Luego del acuerdo entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, se retomó el trabajo en la Cámara de Diputados de la Nación para la modificación de la actual Ley de Alquileres. Uno de los puntos acordados fue conformar la comisión de Legislación General para tratar el tema. En el primer encuentro se establecieron cinco reuniones, tres para escuchar a especialistas y dos (el 26 y 27 de abril) para emitir dictamen. Una vez que esto ocurra se podrá debatir en el recinto en la sesión correspondiente.
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La elección de las autoridades de la comisión quedó determinada con Cecilia Moreau (FdT) a cargo de la misma, siendo secundada por Carla Carrizo, de Evolución Radical y Brenda Austin, de la UCR. En los primeros trascendidos, quedaría de lado la idea del proyecto presentado por José Luis Gioja, para la creación del impuesto a la vivienda ociosa.
La presidenta de la comisión llamó a los distintos bloques a elaborar un listado de posibles expositores referentes del sector como inquilinos, propietarios e inmobiliarias. Para este primer paso, la reunión se realizará el 12 de abril de manera virtual. Las dos fechas restantes para escuchar a los especialistas serán el 19 y 20 de abril. Finalmente los diputados se volverán a juntar para debatir los proyectos y emitir dictamen el 26 y 27.
Que quieren modificar los inquilinos
En la antesala del debate parlamentario en el Congreso Nacional por la reforma de la nueva ley de alquileres, los inquilinos adelantaron que van a plantear la necesidad de modificar el índice de actualización de los precios de los alquileres y que haya un control más estricto por parte del Estado.
Desde la Federación Nacional de Inquilinos filial Santa Fe sostienen que una salida efectiva para proteger a los locatarios es imponer un techo al porcentaje de indexación que esté vinculado con el incremento de los salarios y no con la inflación. Por otro lado, advierten que los cambios que se proponen provocarán más aumentos en los alquileres, dificultades a la hora de pagar y un mayor número de inquilinos en la calle. La Federación plantea profundizar la regulación del mercado inmobiliario, la presencia del Estado y la ampliación de derechos para los inquilinos.
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Las cuestiones más objetadas de la ley de alquileres pasan por los plazos de los contratos que se extendieron a un mínimo de tres años. También tuvo diferentes cuestionamientos el índice de actualización de los contratos, basado en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio.
"La preocupación nuestra es si realmente se va a tratar una solución al problema inflacionario, entendemos que el porcentaje de aumento que fija el índice de la nueva ley es perjudicial porque la inflación es alta", sostuvo Pedro Peralta, representante de la Federación de Inquilinos Nacional en Santa Fe.