Ley de financiamiento: qué define la Corte Suprema y por qué es clave para las universidades
La aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario permanece suspendida mientras la Corte Suprema define el futuro del conflicto.
La tensión entre las universidades y el Gobierno nacional volvió a escalar en las horas previas a la marcha federal de este martes.
La multitud todavía ocupaba la explanada del Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral cuando Laura Tarabella tomó el micrófono y dirigió el principal mensaje de la jornada. Ya no era solamente un reclamo contra el Gobierno nacional ni una nueva postal de las marchas universitarias que se repiten desde 2024. El destinatario había cambiado: ahora la presión también apunta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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“ Le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que nos acompañe y escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario ”, expresó la rectora de la UNL durante la cuarta Marcha Federal Universitaria realizada este martes en Santa Fe.
La definición no fue casual. La discusión por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario ingresó en una etapa decisiva y, por primera vez desde que comenzó el conflicto entre las universidades y la Casa Rosada, el desenlace está en manos de lo que resuelvan los ministros del máximo tribunal.
Una ley atravesada por vetos e instancias judiciales
La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada originalmente en 2024, aunque ese mismo año el Gobierno nacional logró vetarla. Sin embargo, el conflicto no terminó allí. En 2025, el Congreso volvió a aprobar la norma y el Poder Ejecutivo insistió nuevamente con el veto. Esta vez, el oficialismo no consiguió reunir el tercio necesario en alguna de las cámaras para blindar definitivamente esa decisión, lo que dejó vigente el avance parlamentario.
En paralelo, durante la formalización del Presupuesto 2026, el Gobierno limitó la aplicación de los artículos centrales de la ley universitaria. Frente a esa situación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó una medida cautelar para impedir que esas restricciones tuvieran efecto. Desde entonces, la disputa se trasladó a los tribunales.
Qué discute la Corte Suprema
El expediente que llegó a la Corte Suprema la semana pasada contiene un Recurso Extraordinario Federal (REF) impulsado por el Gobierno nacional. Allí, el Ejecutivo argumenta que la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley 27.795 provocaría un “grave e irreparable perjuicio al Estado ” al ordenar gastos sin financiamiento específico.
"Queremos instituciones con altas tasas de egreso, con rendimientos eficaces de sus cuentas, auditados periódicamente y que utilicen las posibilidades que habilita el gobierno para tener un financiamiento más eficiente", argumentó al respecto Alejandro Álvarez, Subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación.
Pero mientras ese expediente avanza hacia el máximo tribunal, existe otro frente judicial abierto. En paralelo, la Cámara Contencioso Administrativa Federal analiza un incidente de ejecución de sentencia promovido por el CIN.
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El planteo de las universidades apunta a que el Gobierno nacional quede obligado a comenzar las transferencias presupuestarias aun antes de un fallo definitivo de la Corte Suprema. Los rectores sostienen que la sentencia de segunda instancia —favorable para las casas de estudio— permite avanzar con la ejecución pese al Recurso Extraordinario Federal presentado por el Poder Ejecutivo, algo contemplado en el artículo 258 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
De igual manera, la discusión hoy quedó en la mesa de la Corte Suprema. Hasta tanto el Superior Tribunal no tome una decisión, la normativa sancionada hace algunos meses seguirá suspendida y por tanto el Ejecutivo no se verá comprometido a enviar las partidas presupuestarias previstas a las universidades.
El expediente ya quedó “en condiciones de resolver”
En las últimas horas, la Corte Suprema avanzó un paso más en el expediente al disponer el llamado “llamamiento de autos para sentencia”, una figura judicial que implica que el expediente ya fue requerido para resolver. En términos prácticos, eso significa que la causa quedó formalmente en condiciones de recibir una definición y que el máximo tribunal puede expedirse en cualquier momento.
La expectativa atraviesa tanto al Gobierno nacional como a las universidades públicas, que consideran esta instancia como decisiva para el futuro del financiamiento universitario.
Dentro del Gobierno nacional trascendió que existe la interpretación de que la Corte Suprema podría evitar pronunciarse sobre el fondo del conflicto y rechazar directamente el caso mediante el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, una herramienta que le permite desestimar recursos extraordinarios sin necesidad de fundamentar la decisión. De ocurrir eso, quedaría firme el fallo de segunda instancia favorable a las casas de estudio.
El ajuste que profundizó el conflicto entre el Ejecutivo y las universidades
La tensión entre las universidades y el Gobierno nacional volvió a escalar en las horas previas a la marcha federal de este martes.
A través de la Decisión Administrativa 20/2026, el Ejecutivo formalizó un recorte de $78.768 millones que impacta sobre el Plan Nacional de Alfabetización, becas estudiantiles e infraestructura universitaria.
Según cifras elaboradas por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el ajuste general alcanzó los $2,43 billones en distintas áreas del Estado.
En el caso puntual de Santa Fe, información a la que accedió AIRE indica que el recorte implica una reducción de aproximadamente 500 millones de pesos en aportes destinados a obras universitarias. Parte de esos fondos estaban vinculados a trabajos que la Universidad Nacional del Litoral desarrolla en la zona de la Costanera Este de la capital provincial.