En el caso también fue acusado un hombre que estuvo prófugo durante una década. Escapó antes de escuchar el veredicto en su contra.
La causa investigó el crimen del juez de menores Héctor Agustín Aráoz, asesinado de diez disparos en su domicilio de Yerba Buena, Tucumán, el 26 de noviembre de 2004. El autor de esos disparos fue un policía llamado Alejandro Darío Pérez, que estuvo prófugo, con pedido de captura internacional.
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En la causa, la hipótesis de la investigación apuntó a un supuesto vinculo sentimental entre el juez y la mujer policía que, en medio de una discusión, habría sido asesinado por Pérez. La mujer fue detenida y en 2011 la condenaron a 13 años de prisión como partícipe primaria del delito de homicidio simple.
Tras una apelación, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán modificó la calificación a homicidio calificado por ensañamiento, como partícipe, y se ordenó dictar una nueva pena. En 2015, la Cámara Penal de la Provincia le aplicó la prisión perpetua, revocó la prisión domiciliaria y ordenó que se constara su embarazo y se le diera la atención necesaria.
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La defensa apeló esa decisión, que dio lugar a la queja que llegó a la Corte Suprema de la Nación. Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron la presentación por inadmisible.
En 2025, después de casi una década de estar prófugo, la Justicia tucumana detuvo a Alejandro Darío Pérez, de 53 años, condenado en 2015 como coautor del asesinato del juez de Menores Héctor Agustín Aráoz. Pérez nunca llegó a oír la sentencia: logró fugarse antes y desapareció durante diez años hasta que en 2024 el Ministerio Público activó la orden de recaptura y fue atrapado en 2025 en la localidad de Lules.
El fallo de la Corte Suprema
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