La Ley Bases se aprobó, con los cambios del Senado, por con 147 votos a favor, 107 en contra y 2 abstenciones. Luego votaron en particular los distintos artículos del paquete fiscal, que implica cambios de fondo sobre el sistema impositivo y el régimen de jubilaciones.
La restitución del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría se aprobó con 136 votos positivos, 116 negativos y 3 abstenciones. Este capítulo obliga a volver a gravar los ingresos salariales superiores a los 1.800.000 pesos.
En tanto, la rebaja del impuesto a los Bienes Personales, que reduce las alícuotas de este tributo, tuvo 134 votos afirmativos, 118 negativos y 3 abstenciones.
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El resto del paquete fiscal también quedó aprobado. Comprende, entre otros puntos, un blanqueo de capitales, una reforma del monotributo y una moratoria impositiva. Ese capítulo fue convalidada con 144 votos positivos, 108 negativos y 3 abstenciones.
Además, la Ley Bases propicia la privatización de entes y empresas públicas, al mismo tiempo que pone en marcha el llamado Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), uno de los puntos más debatidos del proyecto oficial.
El Congreso le marcó la cancha a Milei, pero le delega facultades
La versión final de la Ley Bases incorpora los cambios introducidos por el Senado de la Nación en la sesión del pasado 12 de junio, ocasión en que la votación terminó empatada en 36 y fue definida por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Los cambios se “negociaron” a lo largo de tres semanas, antes de la votación del Senado, y en los últimos 15 días, después de algunos intentos del gobierno de insistir con el texto original, finalmente la Casa Rosada cedió al pedido de sus aliados y aceptó las modificaciones que había introducido la Cámara alta.
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Para conseguir sus primeras leyes, el gobierno de Milei debió acordar con los bloques de la llamada “oposición dialoguista”. De esta manera, quedó firme la versión de la Ley Bases modificada por el Senado, aunque el gobierno se aseguró contar a partir de ahora con amplias facultades delegadas para poder hacer reformas en cuatro áreas clave: administrativa, económica, financiera y energética.
Impuesto a las Ganancias y monotributo
Con la Ley Bases, se restablece la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, que había sido eliminada en 2023. El nuevo mínimo no imponible será de $1.800.00 brutos para solteros y $2.340.000 para personas casadas con dos hijos.
La alícuota mínima es del 5% sobre la ganancia neta y se incrementa hasta el 35% según el nivel de ingresos.
A partir de ahora, el nuevo máximo de facturación anual para los monotributistas será de $68 millones y además habrá nuevas alícuotas.
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Se elimina el monotributo social, que permitía a los sectores de menores ingresos pagar un costo mínimo de $3.200. De ratificarse su eliminación, deberán pagar más de $26.000.
El límite de los alquileres para las categorías más bajas subirá de $87.500 a $125.000 mensuales. Las categorías del monotributo se establecerán entre $6.450.000 y $68 millones en relación con la facturación anual, mientras que el importe a pagar por alquileres y servicios oscilará entre $26.600 y $867.084,75.
No habrá límites para las categorías más altas según la actividad del contribuyente, permitiendo que los alquileres se inscriban en categorías I, J o K. Además, se eliminarán los tratamientos diferenciales y las exenciones impositivas para cooperativas de trabajo y pequeños contribuyentes.
Sigue la moratoria previsional
Al contrario de lo que pretendía Milei, no se derogará la moratoria previsional, sino que seguirá vigente la ley que establece un plan de pagos para aquellos trabajadores y trabajadoras que hayan cumplido 65 y 60 años –respectivamente– y no hayan reunido los 30 años de aportes que establece la ley.
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La versión final aprobada por el Congreso establece que habrá un plan regularización de deuda de aportes previsionales para las personas que tienen aportes hasta diciembre de 2008, mientras que las mujeres pueden sumar entre uno y tres años de aportes por hijo.
Privatizaciones
En el paquete de empresas sujetas a privatización, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA) fueron quitadas del texto final de la Ley Bases ya que la mayoría de los espacios políticos consideran que se trata de empresas estratégicas.
El proyecto original tenía un total de 41 empresas estatales sujetas a ser privatizadas, ya sea de manera total o parcial. En la versión final, la lista se redujo y quedaron las siguientes:
Empresas a privatizar:
Empresas a concesionar:
- Aysa
- Belgrano Cargas
- Corredores Viales
- Sociedad Operadora Ferroviaria
Empresas que podrán incorporar capitales privados, pero con acciones mayoritarias del Estado:
- Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima
- Yacimientos Carboníferos Río Turbio