Los fiscales a cargo de la investigación de la causa de juego clandestino pedirán la inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal Penal de Santa Fe, que trata sobre los fueros que protegen a los legisladores santafesinos. Si un juez falla a favor podrán citar a una audiencia imputativa al senador Armando Traferri, a quien el Senado rechazó este viernes aprobar el desafuero pedido por los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.
La Cámara de Senadores de Santa Fe rechazó este viernes el pedido de desafuero del senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri.Aire Digital
“Nosotros vamos a seguir con esta investigación a pesar de que el Senado impidió que Traferri pueda ser sometido como cualquier ciudadano a una audiencia imputativa. Vamos a pedir la inconstitucionalidad del artículo 27 del código procesal penal”, adelantó a Aire de Santa Fe Edery.
Ese artículo que regula el desafuero en Santa Fe ni siquiera autoriza a la justicia a formular una acusación a diferencia de lo que ocurre en el Congreso de la Nación, donde el límite en una investigación contra un legislador es la detención, pero puede ser procesado.
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“En la investigación preparatoria que brinde sustento probatorio a la decisión, no se aplicarán las disposiciones que impliquen una sujeción al proceso, o el ejercicio del poder coercitivo respecto del afectado, pero podrán recibírsele a éste las explicaciones y pruebas que quiera proporcionar. A tal efecto podrá llamárselo a prestar declaración, pero, si no concurre, no podrá forzárselo. Removido que fuera el obstáculo constitucional, se formalizará la audiencia imputativa, cesando las restricciones al procedimiento común”, señala el artículo 27 del Código Procesal Penal de Santa Fe.
Los únicos caminos que tiene la justicia para que Traferri pueda ser sometido a una audiencia imputativa son el desafuero, que ya fue rechazado el viernes, o que se declare la inconstitucionalidad del artículo del código que establece esas condiciones extremas para que un legislador sea sometido a una proceso judicial.
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La defensa corporativa del Senado para con Traferri le cerró la puerta de forma momentánea en esta investigación judicial que comenzó en enero a partir de un crimen en el casino de Rosario y derivó en una investigación de los principales eslabones del juego clandestino en el sur de Santa Fe.
Los fiscales identificaron a partir de una serie de pruebas e indicios que Traferri formaba parte de una asociación ilícita en carácter de organizador junto a Leonardo Peiti, el empresario, que se presentó como arrepentido para evitar ir preso y reveló que pagaba coimas a los fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad.
La revelación de Peiti llevó a la detención de los funcionarios del Ministerio Público. Luego Ponce Asahad reconoció que cobraba sobornos de parte de Peiti y acusó a Traferri de ser uno de los intermediarios en toda esta trama oscura entre la justicia y el juego clandestino. Las escuchas que revelaron los fiscales frente a los senadores, cuando fueron a pedir el desafuero de Traferri, eran determinantes, según ellos, para establecer el rol del senador de San Lorenzo, que tenía una relación con este empresario desde por lo menos 2017.
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Los fiscales determinaron los encuentros y la relación de Peiti con Traferri. No era un vínculo de amistad, sino que había un negocio que los unía que era el juego clandestino, es el indicio de los investigadores. ¿Por qué el jefe del bloque de senadores del PJ tenía una relación tan estrecha con el rey del juego clandestino en Santa Fe? Es la pregunta que se hacen los fiscales.
Ese esquema quedó en claro en la audiencia que se realizó el mismo viernes en el Centro de Justicia Penal de Rosario, donde Edery y Schiappa Pietra reimputaron a Peiti como uno de los tres organizadores de la asociación ilícita que regenteaba el juego clandestino. Los otros dos son el ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, quien se encuentra imputado y detenido y Traferri.
Según los fiscales Peiti “era el encargado de seleccionar el personal a su cargo, ordenar la organización del negocio, proveer el software con el que debían funcionar los dispositivos electrónicos existentes en las salas de juego, recolectar el dinero producido, invertirlo y ocultarlo de los registros financieros y tributarios legales y acordar con las autoridades políticas y judiciales la protección del negocio ilegal”.
El rol de Serjal “fue el organizador de la cobertura judicial y abusando de su cargo dio directivas a Ponce Asahad sobre las medidas tendientes a asegurar impunidad de Peiti en causas vinculadas al juego ilegal”.
Y la funcionó de Traferri en la asociación ilícita era la de “asegurar a Peiti la continuación de la organización, la cobertura judicial para su funcionamiento y otros favores ilícitos mientras él tenía por misión la organización de recursos económicos, materiales y humanos para montar la empresa ilícita destinada a la organización de juego clandestino”.
“Gracias a la entrega de dádivas a funcionarios públicos, Peiti tuvo acceso a información reservada sobre posibles allanamientos que se llevarían a cabo en su contra en diciembre de 2018”, apuntaron.
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