicia solicitó que se gire una nota a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura, donde se deberá analizar el accionar de Vigo.
Asimismo, el funcionario reclamó que se evalúe la pertinencia de remitir la causa a un fiscal correspondiente con el objetivo de analizar si el comportamiento desplegado por el Fiscal Vigo podría configurar la comisión de algún ilícito penal “atento la palmaria extralimitación funcional materializada con el dictado de la instrucción general Nro. 15/2021”.
En la nota presentada ante Baclini, Somaglia destacó que su intención es lograr el encauce institucional de los fiscales regionales y el fiscal general y advirtió que la resolución tomada por la Fiscalía con sede en Rafaela pone en riesgo el fin del MPA de investigar y ser auxiliar de las investigaciones.
“En el rol de mantener las relaciones institucionales entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, con el propósito de sostener las vinculaciones entre ambos poderes, me veo en la obligación en poner en su conocimiento la situación de severa gravedad institucional que se ha suscitado para la prestación del Servicio de Justicia en general, y especialmente, para el sistema de investigación y persecución de delitos en la Provincia”, lamentó el funcionario provincial en la nota.
Para Somaglia, el Fiscal Regional Nro. 5 dispuso de facto el quite de colaboraciones con el OI “sin sustento legal alguno” y destacó la trascendencia que el dicho organismo reviste en el sistema de justicia penal.
El secretario de Justicia expresó su preocupación en términos institucionales ya que “la instrucción general del Fiscal Regional Nro. 5 anuló indebidamente la competencia que el Organismo de Investigaciones tiene en el abordaje de sucesos delictuales que comprometen gravemente los intereses generales de la sociedad” y ratificó que el fiscal Vigo “carece de toda competencia para instruir en forma genérica el cese de intervención del Organismo de Investigaciones”, ya que tal decisión no se encuentra comprendida dentro de las atribuciones previstas.
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“El temperamento adoptado por el fiscal regional lesiona gravemente el principio de independencia y autonomía funcional de los fiscales, siendo ellos, quienes tienen a su exclusivo cargo el ejercicio de la acción penal, la dirección de las investigaciones, y la potestad de requerir en cada caso, bajo su dirección y supervisión, la colaboración del Organismo de Investigaciones”, destacó Somaglia.
Además, el funcionario del Ejecutivo enfatizó que la decisión adoptada por el fiscal regional de Rafaela “vulnera arbitrariamente los derechos laborales y roles funcionales que tienen las autoridades y agentes que cumplen funciones en el ámbito del Organismo de Investigaciones de la Fiscalía Regional Nro. 5”.
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